Pueblos indígenas durante la pandemia: Trabajo colectivo, persistencia y creatividad

La vida de los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe es un cúmulo de contradicciones. Fueron sus primeros habitantes, son los guardianes de las selvas y de los páramos y de la inmensa biodiversidad que albergan, poseen la sabiduría de sus ancestros y dan sobradas lecciones de coraje, liderazgo y persistencia para defender lo que les pertenece o para mostrarnos el valor de los mayores. Sin embargo, los 60 millones de personas que integran los 826 pueblos originarios de la región están asediadas por la pobreza, la malnutrición, las enfermedades, el empleo informal, la discriminación y la invasión de sus territorios.

Esa mirada despectiva, esa concepción del indígena como un ser inferior, un bárbaro, un salvaje, ha estado presente en la región desde la llegada de los conquistadores a Abya Yala (América para distintas etnias) en 1492. Ya no existen instituciones como la encomienda y la mita, una forma abierta y descarada de esclavitud, pero en muchos lugares persisten el despojo de tierras para ampliar las fronteras agrícolas y ganaderas, el desconocimiento de su autonomía y derecho al autogobierno, además de las violaciones recurrentes de otras garantías.

Con la llegada del COVID19 a comienzos de 2020, esos males enquistados en el continente han tomado fuerza, sobre todo en grupos excluidos, como los pueblos indígenas, por constituir un terreno fértil para la propagación del virus debido a su vulnerabilidad.

Pero también ha sido la oportunidad para relucir las fortalezas de su accionar colectivo y desde sus instituciones y formas de gobierno han llenado los vacíos que dejan los Estados por su insuficiente o nula gestión. A pesar de las restricciones a la movilidad, no se quedaron quietos porque, como dijo Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), “esperar del Estado prácticamente es esperar la muerte”.

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Como parte de su autogestión, organizaron cercos sanitarios para controlar sus fronteras y prevenir el contagio. Recopilaron, adaptaron a su contexto y divulgaron información en sus idiomas e, incluso, se aliaron para combatir las mentiras con mensajes emitidos en radioemisoras regionales.

Atacaron la inseguridad alimentaria con la siembra de huertas caseras con semillas nativas y acciones solidarias para compartir alimentos o intercambiarlos mediante trueque. Dieron pelea por preservar la educación intercultural bilingüe, aunque exigió un esfuerzo extra de los maestros, y recuperaron sus saberes ancestrales, el conocimiento de las plantas medicinales y sagradas para la prevención y el tratamiento del COVID19.

Relució la fuerza de las mujeres, un liderazgo a veces tiene visibilidad mediática, pero que se ejerce en silencio, a partir de tareas recurrentes que trascienden la cotidianidad, pues con ellas están preservando su cultura y fortaleciendo su identidad indígena.

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Filac) ha identificado más de cien buenas prácticas o medidas adoptadas por los pueblos originarios para enfrentar la pandemia.

Además de las descritas, resaltan la revitalización de modelos de gobernanza indígena, el fortalecimiento de su espiritualidad mediante ceremonias de sanación o para prevenir el contagio y las acciones para enfrentar la violencia institucional y dentro de los hogares. Esto, a juicio de la Filac, es un paso significativo que muestra cómo los pueblos indígenas se han apropiado del marco internacional de derechos humanos aprobado en su favor y lo han combinado con sus propias leyes de libre determinación.

La oscuridad de los datos

Un año después del inicio de la pandemia en la región, en la mayoría de los países no hay cifras oficiales desagregadas de contagios o muertes, lo que evidencia la invisibilidad recurrente a la que siguen estando sometidos los pueblos indígenas. Los datos disponibles son de sistemas de monitoreo propios, pero suelen publicarse con retraso. Sumado a su dispersión, imposibilita conocer la situación real y dificulta aún más el diseño e implementación de soluciones específicas para cada contexto y que respeten la interculturalidad. Brasil y México comenzaron a desagregarlos, aunque falta afinar los mecanismos de recolección, pues los resultados oficiales no coinciden con los de las organizaciones indígenas.

La poca claridad sobre la situación no se circunscribe al manejo de las cifras de contagios y muertes. Tampoco hay sobre el proceso de vacunación que avanza lento en muchos países de la región y que, en general, no responde a planes específicos con enfoque étnico. Esto ha motivado pedidos a los gobiernos para que los tengan en cuenta, así como reclamos por falta de equidad en el acceso.

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En enero de 2021 la agencia de noticias EFE registró la denuncia de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) acerca de “las políticas discriminatorias e inequitativas en la distribución de las vacunas contra el COVID19, una pandemia que ha dejado más de 1.7 millones de casos entre los pueblos nativos”.

