Por ejemplo, durante el siglo XIV «tuvo lugar la mayor epidemia de peste de Europa, que estalló concretamente entre 1346 y 1347, llevándose consigo a cerca de la mitad de la población total de Europa», según escribió Gallego López en La peste negra en la Edad Media.
Este acontecimiento derivó en crear en el reino de Inglaterra nuevas condiciones en las relaciones sociales, lo cual contribuyó al fin del orden feudal 300 años más tarde en la llamada Revolución inglesa, entre 1642 y 1689, según el libro Por qué fracasan los países, de Acemoglu y Robinson. En esta era de las comunicaciones en tiempo real e interconexión global, los procesos sociales avanzan más rápido.
Lo anterior viene a cuento porque en Guatemala la actual pandemia también tendrá consecuencias en todos los órdenes de la sociedad, independientemente de las formas como se perciban y procesen en el corto y mediano plazo.
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La crisis sanitaria reitera la situación de desigualdad, inequidad y pobrezas mayoritarias, así como las condiciones estructurales de precariedad social y económica del país. Hace 44 años, con motivo del terremoto que asolara a Guatemala, las condiciones sociales, similares a las actuales, desencadenaron una movilidad social y política que, partiendo del fenómeno telúrico, intensificaron la migración interna y hacia el exterior, especialmente a Estados Unidos de América. Pasado un tiempo, el fenómeno se convirtió en la fuente más grande de divisas para el país (las remesas familiares) y en válvula de escape para la tensión y el malestar sociales acumulados a causa del autoritarismo y la represión del Estado instaurado por la contrarrevolución de 1954.
Así, el control poblacional, la represión contrainsurgente y la doctrina de seguridad nacional de la dictadura militar potenciaron las condiciones para que el poder militar y sus aliados recrudecieran la violencia contra la población e impulsaran el terrorismo de Estado durante los siguientes 20 años.
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Hoy la realidad nacional es diferente en varios procesos, no así en los desequilibrios estructurales, que siguen siendo los mismos, con la diferencia de que ahora provocan problemas más agudos y consecuencias más complejas: un creciente deterioro de la calidad de vida, la anomia, el descrédito de la institucionalidad pública, el rechazo a las organizaciones privadas del sector hegemónico, la consecuente imposibilidad de consensos sociales, el fracaso del modelo económico y la inviabilidad del sistema político manifiesto desde 2015.
En estas condiciones, el sector económico dominante pretende mantener el statu quo sin cambios de fondo. No ha podido utilizar los mismos niveles de brutalidad criminal de hace 40 años, lo que no implica que no pueda intentarlo, pero tampoco ha podido proponer alternativas viables para superar la crisis del sistema.
Lejos de una actitud política abierta a los inevitables cambios que la realidad requiere, se empeña en aliarse con sectores de poder económico y político procedentes y operadores del capitalismo criminal (tráficos ilícitos, lavadores de activos, traficantes de influencias, capitales golondrina, depredadores de recursos naturales no renovables, etcétera), con quienes protagoniza procesos para secuestrar las instituciones públicas y reconfigurarlas criminalmente, de tal modo que ponga en peligro la gobernabilidad y la viabilidad social de Guatemala.
Utiliza un discurso matizado con elementos del fallido neoliberalismo y, muchas veces, de un claro talante regresivo. En estas condiciones, y con la indiferencia patética de la administración Trump en Estados Unidos, los últimos dos gobiernos (Morales y Giammattei) retrasaron casi 40 años las condiciones políticas y de relacionamiento social.
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La pandemia prosigue en medio de la incontrolable corrupción pública y privada, motor del funcionamiento del modelo económico rentista. Los servicios de salud colapsaron desde el primer momento y no se hizo casi nada serio y planificado para enderezarlos. Al contrario, se contrató deuda pública multimillonaria para enfrentar la emergencia. Nada sucedió. Alegaron mil motivos, todos injustificables, resultado de una burocracia fallida y corrupta.
Las consecuencias en toda esta compleja situación pueden anticiparse como muy graves. Se necesitará un esfuerzo nacional de acuerdos, consensos generales y específicos, reformas políticas y económicas, políticas públicas, renuncias privadas, misiones y planes para los cuales no parece haber espacios inclusivos coordinados nacionalmente ni mucho menos consensos sociales mínimos de adónde ir.
