Uno de los convencimientos populares más generalizados es que el Congreso de la República, salvo contadas y muy honrosas excepciones, es una suerte de cloaca putrefacta. Esto dejó de ser un secreto a voces cuando el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron casos de persecución penal respaldados con pruebas en contra de numerosos diputados. Hubo indignación y enojo, pero no sorpresa. Simplemente se estaba confirmando lo que siempre se había sabido.
Que el Congreso ha vuelto a su statu quo de aquelarre de corruptos una vez extinta la Cicig quedó demostrado el miércoles 20 de septiembre de 2019, cuando los diputados Juan Manuel Giordano y Delia Bac impulsaron una moción para alterar la orden del día e incluir la votación para aprobar el presupuesto para 2020. Los rumores de ofrecimientos de sobornos para reunir los 80 votos requeridos para su aprobación empezaron a circular desde ese mismo día, lo cual me pareció la práctica consuetudinaria, un rumor del que nadie dudó, pero que difícilmente alguien llegará a demostrar como lo hizo la Cicig: con pruebas y ante los tribunales de justicia.
Sin embargo, la situación fue tan descarada y seria que se produjeron pronunciamientos públicos que incrementan la posibilidad de la veracidad de esos rumores. Por un lado, la columna de José Rubén Zamora titulada Sumergidos en una piscina de estiércol expuso con descarnada claridad la situación, con una escalada de sobornos y con la participación en el escándalo de Sandra Torres, excandidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Zamora sentencia en su columna que «la UNE institucional, si quiere sobrevivir, debe votar contra los intereses espurios de su jefa».
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El comentario de Zamora podría descalificarse como especulación sin fundamento si no fuese porque el diputado y secretario general en funciones de la UNE, Óscar Argueta, denunció ante la prensa que un grupo de nueve diputados de esa bancada, encabezados por Estuardo Vargas, podrían ser llevados al tribunal de honor de esa organización y ser sancionados. Según Argueta, el grupo liderado por el diputado Vargas sigue instrucciones de Gustavo Alejos y desobedeció la posición del bloque de ese partido de no apoyar la aprobación del presupuesto para 2020 por estar plagado de bolsones de corrupción.
Además de la UNE, otras bancadas del Congreso, organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento como el Icefi y numerosas y diversas entidades también han denunciado posibles actos de corrupción, así como anomalías y defectos de la propuesta presupuestaria para 2020, y se han inclinado por recomendar al Congreso que no la apruebe. Incluso, el presidente electo Alejandro Giammattei reafirmó su postura de no apoyar la aprobación del presupuesto tal como lo dictaminó la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República y dijo que esta posición cambiaría toda vez que se aprobaran las enmiendas que anunció que propondrían. Se ignora si la discusión de esas enmiendas será transparente y con fundamento técnico o si se seguirá la misma práctica de hasta ahora: discusiones a puerta cerrada, siguiendo intereses y motivaciones políticas sin respaldo técnico, opacas y de espaldas al escrutinio ciudadano.
Por desgracia para Guatemala, semejante escenario solo confirma el vigor con que el poder legislativo ha retornado al statu quo: corrupción y depredación del erario público a la orden del día. La cruda realidad es que los 50 días que faltan para el cambio de legislatura, de autoridades del Ejecutivo y de corporaciones municipales pueden resultar una eternidad fértil para las fechorías de los diputados y las diputadas delincuentes.
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