Quienes promueven la malhadada ley tienen por qué dar argumentos errados. En su universo, todo vale con tal de cerrar espacios democráticos. Pero el mal que hacen rebasa incluso su miope imaginación: hasta los que quieren bien terminan haciendo argumentos dañinos.
En efecto, han movido el apoyo de quienes quieren una sociedad más ordenada y han procurado regular a las ONG, pero no se han detenido a pensar en lo que piden. Hasta quienes reconocen el valor de las ONG esgrimen razones equivocadas con tal de denunciar la ley mañosa.
Reconozcamos que el conjunto no gubernamental es amplio y diverso. Una ONG es una entidad de derecho privado, de interés público y sin fines de lucro. Ahí entran desde una fundación privada, que procura solo el propósito preciso de su fundador, hasta una organización de desarrollo social con fines y servicios variados y cambiantes. Puede ser un ente pequeño y local o enorme y global. Puede dar servicios, representar un interés o cumplir una función fiduciaria.
Es extenso el beneficio cotidiano de las ONG para todos. Se facilita al definirlas por exclusión: no son gobierno, pues no mandan desde el Estado, sino que empoderan desde la ciudadanía. No son empresa lucrativa, pues sus autoridades y personal tienen prohibido apropiarse de los excedentes de sus operaciones.
Así, entendemos que ONG son desde el Comité Prointroducción de Agua Potable de la Aldea La Ciénaga hasta la Megafráter. Son ONG el Codeca y también el Cacif. Son ONG la Fundación contra el Terrorismo y la Agrupación Madres Angustiadas. Son ONG la Asociación de Padres de Familia del Colegio El Roble y también el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica. Sobra concluir que ONG no son solo las entidades que reciben dinero sueco o noruego.
Aclarado ese punto, preguntemos si las ONG deberían poder dedicarse a cualquier cosa. La respuesta es fácil: ¡claro que sí, pues son iniciativas ciudadanas! No hay razón alguna —excepto el afán antidemocrático de control social— para vedar el derecho ciudadano a actuar en todo lo que contribuye al interés común. Y necesitamos apoyo al ejercicio democrático tanto como requerimos vacunas o alimentos para sobrevivir.
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No solo de pan vive el hombre, ni la mujer ni la niña, aunque a algunos les pese. No solo de escuela y centro de salud viven el campesino o el clasemediero profesional. Las ONG suplen la acción donde el Estado no llega o no quiere llegar, donde la empresa no encuentra lucro y donde la energía de los ciudadanos individuales no alcanza. Por eso las ONG hacen educación y salud. Y por eso también procuran democracia.
El Estado guatemalteco es incapaz o carece del interés para garantizar a toda la ciudadanía espacios de participación democrática, y la consolidación de la democracia no ha cabido en el alcance de la visión comercial. Entonces, algunas ONG suplen la necesidad aumentando el potencial ciudadano: amplían su capacidad de actuación política. Solo por esto se justifican institutos políticos y entes como el MCN o el Cacif, por ejemplo. Y la actuación política incluye, por supuesto, la protesta. El Cacif hace huelga contra los impuestos tanto como el Codeca contra los cobros excesivos en la energía eléctrica. La manifestación no es solo derecho, sino —como vimos en 2015— necesidad. Cuando el Estado no responde a la ciudadanía, esta puede y debe reclamar su derecho. No hay por qué soslayar esta función en las ONG, y mejor si traen plata de fuera, que la manida soberanía solo ha servido para perpetuar el retroceso. No hay quehacer ilegítimo mientras sea una necesidad lícita e insatisfecha. El requisito ineludible es registrar y sobre todo publicar quién dio el dinero y para qué se usó. Y esto vale tanto para el Cacif como para el Codeca. Y vale tanto para dinero nacional como internacional.
Finalmente, está el espurio argumento del orden público como razón para interferir el sector no gubernamental. No hay razón —más que la malicia— para incluir este tema en una ley que regula a las ONG. El orden público es asunto general que se mantiene regulando el orden público, no controlando a las ONG. De lo contrario, habría que incluir tal estipulación en el Código de Comercio, por ejemplo. Porque sin duda los salarios bajos y algunas prácticas comerciales dañan más la paz social que el aporte de un donante que pudiera habilitar la protesta. Orden público no puede significar silencio perpetuo de los pobres y los marginados.
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