Uno de los casos expuestos, el de IGSS-Pisa, evidenció algo terrible: que la corrupción no solo implica el enriquecimiento ilícito y el cinismo de políticos y contrapartes, sino también que mata —literalmente—. Se robaron el dinero que debía servir para medicina y hospitales. Y es que la corrupción va de la mano del abandono del Estado, del incumplimiento de sus responsabilidades y, sobre todo, de su papel como productor y reproductor de violencia y estructuras injustas.
El saqueo del Estado se hace a costa de la clase media, que alimenta el grueso de los impuestos. Esto explica en parte el carácter urbano y clasemediero de las manifestaciones, pues se le tocó el bolsillo. Además, fue esta misma clase media urbana la que le dio el voto al Partido Patriota, seducida por la figura del militar que ofrecía mano dura.
Es simbólico lo que ocurre ahora en Guatemala, y que sea precisamente durante este gobierno, pues, a pesar de que este no es el primero que saquea al país, sí es el primer militar que gobierna luego del fin (formalmente) de las dictaduras a mediados de los años 1980. Luego de la firma de los acuerdos de paz, es sabido que el Ejército ha mantenido estructuras criminales e ilegales dentro del Estado.
Otto Pérez es un militar, kaibil, formado en la Escuela de las Américas. Fue el mayor Tito Arias, asentado a principios de los años 1980 en Nebaj, una de las zonas más golpeadas por el genocidio. Es él quien funge hoy como presidente de la República y a quien la ciudadanía le exige la renuncia, el mismo que aparece como cabecilla de la red criminal La Línea, junto con la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Y es que no le bastó con participar en el genocidio durante la guerra, sino que siguió matando en tiempos de paz, solo que ahora revestido de instituciones y discursos democráticos.
Lo que me parece interesante del acontecer es que nada de esto habría sido posible sin el actuar de las instituciones, específicamente de una externa. Ciertamente lo ideal sería que nuestro propio sistema de justicia se dedicara a investigar y sancionar a este tipo de funcionarios, pero es imposible bajo las reglas actuales.
Si bien este capítulo para Guatemala se abre gracias a la intervención de la Cicig, esto no quiere decir que la población no haya hecho lo propio. Estos mismos hechos pudieron haber pasado en otro momento de la historia sin los mismos resultados que se han obtenido. Sin embargo, hoy estamos aquí, con todo un camino recorrido que, dicho sea de paso, no ha sido fácil.
Y mientras seguimos las pistas de la coyuntura política, la realidad no para. Sigue el asesinato de pilotos, sigue la represión (ahora en Alta Verapaz y Chimaltenango), siguen los presos políticos, sigue el juicio por genocidio y siguen en pie las demandas históricas de los grupos indígenas y campesinos.
Aún tenemos grandes retos como movimientos ciudadanos. Uno de los más grandes es superar la visión hipercentralizada del país: solidarizarnos y apropiarnos también de las luchas campesinas e indígenas, la mayoría históricas y que siguen pasando desapercibidas. También debemos superar el racismo, entre otros. Confío en que esta época está siendo escuela de lucha y dignidad. Este no es el momento de bajar la guardia. Debemos seguir aprendiendo de él, de la construcción colectiva, del encuentro de los unos con los otros para vivir la solidaridad y construir un lugar digno y justo para las mayorías.
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