La satisfacción por la libertad de Nanci y Dulce, sin embargo, no necesariamente ha de celebrarse con alegría pues, casi al mismo tiempo, dos defensores del territorio fueron capturados. El presidente de la Gremial de Pescadores de El Estor, Izabal, Cristóbal Pop y el dirigente de Panzós, Alta Verapaz, Roque Sub, fueron capturados el 13 de junio.
Ambos defensores se dirigían al punto de salida del transporte para volver al norte del país luego de participar en una conferencia de prensa. En la misma, habían informado de la demanda que sus organizaciones presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra el Estado de Guatemala y la empresa de capital ruso y suizo, Solway Group, propietaria del proyecto minero Fénix.
La razón de la captura de ambos defensores es la acusación planteada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que les sindica de instigación a delinquir por haber resistido comunitariamente a un desalojo perpetrado en 2021. Mientras Cristóbal Pop será trasladado a Izabal, Roque Sub será enviado a Cobán, sindicado además de retenciones ilegales.
Las comunidades aledañas al lago de Izabal han sufrido los impactos de la operación ilegal de la Compañía Guatemalteca de Niquel (CGN), subsidiaria de Solway Group. Una empresa que ha contado con los favores de los diversos gobiernos, incluido el actual, que toleran sus actuaciones sin sancionar el manejo indebido del ambiente ni investigar los delitos cometidos en detrimento de las poblaciones.
Ante las irregularidades de funcionarios y empresarios, el MP mira hacia otro lado. Sin embargo, para criminalizar a quienes defienden el territorio, emplea todos los recursos para imputarles falsos delitos a fin de sacarles del medio.
En la misma semana, el MP recibió y dio trámite a la denuncia espuria del secretario ejecutivo de la Oficina Nacional Contra la Tortura, en contra de la ex Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey y la agente fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos, Elena Sut. La demanda del funcionario, lejos de perseguir la aplicación de la justicia, busca favorecer a militares retirados sindicados de graves violaciones a derechos humanos tales como desaparición forzada de varias personas.
Según estos hechos, si se ejerce derechos como el de libre expresión en marchas ciudadanas, se corre el riesgo de enfrentar la cárcel. Si se acude al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual Guatemala es suscriptor, hay peligro de ser llevado ante los tribunales. Si se hace uso del derecho de legítima resistencia ante los abusos, la prisión puede ser el destino. Si se cumple con las funciones y atribuciones que la ley otorga a quienes tienen la responsabilidad de la acción penal por graves violaciones a derechos humanos, hay peligro de que un funcionario corrupto presente una demanda.
Para todo ello, el MP a cargo de la complaciente con la corrupción, Consuelo Porras, estará más que dispuesto a malgastar nuestros impuestos en aras de cumplir con quienes sostienen la impunidad y la mafia en el estado. La obsesión criminalizante del MP no conoce límites y, por el contrario, muestra la mala entraña con la que intenta castigar a quienes defienden derechos humanos, hacen uso legítimo de libertades y garantías constitucionales o, aplican debidamente el estado de derecho.
A estas alturas de su mandato, la actual jefa del MP acumula más que un rosario de prevaricaciones por falsa imputación, abuso de autoridad y uso indebido del derecho penal. Más temprano que tarde habrá de rendir cuentas ante la ley por haberla pervertido. Mientras tanto, queda mantener el dedo en la llaga señalando cada acto ilegal de su perversa gestión institucional.
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