Ese pacto, que funciona sin ningún contrato obviamente, está más allá de una determinada figura presidencial. Comenzó en la presidencia anterior, con Jimmy Morales, está vigente en la actualidad, con la administración de Alejandro Giammattei, y todo indica que podrá seguir estando con el próximo mandatario/a, dado que es una estructura que se ha ido enraizando en los mecanismos más íntimos del aparato de Estado. Constituye una red sin una cabeza visible, que tiene como único cometido «hacer dinero». Para ello puede apelar a todo tipo de maniobras en los marcos de la legalidad, forzando situaciones, manipulando, mintiendo.
El grado de soberbia con que se mueve es muy alto y provocativo, a tal punto que sectores tan defensores de los «business» capitalistas como los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea han fustigado su accionar. Ese contubernio deja ver en sus miembros una voracidad desmedida en su afán de enriquecimiento, saltándose todas las formas para lograr su cometido.
Con los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra interna de 36 años, no cambió nada en las causas profundas del país que habían dado inicio a ese enfrentamiento armado: la explotación de las grandes mayorías siguió igual, con similar exclusión histórica de siempre, con racismo y patriarcado. De todos modos, en aquel momento se abrieron tímidas esperanzas de algún cambio, creyéndose que podían sentarse las bases de algo nuevo. Aunque hubo algunas leves modificaciones en la dinámica político-social, cosméticas, el grado de involución y de retorno de una derecha troglodita cada vez más enseñoreada fue gradual y continua.
En la actualidad, con gobiernos que en forma creciente trabajan sin ocultarlo para los sectores históricamente dominantes que vienen desde la colonia y para los recientes grupos de «nuevos ricos» surgidos luego de la guerra (ligados a negocios no muy santos: narcoactividad, crimen organizado, corruptos contratistas de Estado), el panorama político se muestra sombrío. La modernización que se esperaba luego de la Firma de la Paz fue quedando gradualmente perdida en la historia. Los sectores de derecha, con desparpajo y total impunidad, cada vez ocupan más espacios en el espectro político, y el campo popular se ve crecientemente acorralado. Las elecciones, cada cuatro años, no pasan de un ejercicio rutinario que no sirve para cambiar nada.
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El miedo y la despolitización que trajeron 36 años de guerra, con muertos, desaparecidos, torturados, aldeas campesinas arrasadas, violaciones sexuales, dejó marcas en la sociedad. La población continúa bastante paralizada, víctima aún de una despolitización que marcó los años de la post guerra. La «pedagogía del terror» implementada en su momento dejó secuelas.
Con este marco de conservadurismo creciente, ese Pacto de Corruptos avanzó golpeando los diversos espacios democráticos existentes. Sistema de justicia, Ministerio Público, Congreso, Corte de Constitucionalidad, Policía Nacional Civil, la SAT, la Usac, muchas municipalidades, son sus bastiones. Desde esos aparatos estatales la corrupción y la impunidad campean desafiantes.
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Como demostración de su poder, ahora la emprenden a modo de venganza contra quienes fueron actores importantes de la Cicig, o contra jueces incorruptibles. El Procurador de Derechos Humanos sigue estando en su mira, así como cualquier atisbo de defensa del estado de derecho. Las leyes retrógradas y antipopulares que emanan del Congreso establecen el marco general para la impunidad.
Las movilizaciones del año 2015, representando un tímido despertar de la ciudadanía, no pudieron seguir avanzando. Ello evidencia la complejidad del entramado social en Guatemala: hay miedo, despolitización, carencia de fuerzas progresistas reconocidas ampliamente por la población, diferencias urbano-rural (léase: racismo) que siguen marcando a fuego la dinámica social. Así, el Pacto de Corruptos sigue intocable haciendo sus negocios. ¿Hasta cuándo?
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