Según la misma noticia, José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de Coica, afirmó sobre la segunda ola de contagios que “más de 1,775,000 casos y más de 42,000 muertos hablan de la magnitud de la ineptitud y del desinterés de nuestros gobernantes”. De acuerdo con el dirigente, la distribución de la vacuna es discriminatoria, pues solo se ha aplicado en “0.0000001%, es decir nada”.

A inicios de 2021, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) denunció la ausencia de una política étnica diferencial en el plan nacional de vacunación, a pesar de que el virus ya había llegado a 72 de sus pueblos y 537,252 familias estaban en alto riesgo de contagio. Después de mencionar uno a uno los grupos poblacionales que serían vacunados en las fases previstas, los dirigentes comunitarios se quejaban porque “el Ministerio de Salud y Protección Social no ha convocado a las Autoridades y Organizaciones Indígenas para ser incluidos en dicho plan, por lo que seremos los últimos o simplemente excluidos, dado que el 79% de la población indígena en Colombia se encuentra en zonas rurales e inclusive en los territorios más lejanos del país”.

Dos meses después, en marzo, el Ministerio de Salud de Colombia presentó el plan nacional de vacunación a la Mesa Permanente de Concertación Indígena. En la fase II incluyeron a médicos tradicionales, sabedores ancestrales y promotores de salud por cuenta propia, y en la fase III a los integrantes de la guardia indígena y cimarrona. El ministro de Salud explicó que se procuraría que a las poblaciones indígenas se despacharan vacunas de una sola dosis y que su llegada al país estaba prevista para mayo.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) informó la decisión de 127 autoridades de 10 pueblos de no acoger el plan oficial porque la efectividad de las vacunas no está 100% probada y porque el Gobierno no adelantó con ellos una consulta previa. Dijo, sin embargo, que cada individuo es libre de decidir si se vacuna.

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El miedo y la desinformación también llegaron a México donde solo 20 integrantes de la comunidad comcaac, en Sonora, se registraron para recibir la vacuna en febrero pasado y solo acudieron 10, según reportó la iniciativa periodística Proyecto Puente.

“Yéndome más atrás en los años y en los siglos, la comunidad comcaac siempre ha tenido miedo a los cambios”, dijo Omar Casanova, uno de los nativos que conforman el equipo de promotores de salud. “Ahora fue lo mismo. Aparte no hubo mucha información y por eso decidieron que no se vacunaban, y pues no podemos obligarlos, aunque la vacuna pudiera beneficiarlos de buena manera”, añadió.

En contraste, un caso que llama la atención en México es el de 15 habitantes del municipio zapoteca de Unión Hidalgo, en Oaxaca, que ganaron un amparo para que les apliquen la vacuna contra el COVID19, en una acción promovida por uno de sus integrantes.

Aunque el dictamen del juez federal no fijó una fecha exacta para cumplir con el mandato, el abogado Edward Martín señala que la acción es un precedente para reconocer a la vacuna como un derecho y para reconocer que dejar fuera a las comunidades indígenas es discriminatorio.

En México varias comunidades indígenas han sido vacunadas, pero persisten barreras tecnológicas y de comunicación. Según el diario El Universal, esto ocurre porque se les pide un registro previo virtual, pero carecen de conectividad, de equipos o de conocimiento para cumplir el requisito, sobre todo los ancianos.

Otros países no tienen planes con enfoque étnico, aunque sí están vacunando, pero con retrasos. En Guatemala, el proceso avanza con lentitud y a mediados de abril ni siquiera había concluido la fase I, que comprende al personal de la primera línea de atención (médicos, bomberos y policías, entre otros). Algo similar ha ocurrido en Bolivia, donde hasta el mismo mes apenas estaba previsto empezar a vacunar a los mayores de 80 años, pero escaseaban las vacunas.

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Los ejemplos anteriores ratifican lo consignado por la Plataforma Indígena Regional frente al COVID19 acerca de que las políticas de cada país han sido muy diferentes e incluso contradictorias “y en ningún caso comunes”, a pesar de que la pandemia es un asunto global. De ahí que recomiende que haya políticas específicas para los pueblos indígenas y que en los equipos diseñadores se incorpore a sus autoridades, representantes y organizaciones.

Mientras eso ocurre, los índices de contagio dentro de los pueblos indígenas están creciendo, aunque es difícil cuantificarlos por la ausencia de cifras desagregadas. "El avance de la nueva ola del COVID19, ahora exacerbada por la aparición de la variante brasileña, afecta a los más vulnerables, y desnuda las tragedias que afectan a nuestros pueblos: la desigualdad social, la pobreza, la marginación y la ausencia de los estados nacionales", dijo José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de Coica.

