El 20 de abril de 2022 está programado que la comisión de postulación que analiza la designación del sucesor o sucesora de la actual fiscal general Consuelo Porras, entregue la lista de seis aspirantes que pasarán a la siguiente fase, la que recaerá en el actual mandatario, Alejandro Giammattei, quien tendrá la potestad de nombrar al candidato o candidata que mejor le parezca.
En torno a la elección de jefe o jefa del Ministerio Público se ha desarrollado un intenso debate social y político, intentando cada bando en pugna señalar las características y condiciones que debe reunir quien llegue a esta institución clave del sistema de justicia. Y no es para menos: el Ministerio Público (MP) es el ente encargado del cumplimiento de la ley, con funciones de persecución penal, tal como lo establece su ley orgánica en el artículo 1, donde se establece que el MP es «una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país».
El MP fue una institución clave para garantizar el proceso de depuración del sistema que se inició con los casos impulsados por la Cicig en el período 2015-2019, por lo que la designación de quien tendrá el control de los procesos actuales y futuros es vital para saber el rumbo que tomará la investigación y la persecución penal en el futuro: lo que está en juego es la posibilidad de rescatar el espíritu de justicia pronta y cumplida, o por el contrario, continuar con la larga tradición de defensa de intereses políticos y económicos intocables que han hecho de este país un paraíso de impunidad y desigualdad tan ampliamente conocido en los ámbitos nacional e internacional.
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Lamentablemente, concretar el ideal de independencia judicial que tanto se argumenta es una tarea ardua y difícil que nunca ha sido completamente resuelta en la práctica, debido a la complejidad del fenómeno del poder. El debate al respecto, de hecho, se remonta a muchos siglos atrás, cuando el poeta romano Decimo Junio Juvenal en el siglo uno publicó en su sátira VI una de las frases más repetidas en la historia política y jurídica de todos los tiempos: «¿Quién vigila a los vigilantes?», frase que sintetiza la compleja tarea de alcanzar la independencia en el ejercicio del poder, constatando que cada vez que se intenta controlar los excesos de quien ejerce el poder, se crea un vigilante al que posteriormente hay que vigilar para que tampoco se desvíe en su función de vigilar. Una lógica circular y contradictoria que nunca logra hacer realidad el ideal de total independencia en el cumplimiento del deber.
La estructura constitucional e institucional que nos heredaron los contractualistas intenta hacer realidad ese ideal de independencia mediante la división de poderes, de manera que el control cruzado del poder garantizaría finalmente su independencia. En la práctica, sin embargo, tal división de poderes es más una ilusión que una realidad: siempre han existido múltiples formas de colusión, de negociaciones y concesiones que se concretan en acuerdos secretos que finalmente establecen una independencia parcial. Se es imparcial y severo ante los grupos contrarios, pero se es laxo y comprensivo para los amigos y aliados, haciendo que la aplicación de la justicia nunca sea del todo imparcial. La absoluta imparcialidad, de hecho, es imposible.
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Cada actor tiene vivencias, ideologías y preferencias que finalmente impiden ese ideal de independencia. La profundización de las diferencias sociales, políticas y culturales que se han expandido a un ritmo acelerado en esta época de modernidad tardía garantizan que sea cada vez más difícil ese punto medio que permitiera el cumplimiento de ese otro principio denominado «bien común». ¿Habrá alguna noción de justicia e imparcialidad que favorezca integrar a una sociedad tan dividida, desgarrada por intereses e ideologías como la guatemalteca?
En un contexto de tal polarización y división social, la justicia siempre tendrá problemas para actuar, debido a que nunca estará claro a que grupo o sector debe ser independiente: todos aspiran a que él o la nueva fiscal sea independiente de los grupos contrarios, pero favorable a los intereses de los grupos aliados, por lo que la pugna por incidir en éste y otros puestos del sistema, es feroz y constante.
El problema, por lo tanto, sigue siendo más profundo que elegir a un nuevo fiscal general: el problema de fondo es que no existe un país real llamado Guatemala, solo una pálida ficción de una sociedad que tuvo todo para ser grande, pero que diariamente se desangra en un inútil y complejo enfrentamiento.
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