Sin embargo, este año, cuando el Gobierno buscaba revestir la celebración de un halo de inmortalidad por conmemorarse dos siglos de independencia criolla, el rechazo se generalizó en redes sociales, en movilizaciones y en marchas en varios puntos del país. De hecho, la tradicional izada del pabellón un día antes en la llamada Plaza de la Constitución conllevó esta vez que se colocara la bandera de los pueblos.
Esos fueron el contenido y el sentido transversal de las acciones de rechazo a una conmemoración que se viste de gala en los corazones de las élites que concentran el poder económico y político. Fuera de esa minoría, el resto del país ha vivido en exclusión permanente y sin posibilidades reales de acceso a satisfacer de manera digna sus necesidades esenciales.
Si algún país puede servir de ejemplo o manual de exclusiones es Guatemala. El mejor escenario para analizarlo es la política con relación a la pandemia del covid-19. Lejos de asignar los recursos disponibles a la atención de la enfermedad para la población en general, el gobernante Alejandro Giammattei se valió de ella para afianzar relaciones con la élite empresarial.
Mentira tras mentira, la falacia que levantó el Gobierno sobre cómo atendía la emergencia por el coronavirus se fue desmoronando como un castillo de naipes. Los hospitales de emergencia que ofreció como ejemplo jamás funcionaron a cabalidad, y en pocos meses el personal también disminuyó por falta de pago. Los recursos no fueron encaminados a la garantía de contar con personal para atención permanente ni para obtener medicinas e insumos para funcionar.
El colmo ha sido el dinero asignado para inmunizar. El escándalo por el robo descarado con el acuerdo suscrito con Rusia para las vacunas Sputnik V evidenció lo que es un secreto a voces: que el gobierno de Giammattei solo busca rubros para apropiarse de recursos y que no le importa el daño que eso provoca, además de lo que significa el robo de fondos públicos.
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Pese al rechazo a su gobierno, Giammattei sigue en su cargo porque el poder elitario lo ha soldado a la poltrona presidencial. En la Presidencia, este es garante de la continuidad del proyecto iniciado el 15 de septiembre de 1821, ese que busca asegurar una administración pública que se conforme con apropiarse de lo que se le permita a cambio de mantener el estado de cosas que significa la concentración de los recursos nacionales en pocas manos y la garantía de sostenibilidad de un régimen de esclavitud.
Merced a esos privilegios, la clase política existente se dedica a engullir los recursos públicos y a dejar pasar toda expresión de abuso y de voracidad. Un modelo que garantiza la supervivencia de las élites a costa de la exclusión permanente de las mayorías. A tal extremo que, en materia de atención a la pandemia, los pueblos de Guatemala se enfrentan a una política real de exterminio. Porque es exterminio abandonar a la población a su suerte, dejar sin abastecimiento los hospitales, no pagarle sus salarios al personal médico, dejar de comprar insumos de alta rotación, segmentar la vacunación y hacer que esta dependa de las donaciones.
El descaro gubernamental de montar un espectáculo de luces en el palacio cuando más de 12,000 familias lloran la muerte de un familiar por covid y cerca de medio millón viven la angustia de un familiar enfermo solo es expresión del perverso accionar que lo mueve.
No hay nada para celebrar. No solo porque la fecha no representa la independencia real de toda la población, sino porque vivimos el duelo social de las muertes por exclusión que la pandemia ha agudizado.
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