Esta tiene como detonante inmediato las acciones de Jimmy Morales Cabrera desde la Presidencia de la República para garantizarse impunidad. En el marco de las acciones de la lucha contra la corrupción, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), junto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), reveló un caso contra el hijo y el hermano de Morales Cabrera. Los nombres de los familiares del gobernante surgieron ante el requerimiento de la jueza contralora de la investigación, y el avance de las pesquisas llevó a encontrar a ambos personajes comprometidos en acciones de desfalco al Registro General de la Propiedad. Posteriormente, el mismo Morales resultó señalado por financiamiento electoral ilícito, en una trama en la cual están involucrados al menos cinco empresarios de la élite económica nacional.
A partir de las primeras acciones contra la familia presidencial por su rol en acciones ilícitas, esta afiló las garras y empezó a dar de manotazos contra el sistema de derechos sin importar que con ello rompiera el mismo orden constitucional. En sus primeros artículos, la Carta Magna expresa con claridad que el Estado se organiza precisamente para garantizarle a la persona el disfrute de todos sus derechos, los cuales dicho código desarrolla ampliamente.
No obstante, a fin de protegerse de la acción de la justicia, Morales Cabrera ha permitido, decidido y llevado a cabo un conjunto de acciones que han terminado por cerrar el ciclo de la regresividad en materia de derechos humanos. A los pasos que dio el gobierno de Otto Pérez Molina, como el de estrangular el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), les siguieron los de Morales Cabrera con la intervención del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN). A ello se añade la práctica anulación de la Instancia de Análisis de Ataques a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, así como del proceso de formulación de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
Estas acciones se empatan con el discurso del gobernante, quien en varias ocasiones ha proferido expresiones que incluyen discursos de odio contra quienes defienden derechos humanos. Lamentablemente, luego de tales afirmaciones, cargadas de falsedades y de odio, ha habido asesinatos de dirigentes o integrantes de las organizaciones señaladas por Morales Cabrera.
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Los dos últimos años han sido los que más muertes de personas que defienden derechos humanos han reportado. En 2017, producto del incendio en el hogar Virgen de la Asunción, el registro es de 53 personas defensoras asesinadas: 41 niñas en el hogar y 12 personas más en otros campos de la defensa de derechos. Este año, hasta el 22 de octubre, el recuento es de 24 personas defensoras asesinadas, de las cuales 19 han sido a partir de los discursos de Morales Cabrera en abril, mayo y junio y del cambio del titular del Ministerio de Gobernación en marzo. De igual manera se han acrecentado los crímenes de odio, más del 15 de abril a la fecha, en contra de la población LGBTI.
Ante la difamación, el uso indebido y perverso del derecho penal (criminalización) y el discurso de odio fomentado y emitido desde la voz de las mismas autoridades obligadas a defender y proteger a quienes defienden derechos humanos, la situación se torna peligrosa para la sociedad. Y se torna así porque cualquier daño contra quien defiende derechos humanos es un daño contra la sociedad, a la cual dichos derechos protegen. Y se torna aún más riesgosa porque hay serias amenazas a la institucionalidad del Procurador de los Derechos Humanos, en contra de cuyo titular se levantan las lanzas de la amenaza y la destitución por el simple hecho de cumplir con su mandato.
En lugar de la indispensable progresividad en derechos humanos, estamos ante un clima de arbitrariedad y de barbarie impulsado desde la Presidencia y el Congreso, puesto que el gobernante y la mayoría de los legisladores buscan cubrirse con un manto de impunidad a costa de las libertades y las garantías de toda la sociedad.
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