Siempre se ha dicho que Guatemala es un país rico en agua, pero siempre hay problemas con su disponibilidad, su uso equitativo y la falta de tratamiento. Las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son inalcanzables para Guatemala si no existe un cambio radical en la forma de ver, administrar, valorar y usar el agua.
En primer lugar, tenemos que educar, enseñar y convencer a nuestra gente de que el agua no es un bien de Dios, como se dice. Es cierto: allí está. Así se percibe. Se ve llover, se ve en los ríos, en los nacimientos, pero ello no implica que esté allí todo el tiempo, en todos los lugares y siempre para todos los usos.
En ese sentido, el segundo paso para lograr los ODS en Guatemala es que exista una ley de agua a como dé lugar. No podemos seguir con una administración del agua que nos obliga a aplicar la ley del más fuerte, del más vivo, del que tenga mayores recursos económicos para poder explotarla, distribuirla, embotellarla o turbinarla.
La ley tiene que ser muy general y debe partir o ser diseñada de abajo arriba. Es decir, debe permitir y fortalecer los acuerdos locales a nivel de microcuencas, luego a nivel de subcuencas y finalmente a nivel de cuencas. Por ejemplo, en la subcuenca del río San Jerónimo ya se pusieron de acuerdo en sus diferentes usos en agricultura, agua potable, piscicultura e hidroelectricidad, y esto evolucionó hasta crear un comité de cuenca, complementado con la creación de un reglamento sobre el uso de agua municipal que lleva incluido un pago por el servicio ambiental.
¿Por qué no se pueden tener 500 casos como el del río San Jerónimo? ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo sobre bienes y servicios de uso común? ¿Por qué no somos capaces de dialogar y llegar a consensos?
Tenemos que romper esos paradigmas, poner los pies en la tierra y afirmar una y mil veces que el agua es un bien común y que lo que yo haga como persona, como familia, como comunidad, como industria, como irrigante, como hidroeléctrica, como municipio y como cuenca afecta o me beneficia en un todo inquebrantable.
Con una normativa mínima de agua y consensos a nivel de subcuenca, los demás ODS para Guatemala serán más alcanzables y muchos caerán por su propio peso. Si soy consciente de que mi agua es de uso común, la trataré si sé que mi vecino lo está haciendo, por el bien de ambos. Si mi vecino la usa racionalmente, haré lo mismo. Si mi amigo el industrial está invirtiendo en el manejo de la cuenca, en la garantía de su materia prima, yo apoyaré en ese mismo manejo de la cuenca.
Finalmente, para el cumplimiento de los ODS son imprescindibles el liderazgo, la inversión y la acción del Estado de Guatemala. Las normativas actuales, obsoletas y dispersas, poseen diferentes lógicas de autorización y aplicación. No podemos seguir permitiendo que el acceso al agua para una hidroeléctrica lo autorice un ministerio mientras, en ese mismo territorio, el acceso para riego lo autoriza otro ministerio, que la utilización de agua potable afecte al alcalde y a su población local y que el monitoreo en contaminación y salud lo miren otros dos ministerios.
Entonces, ahora que estamos en tiempos de soñar y accionar por una Guatemala realmente de la eterna primavera, ¿por qué no creamos un super Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que busque realmente la integración de todos los recursos naturales? Consistiría en unir el INAB, el CONAP, la Ocret, el Insivumeh y el IGN, definitivamente desmantelar el Ministerio de Energía y Minas e integrarlos todos al de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Acaso los minerales y la energía no son recursos naturales?
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