Los bomberos, la PNC y muchas otras instituciones tienen sus números telefónicos para atender contingencias. Sin embargo, marcar a un número para requerir una ambulancia puede ser una experiencia frustrante. En principio, el personal que atiende las llamadas se enfrenta a miles de llamadas falsas, es decir que personas marcan por diversión, por observar los vehículos de emergencia o simplemente se duplican los pedidos de ayuda con más de una institución. En segundo lugar, los servicios de emergencia se han establecido en la mayoría de los casos por demanda local, por organización de vecinos o por iniciativa de las municipalidades, de manera que hay decenas de municipios sin servicios de urgencia apropiados, y otros municipios enfrentan las precariedades del entrenamiento insuficiente, equipos obsoletos y comunicaciones precarias.
Adicionalmente, no perdamos de vista que los incidentes suelen ser complejos y pueden requerir de la concurrencia de más de una institución. De manera que en la actualidad la coordinación es un asunto incierto y carente de protocolos porque solo algunas entidades tienen el personal calificado y los recursos de comunicación apropiados. Para terminar de complicar la situación, ante la ausencia de un Estado que regule y ponga orden, han proliferado los servicios de atención de urgencias privados, algunos de los cuales son eficientes, pero con diversas limitaciones de cobertura y acceso solo para quienes pueden pagar por un servicio que debería ser de acceso general.
La solución suele plantearse de forma simplista: debe centralizarse el despacho de servicios de emergencia desde un edificio con la tecnología apropiada y una o más normas que determinen las coordinaciones del caso. Esto puede costar algunos millones de quetzales, pero es insuficiente porque aunque se construya un edificio, se equipe con la mejor tecnología y se contrate buen personal, las ambulancias, con pocas excepciones, son en algunos casos taxis con camilla, sin el personal calificado o el equipo necesario. Y esto lo digo con el pesar de que hay personas que donan su trabajo voluntario y muchas otras que trabajan asalariadamente pero con grandes limitaciones. Es decir que, personas entregadas hay, lo que no hay es un Estado que asuma su rol de regulador y que facilite que las instituciones accedan a recursos y se profesionalicen.
La asignación de fondos en el Congreso a cuerpos de bomberos, la PNC, el MP, y otras instituciones no tiene un orientador central que, debería ser una atención integral, oportuna, suficiente y coordinada de servicios de emergencia. Y parece que nadie se ocupa del asunto a pesar de que hay experiencias cercanas en la República Dominicana o Costa Rica que bien pueden ser referentes de desarrollo institucional.
Lo que estamos presenciando es la ineficacia de la ideología neoliberal aplicada a servicios que deben ser públicos, accesibles, eficientes, financiados de forma apropiada. Hay ambulancias privadas, pero ni siquiera pagando usted puede acceder a un buen servicio fuera del perímetro de la Ciudad Capital ¿Qué va a hacer si necesita una ambulancia en carretera? Y una cosa lleva a otra, porque las emergencias de los hospitales siguen luciendo como zonas de guerra.
Es indispensable una reforma general de eso que llamamos servicios de urgencia, para asignar fondos a instituciones en atención a programas de desarrollo de capacidades, exigir homologación de entrenamientos, contratos, remuneraciones, equipos y por supuesto crear un sistema de coordinación para que todas las llamadas de emergencia se centralicen, se graben, y se atiendan conforme a protocolos y procedimientos.
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