El caso más sonoro y diciente es el de Manaos, un terroritorio brasileño con población mayoritariamente indígena, que ejemplifica el caos ocasionado por el mal manejo de la emergencia, el colapso de los servicios sanitarios y la tragedia de ver morir asfixiados a los enfermos. En enero de 2021, los hospitales se quedaron sin oxígeno y comenzó una carrera contra el reloj para trasladar a los pacientes estables a otros Estados o para conseguir una botella de oxígeno a precios exorbitantes.

Lo que sucede en Brasil no es aislado. El Grupo de Trabajo Socioambiental Wataniba y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas señalan que “desde la semana del 22 de febrero, Venezuela y la Amazonía nacional experimentan un aumento en la velocidad de transmisión del virus”.

También reiteran que, aunque la propagación se agrava por la fragilidad del sistema de salud, es difícil estimar la incidencia en los pueblos indígenas “debido a la falta de estadísticas oficiales, desconocimiento sobre el número de pruebas rápidas y confirmatorias que se han aplicado, así como el seguimiento que se ha hecho”.

Factores de vulnerabilidad

El incremento de la vulnerabilidad durante la pandemia obedece a factores de riesgo sociales, económicos e institucionales. Los sociales se relacionan con acceso limitado a servicios básicos como salud, agua y saneamiento; inseguridad alimentaria nutricional, prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, y contagiosas como zika, dengue, sarampión, chagas, tuberculosis, tosferina. También inciden las barreras lingüísticas.

Los económicos tienen que ver con la pobreza y las pocas oportunidades laborales, el irrespeto y la violación de sus tierras y el aumento de actividades extractivas que no solo merman la biodiversidad, sino que alteran la vida de las comunidades.

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El informe Pueblos indígenas del Banco Mundial de octubre de 2020 dice que hay 476 millones de indígenas (6% de la población mundial). 15% vive en pobreza extrema. En América Latina y el Caribe, la pobreza alcanza 14% y la pobreza extrema llega a 17%. En 2015, este organismo multilateral señalaba que la probabilidad de que los pueblos originarios vivan en pobreza extrema es 2.7 veces mayor que la de los no indígenas.

Myrna Cunningham, directora del consejo directivo de Filac, dice que durante el confinamiento se evidenció que en la mayoría de los países hubo un doble estándar para las medidas adoptadas. Así, las medidas se decretaron para la población en general, pero no para las empresas, lo que se tradujo en un incremento en concesiones mineras y forestales y en la apertura de caminos en zonas indígenas.

“Se aprovechó el confinamiento para avanzar en el modelo extractivista y en ocupar territorios indígenas por los Estados, pero también por el narcotráfico, que comenzó a matarlos para reabrir sus rutas”, afirma.

Los factores de riesgo institucionales se derivan de la falta de recursos y capacidad de decisión de las entidades públicas para proveer servicios de salud y otros básicos, teniendo en cuenta la interculturalidad. Un ejemplo claro es la desigualdad de los servicios entre los países en zonas fronterizas. Las autoridades no se han puesto de acuerdo para implementar medidas bilaterales que garanticen atención igualitaria a los indígenas de ambos lados de las fronteras.

Pese a que no está en sus manos eliminar muchas de las causantes de estas vulnerabilidades, los pueblos se empeñan en la defensa del paradigma del buen vivir. La propuesta es que el bienestar resulta de la relación de lo individual (armonía con uno mismo), lo social (armonía con los demás) y lo ecológico (armonía con el entorno natural).

En el contexto de la pandemia esta receta prescribe preservar la vida y tratar a los contagiados, construir lazos de solidaridad y apoyo mutuo, y potenciar la capacidad de sus territorios para cultivar alimentos y plantas medicinales que les ayuden a enfrentar el hambre y a prevenir o recuperarse del virus. Esa es la fórmula que utilizan los pueblos indígenas para sobreponerse al COVID19 y suplir las deficiencias de los Estados.

Su lucha no es coyuntural. Como dice la activista feminista miskita, Myrna Cunningham, “en esta pandemia nos hemos dado cuenta de que no solo tenemos que entender a los que están en los grupos de poder, sino que debemos educarlos y tender puentes de conocimiento mutuo. No podemos utilizar el argumento del confinamiento o de la emergencia sanitaria para bajar la guardia frente a los factores estructurales que están afectando a los pueblos indígenas”.

“No queremos que otros hablen por nosotros, y eso significa continuar desarrollando nuestras capacidades de forma articulada y estar en los lugares donde se toman decisiones sobre nosotros, porque si no estamos en la mesa, somos el menú”, concluye Cunningham.

Si te interesa leer más sobre cómo los pueblos indígenas en América Latina enfrentaron los retos de la pandemia, puede ingresar al especial Saberes ancestrales contra la COVID19. 

Este es un trabajo colectivo de la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS con el apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung – Programa de Participación Política Indígena (KAS-PPI).