Los mandos políticos del Estado son corruptos, cínicos, mediocres e incapaces, con contadas excepciones. Los liderazgos sociales están dispersos y atomizados. Y desde el poder económico no hay señales mínimas de audacia ni miradas abarcadoras que se alejen del conservadurismo chato heredado de la Contrarrevolución.
Los actores sociales de diferente signo dependen en buena medida de las decisiones del Departamento de Estado estadounidense y de las presiones de la comunidad internacional sobre los factores del poder local. Los partidos políticos (grupúsculos de mafiosos al servicio de la corrupción pública y privada casi todos) aún están verdes y tienen poca presencia nacional.
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Existe, sí, una extensa gama de organizaciones en la sociedad civil, de todo tipo y actividad. Pero en su mayoría padecen de poca coordinación, tienen escasa actitud de búsqueda de consensos mínimos, más allá de alguna acción operativa, y están marcadas por la desconfianza de (o la indiferencia a) cualquier proceso que exceda el ámbito de sus propias agendas, como todo el país.
¿Qué vendrá entonces?
El país no tiene viabilidad económica con el actual modelo. Sin rumbo político, al garete de la mafia que decide, es un caldo de ingobernabilidad, y su realidad depende de la ley del más fuerte.
Hay desde el gobierno de Morales, y continuado por el de Giammattei, un andamiaje de mafias empresariales y criminales que implementan un golpe de Estado técnico para desfondar los últimos reductos de legalidad y racionalidad política vigentes: la Corte de Constitucionalidad y la Institución del Procurador de los Derechos Humanos. Con ello tendrían el control total del Estado y establecerían la dictadura empresario-criminal.
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No la tienen tan fácil como parecía a finales de 2019. La pandemia, la incapacidad gubernamental, la torpeza del poder económico y el descaro delincuencial de las estructuras político-criminales hicieron posible evidenciar la maniobra para sectores de influencia que aún no lo veían muy claro.
Por otra parte, despertó de nuevo la estrategia de seguridad del Departamento de Estado respecto a Guatemala, y con ello se enderezan acciones de presión político-judicial, especialmente aprovechando los presumibles nexos de sectores de la élite económica guatemalteca con la narcoactividad y los negocios corruptos que fortalecen el lavado de activos.
Un reflejo de esto son las acusaciones contra Acisclo Valladares Urruela y la entrega de Alejandro Sinibaldi, operadores de alto nivel de las redes político-económico-criminales que impulsan el mencionado golpe de Estado y con vínculos que pueden comprometer a miembros prominentes de la élite patrimonial familiar dominante.
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Tras la dictadura militar, la Constitución actual creó formas de convivencia democrática que propician espacios, por ejemplo la existencia de un grupo de diputados, no más de 50, que, si no son modélicos, tampoco están dispuestos a seguirle el juego a la estructura empresarial, política y criminal y tienen instrumentos para obstaculizar en el Congreso algunas maniobras clave de los golpistas. Por ejemplo, las que necesiten la mayoría calificada de 107 votos.
Lo que salga no podrá ser una vuelta a la normalidad anterior. Entre otras cosas, esa normalidad ya no existe, superada por lo que ha pasado desde 2015. Además, las consecuencias económicas y políticas de la pandemia son insoslayables y pasarán factura. Sumadas al golpe de Estado técnico, marcarán la impronta de los acontecimientos políticos venideros, sobre todo en combinación con las acciones de presión del Departamento de Estado.
¿Cuál es el papel de la población organizada en la crisis? Pobre. Hay grupos o personas con opinión y crítica vigentes. También es verdad que, con bajo perfil y en espacios específicos, hay agrupaciones de personas y organizaciones trabajando en temas específicos, pero el grueso de la población está desconectado y es mayoritariamente ignorante de las medidas que se toman respecto al pacto criminal, por lo que no participa activamente en procesos o acciones de franca oposición.
En el caso particular de las capas medias altas urbanas, importantes por su nivel de consumo y por su acceso a la información y a los medios de comunicación, la mencionada ignorancia de la situación las impulsa incluso a aprobar los despropósitos impulsados por el pacto criminal. Viven con total atención a su espacio de confort, sin cuestionarse si será conservable con el triunfo del golpe de Estado.
La posibilidad de una regresión formal autoritaria está vigente. Lo que no está claro es hasta dónde podrá llegar. Ello dependerá de factores que en este momento escapan al control de los actores sociales en la crisis y que están por hacer su aparición.
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