La Constitución Política y las leyes dicen que la obligación y la prioridad del Gobierno de Guatemala deben ser proteger a la ciudadanía guatemalteca. Pero la historia muestra una realidad opuesta, una en la que han sido prioridades la corrupción, los esquemas de acumulación capitalista brutal y la característica vocación depredadora, explotadora y racista de ciertos sectores empresariales guatemaltecos y extranjeros, entre los cuales destaca el de las industrias extractivas.
La situación actual en El Estor es exactamente esa, y el gobierno del presidente Giammattei no ha sido la excepción, dada su actitud corrupta y servil. Para el gobierno de Giammattei, los intereses de la Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la empresa suiza Solway Investment Group, son más importantes que los derechos de la Gremial de Pescadores Artesanales o de cualquiera de las personas q’eqchi’ que habitan la región. Eso, pese a que la licencia de la empresa suiza fue suspendida por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Ante esta realidad, las comunidades afectadas pasaron a las acciones de hecho y comenzaron a protestar y a bloquear el paso de los camiones de la empresa suiza, pues están cansadas de la impunidad con la que esta contamina su territorio y la forma en que ignora la resolución de la CC. Las manifestaciones fueron reprimidas con violencia y disueltas con gases lacrimógenos, ante lo cual el Gobierno de Guatemala declaró estado de sitio, mediante el cual suspendió derechos fundamentales como el de manifestación y autorizó a las fuerzas de seguridad para que realicen detenciones y allanamientos sin las debidas garantías y órdenes judiciales. El Gobierno alega que hubo actos violentos y disparos, pero las comunidades y la gremial de pescadores lo niegan y denuncian intimidación y otras violaciones graves a sus derechos.
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Guatemala vuelve a ser vergüenza mundial a causa de las imágenes que muestran, por un lado, a policías guatemaltecos custodiando los camiones de la empresa suiza y, por otro, los actos intimidatorios de policías y soldados en contra de las comunidades y los periodistas de El Estor. Las excusas del Gobierno y de la empresa son dignas de Joseph Goebbels, pues van desde inventar actos violentos para justificar la represión y la violación de derechos hasta encumbrados argumentos economicistas cuya base termina reduciéndose a la generación de empleos directos e indirectos, estos últimos una de las mentiras más grandes que se han dicho. Casi cualquier empleo puede ser indirecto. Basta con inventarse algún vínculo con la «fuente generadora», lo cual debería resultar ridículo para industrias que hasta un estudiante principiante de economía reconoce como no intensivas en mano de obra.
Un nuevo escándalo y crisis que redobla la relevancia del caso, que ha llegado a ser conocido como el de la alfombra mágica. Debe recordarse con atención que ese escándalo fue precisamente resultado de que operadores de la industria extractiva sobornaran con dádivas al presidente Giammattei para granjearse tratamientos preferenciales y privilegiados. Y la vergüenza nacional fue ver la actitud servil de los funcionarios guatemaltecos, para quienes estos inversionistas claramente lo valen todo, mientras que las comunidades afectadas por la minería, como los q’eqchi’ de El Estor, no valen nada.
Pero acá, además del Gobierno de Guatemala, toca señalar al de Suiza. ¿Acaso el Estado suizo no tiene leyes y no es signatario de tratados que le permitan sancionar a Solway Investment Group por el despojo y las violaciones que está perpetrando en Guatemala?
Los crímenes que esta empresa minera está perpetrando en El Estor no deben permanecer ocultos. Denunciarlos es el primer paso para evitar que queden impunes.
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