Siempre me ha molestado que al empresariado organizado se le llame coloquialmente el sector económico o el sector productivo, como si fuese el único. Sin duda, el empresariado organizado tradicional, incluyendo el aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), es un sector económico muy importante, pero no es el único y posiblemente tampoco el más importante.
Las cifras del Banco de Guatemala muestran que, de las 17 actividades productivas allí reconocidas, la más importante es el comercio, seguido de las industrias manufactureras; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; las actividades inmobiliarias; la construcción, y, hasta en un sexto puesto, la administración pública. Es decir, es una economía basada en el consumo. Y dentro de este el más importante es el consumo privado (84 % del producto interno bruto —PIB—). Es decir, el sector económico más importante son los hogares.
Otro rasgo importante de la economía guatemalteca es que es mayoritariamente informal. El Banco de Guatemala también da cuenta de esta realidad, ya que la verdadera generadora de empleo es la economía informal, con el 70 % de los puestos de trabajo existentes en 2019: siete de cada diez trabajadores tienen trabajo por generadores de empleo que no están en el Cacif. Además, la economía informal representó el 22 % del PIB, y el 60 % de los hogares realizan actividades económicas informales.
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Así, un plan de reactivación económica debería incluir medidas diseñadas para atender de manera equilibrada a todos los sectores económicos, pero con prioridad en los más importantes. El Cacif presentó su Plan de Reactivación para el Desarrollo (Predes), una propuesta que naturalmente atiende los intereses y la visión ideológica de sus ponentes, lo cual me parece legítimo, por lo que debe discutirse y analizarse. En mi opinión, la propuesta del Cacif tiene algunos aspectos interesantes que deberían apoyarse, pero en general es más de lo que ellos siempre han pedido: menos impuestos, salarios más bajos, leyes que les otorguen privilegios y atención prioritaria del Gobierno, entre otros.
Pero quizá la principal falencia de la propuesta del Cacif es que no incluye con prioridad el sector económico y productivo más importante de Guatemala: la gente, los consumidores. No incluye medidas para lograr que las instituciones del Estado incrementen y mejoren la protección social ni propone acciones para proteger los ingresos de los hogares. Una vez más en el Cacif pasan por alto algo que es esencial para nuestra economía y sus propios negocios: si los consumidores no tienen ingresos, no hay actividad económica.
La propuesta del Cacif debe ser complementada con otras que partan de visiones y posiciones ideológicas distintas. La semana pasada el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) propuso mejorar el programa Bono Familia y extenderlo en 2021 como una forma de reactivar la economía, pero protegiendo a las personas. En contraste con la propuesta del Cacif, el Icefi plantea soluciones financieras que consideran fortalecer la tributación, incluyendo impuestos a productos dañinos para la salud y que crean vulnerabilidades al covid-19, y sobre los grandes capitales y fortunas, algo que los mismos millonarios han propuesto en otros países.
El Gobierno debería estructurar su plan de reactivación económica equilibrando sus propuestas, pero sobre todo concentrando su prioridad en lo más importante de nuestra economía y sociedad: la gente. Si el gobierno de Giammattei quisiera demostrar vocación democrática, debería disipar la percepción negativa de ser «un gobierno proempresarial al servicio del Cacif» equilibrando su plan de reactivación económica con propuestas como la planteada por el Icefi.
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