Sin embargo, poco menos de dos meses en el ejercicio del cargo han bastado para que Giammattei se quite la máscara y saque a relucir su verdadera esencia: la de un dictador que se ha hecho rodear de los entornos más oscuros de la política, a los que sirve sin miramientos.
¿Más de lo mismo? ¡Por supuesto! ¡Y probablemente aumentado! Para muestras, algunos botones. Pese a la andanada de informes, comunicados, declaraciones y comentarios que mostraban falencias de contenido y forma, Giammattei sancionó el decreto 4-2020, ese que contiene reformas a la actual ley que regula a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y que no mejora los niveles de fiscalización existentes, sino que cercena derechos y libertades constitucionales.
Haciéndose eco de las más nefastas declaraciones de diputados como Felipe Alejos, que representan lo peor de la legislatura, el gobernante, cuando sancionó la ley, presentó un informe en el cual arremetió contra las ONG. Perversamente incluyó en el mismo texto a falsas ONG, armadas principalmente por diputados para sustraer recursos públicos, así como a organizaciones cuya trayectoria es reconocida y que no han tenido señalamientos. Sin embargo, la forma en la cual hizo la presentación lanzó irresponsablemente un manto de duda sobre todas por el solo hecho de aparecer nombradas por la presidencia con la intención de criminalizarlas.
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Pese a que Giammattei indicó que se apegaría a lo que resolviese la Corte de Constitucionalidad (CC), ha incumplido su palabra. En cuanto la CC amparó provisionalmente a quienes señalaron la vulneración de derechos con el decreto 4-2020, Giammattei opinó de manera contraria y cuestionó el criterio del tribunal constitucional. El gobernante afirma que consultó a tres abogados constitucionalistas, cuyos nombres se reserva, pese a que se dice que la dichosa ley se impulsa con el propósito de transparencia, el cual con estos hechos se prueba falaz.
Pocos días después de la sanción de la ley antiderechos, el gobernante vuelve a las andadas en su vocación dictatorial. Un reportaje de Anthony Barnett, de Dispatches, del Canal 4 del Reino Unido, mostró una vez más el uso de mano de obra infantil en el agro, esta vez en fincas de café que supuestamente cuentan con certificación de sus clientes, las cadenas Starbucks y Nespresso. Lejos de enfocarse en la vergonzosa esclavitud que enfrenta la niñez en el agro, el gobernante se reúne con los causantes de la inequidad y la barbarie para ofrecerles una salida airosa de la grave realidad revelada.
Y, como si fuera poco todo lo visto, resulta que, como las autoridades no hacen nada por garantizar condiciones de inclusión a personas con discapacidad, el gobernante aceptó, con total desparpajo y mucha opacidad, el donativo de un prófugo de la justicia.
En pocos días el nuevo usuario del despacho presidencial ha defendido leyes inconstitucionales que cercenan derechos y son promovidas por el pacto de corruptos en el Congreso y ha cerrado los ojos ante la esclavitud infantil para proteger a la parásita élite agroexportadora. Mientras tanto, sin respingos, ha aceptado dádivas de políticos metidos a empresarios y de prófugos de la justicia. No cabe duda de que Giammattei ha recibido la estafeta de manos de Jimmy Morales y se apoltrona como relevo de la gestión mafiosa del Estado en beneficio de la #AlianzaCriminal.
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