El Ejecutivo, presidido por Alejandro Giammattei Falla, y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuya mayoría está integrada por personas que se relacionan con estructuras criminales, han designado las magistraturas que deben nombrar para la Corte de Constitucionalidad (CC). Con la designación de Leyla Lemus y de Roberto Molina Barreto como titulares, ambos organismos completan el cuarteto de la banda que inicialmente estuvo conformado en el Congreso de la República con Dina Ochoa (actual integrante de la CC), en tanto que de la elección del CANG resultó elegido en segunda vuelta Néster Vásquez Pimentel, integrante de la CSJ. En la aparente proporción de cuatro a uno a favor de la alianza criminal, la magistrada designada por el Consejo Superior Universitario (CSU), de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Gloria Porras, queda en solitario en defensa del Estado de derecho.
En teoría, los entes nominadores o designadores han cumplido con nombrar a las personas que ocuparán las magistraturas. Es un cumplimiento formal en cuanto a los tiempos. Pero es un cumplimiento que emana pestilencia no solo porque cuenta con el favor de los tres poderes y del CANG, sino por la trayectoria de quienes tienen esas designaciones. La actual magistrada Ochoa y su colega Molina Barreto han fallado en todas sus actuaciones en defensa del crimen y de la corrupción. En tanto, Vásquez Pimentel ha hecho lo propio desde la CSJ, además de que ha perseguido con denuncias espurias a personas defensoras de derechos humanos. El Ejecutivo no se queda atrás con el nombramiento de Lemus, con quien el gobernante Giammattei tiene vínculos relacionados con la impunidad desde que se libró del proceso por la masacre en Pavón cuando era director del Sistema Penitenciario, amén de las acusaciones de corrupción y de solicitud de antejuicio que obran sobre la actual secretaria general de la Presidencia.
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El pastel de la democracia de la impunidad habrá de lucir probablemente un fondant colorido y hasta brillante. Pero no nos engañemos. Al momento de partirlo será absolutamente incomible, ya que, compuesto de ingredientes podridos, reproducirá esa calidad en la democracia que intenta representar. Esta designación de magistraturas a la CC es el asalto final que el pacto de corruptos tenía pendiente. La completan los nombramientos de quienes estarán a su servicio, y no del Estado de derecho.
La democracia tutelada que arrancó en 1985 con la entrada en vigor de la actual Constitución Política de la República ha dado su último respiro. Las élites parásitas, cuya voracidad ha destruido los recursos naturales y las bases de la sociedad, han sostenido, financiado y apoyado el zarpazo final en aras de mantener sus vergonzantes privilegios.
Sin embargo, como dicen las abuelitas, no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo soporte. Y, aunque estas élites han controlado con mano férrea los destinos del país por dos siglos, tuvieron un susto en 1944. Eso debe ofrecer aliento para comprender que, si bien el panorama se pinta opaco, con tormentas y huracanes, tarde o temprano las aguas llegarán a su nivel.
Toca prepararse y resistir. Trabajar en el proceso de alianzas y de unidad para recuperar el rumbo de construcción de un sistema que sea sostenible y que garantice, a plenitud, las condiciones para una vida digna para todas y todos. Esta democracia ya está muerta y hay que sepultarla para que tengamos posibilidad de hacer renacer un nuevo modelo mediante el único pacto social posible: el pacto entre los pueblos en aras del buen vivir. Ni Guatemala ni sus pueblos merecen menos que eso.
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