Guatemala pierde día con día las limitadas posibilidades de encaminarse por el sendero democrático. La apuesta social por construir un estado con apego al derecho, respeto a las libertades y garantías, avanzó durante un tiempo. Sin embargo, al igual que el nacismo hitleriano, el germen de la destrucción anidó por décadas en espera del momento oportuno para asaltar el poder y revertir lo alcanzado. Controlaron las cortes para asegurarse el ejercicio de la justicia en beneficio de la impunidad y la corrupción. Controlaron el sistema de partidos políticos para apropiarse del Congreso y el poder local en todo el territorio. Se aliaron con cualquier calaña criminal a fin de garantizarse los espacios de poder que les permitieran ejercer el control del Estado.
Muchas de las triquiñuelas, alianzas y movidas que desarrollaron fueron denunciadas desde las páginas de ElPeriódico. El trabajo del equipo de ese medio y la tenacidad de su fundador, José Rubén Zamora, incomodaron a la entente criminal hasta el grado de planificar y ejecutar su desaparición. El fundador del medio fue privado de libertad y sometido a un juicio espurio, sindicado de delitos que, pese al favoritismo de los tribunales, el Ministerio Público (MP) ha sido incapaz de comprobar.
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En ningún tribunal, que se precie de tal, es posible aceptar la intervención de una fiscal que tiene obvio e innegable conflicto de intereses en perseguir el caso. De igual forma, es inocultable la incapacidad y desconocimiento del derecho más elemental para producir una acusación que sea implecable. La fiscalía, en este como en todos los casos de criminalización, es incapaz de sustentar las acusaciones con prueba irrefutable, sencillamente porque son inventados.
De allí que en una absurda maniobra de colusión, arreglaran que el devenido en testigo protegido o colaborador eficaz, Ronald García Navarijo, inventara infundios durante su declaración. García Navarijo no sustentó las acusaciones contra Zamora Marroquín. Sin embargo, dado el comportamiento complaciente de los tribunales a favor de la corrupción, es poco probable que no le den crédito a sus desvaríos.
De allí que conspiraran para lograr que el colaborador falaz señalara a personas y organizaciones a las cuales interesa al sicariato judicial perseguir. Por lo tanto, sin qué ni para qué, el falso testigo dejó caer en un inicio que tanto Jordán Rodas Andrade, ex Procurador de Derechos Humanos (PDH) como Jorge Alberto Santos, destacado defensor de derechos humanos y coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua), habían cometido delitos para favorecerle. Ni lerdo ni perezoso, su patrocinador, presidente de la eterna querellante por la corrupción y la impunidad, Fundación Contra el Terrorismo (FCT) tuiteó amplificando la difamación y las mentiras.
Como coralario, durante los alegatos finales de la acusación, vuelven a mencionar a Jorge Santos y el abogado de la FCT requiere que se le investigue. De igual forma, el MP que ya había arremetido contra periodistas de ElPeriódico, en clara acción represiva contra la libertad de prensa, solicita penas descabelladas con tal de aniquilar a José Rubén Zamora.
En las actuales condiciones, Guatemala está en manos de carteles de la corrupción, la impunidad y el terrorismo de Estado. Estos grupos no han tenido empacho en destuir lo poco que había avanzado la democracia en Guatemala.
Toca entonces a la sociedad guatemalteca alzar la voz, levantarse organizadamente en defensa de sus derechos y libertades. Derechos y libertades cuya conquista fue posible con el sacrificio heróico de miles de hombres y mujeres que dieron su vida porque el pensar no fuera delito.
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