Ricardo Castillo Sinibaldi y Jimmy Morales

Para Jimmy Morales y su gavilla del pacto de corruptos, las fanfarrias y resacas del viaje a Israel van desvaneciéndose peligrosamente en el tiempo. A falta de barullo como el del traslado de la embajada, empiezan a sentir de nuevo el cerco de la justicia, con lo cual vuelven a sentirse expuestos en sus verdaderas intenciones y acciones. Saben que el final de la fiesta se acerca inexorable.

Por ello, con descaro y agresividad crecientes, recurren a echarles la culpa a las leyes, a atacar a quienes les señalan sus fechorías y a buscar quien los adule y alcahuetee en público. Saben que siempre hay ese tipo de tontos útiles. Un ejemplo claro de esta situación ocurrió la semana pasada, cuando Jimmy Morales volvió a echarle la culpa del mal estado de las carreteras a la Ley de Contrataciones del Estado e incluso tuvo el descaro de decir que las reformas a esa ley aprobadas en 2015 y 2016 fueron una «trampa».

Una perorata simplista y mentirosa que obvia el hecho de que la mayoría de los casos de corrupción perseguidos penalmente en el Triángulo Norte centroamericano involucran abusos en procesos de adquisición pública. También obvia que, justamente en respuesta a esa realidad, lo que esas reformas hicieron fue restringir severamente el abuso de la compra directa y de los casos de excepción y forzó a los funcionarios y servidores públicos a asumir responsabilidad plena por sus acciones en el ejercicio de sus cargos.

Estas reformas enfrentan una realidad muy grave: la adicción de las entidades estatales a la compra directa y a los casos de excepción y de los funcionarios a no rendir cuentas ni asumir responsabilidad de lo que compran y contratan. Así, el gran cambio fue que a partir de 2016 deben asumir responsabilidades y usar las modalidades de compra y contratación establecidas en la ley.

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Por increíble que suene, esto resultó ser un asunto caótico, casi traumático, en el sector público, el cual empezó a mostrar una suerte de síndrome de abstinencia por su adicción a la compra directa, a los casos de excepción y a la falta de responsabilidad y de rendición de cuentas. Los funcionarios no escondieron su temor porque simple y sencillamente no saben cómo comprar y contratar con mecanismos abiertos, transparentes y controlados, algo que con mucha claridad evidenció el anterior Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Por ello sentí vergüenza ajena por Ricardo Castillo Sinibaldi haciendo el papelito de tonto útil al servicio de Jimmy Morales, coreando las quejas por la Ley de Contrataciones del Estado. Bien haría este excandidato vicepresidencial del Partido Patriota de Otto Pérez Molina y exministro de Desarrollo de Jorge Serrano Elías en reflexionar madura y prudentemente sobre su solvencia moral para hablar de cómo hacer función pública, como bien haría también en reflexionar sobre cuán acertado es su olfato político, pues me parece que su historial no demuestra mucho acierto que se diga: Serrano, Pérez Molina y ahora Jimmy Morales.

Bien haría el señor Castillo Sinibaldi en aprender algo de sus colegas empresarios que admitieron haber cometido actos de corrupción, precisamente en procesos de contratación de obras públicas, y que ya han sido sentenciados en el caso Corrupción y Construcción. Bien haría en tomar conciencia de que el sector privado guatemalteco tiene el gran reto de madurar, así como en darse cuenta de que hacer estupideces como apoyar a políticos corruptos es mal negocio y de que ya no debe hacerlo más. Si tanta experiencia y conocimiento le gusta ostentar, un poco de tino y prudencia le vendrían bien.