El traspaso de la presidencia del Legislativo del desprestigiado Allan Rodríguez a la poco conocida diputada Shirley Rivera no se hizo por reconocimiento a la labor parlamentaria de ella, que se limita a dos iniciativas de ley de contenido regresivo, sino a fuerza de negociaciones sucias entre los estamentos de la corrupción. El problema no radica en las credenciales dudosas de la diputada Rivera para presidir el poder legislativo, sino en el proceso con el cual ella y el resto de la junta directiva para 2022 fueron elegidos. Comienzan a emerger piezas de información e indicios serios de que, una vez más, para asegurar la continuidad del gobierno de Giammattei, carente de credibilidad y de respaldo ciudadano, se cometieron varios delitos, desde tráfico de influencias hasta sobornos y otros asociados a actos de corrupción.
De preocupación extrema son las negociaciones que el mismo Giammattei pudo haber sostenido con Zury Ríos el año pasado y con Sandra Torres este año, en las cuales, al parecer, acordaron que sus diputados votaran por las planillas oficialistas para integrar la junta directiva del Congreso. Este apoyo Giammattei y su grupo se lo estarían pagando con favores en el Ministerio Público, en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la Corte Suprema de Justicia y en tribunales clave, todos capturados por el pacto al que pertenece y sirve Giammattei. Estas acciones tienen lógica de cara al proceso electoral que de facto empezará el año entrante, si no es que ha comenzado ya.
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Notablemente descarada es la coincidencia entre la elección de la junta directiva del Congreso, la decisión del TSE de beneficiar a Sandra Torres al ordenar reinstalarla en la secretaría general del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y la decisión de la Sala Segunda de Mayor Riesgo de revocarle la prohibición para participar en actividades políticas. Además, la facción de la bancada de la UNE afín a Torres logró sumar más diputados presuntamente a cambio del pago de sobornos, dádivas y contratos amañados con el Estado. Circula información de que estos sobornos habrían sido pagados en efectivo en el sótano del edificio 7 y 10 al final del día de la elección de la junta directiva. Además, con este movimiento, la facción afín a Torres pudo nombrar a su líder, el diputado Jorge Estuardo Vargas Morales, como nuevo jefe de bancada pese a que fue incluido en la lista Engel por «estar involucrado en corrupción significativa, [por haber] dañado procesos democráticos o instituciones cuando ha recibido sobornos y [porque] ha estado implicado en coerción y tráfico de influencias».
Y, de manera usual, el presupuesto para 2022 es la moneda de cambio y pago para esta orgía en la que hoy se revuelcan enajenados de poder y avaricia los que otrora fueron enemigos políticos. Por algo Giammattei arengó a los alcaldes para que movilizaran a su gente y enfrentaran a quienes él llama «chairos trasnochados», pero no para defender la democracia o el Estado de derecho, sino para presionar por la aprobación del presupuesto, ya descaradamente visto como botín. Con ese mensaje, en ese lenguaje, Giammattei mismo condena como demagogia y engaño las audiencias públicas que aún está realizando la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso. Qué rápido se les olvida el enojo ciudadano de hace un año.
Pero, una vez más, el peligro más grave no son Giammattei, Zury Ríos o Sandra Torres, sino la actitud apática y pasiva de una ciudadanía que se indigna, pero no actúa. Sin ciudadanía activa y despierta, los pactos corruptos e insaciables consolidan su poder.
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