Era, se dijo, una propuesta de los tres poderes —al menos de sus presidentes y grupos próximos— activamente diseñada y dialogada por el MP y la Cicig, las dos instancias públicas que en la actualidad gozan de la mayor credibilidad y del mayor respeto por parte de la mayoría de la población.
El presidente del Organismo Judicial supuestamente habría participado en el diálogo intenso para elaborarlas. Y es de suponer que las apoya totalmente, pues hasta ahora no hemos sabido que se haya echado para atrás, aunque dichas reformas afecten directamente a las corporaciones a las que pertenece: sectas de abogados interesados en comerciar con la justicia para hacerla morder solo a los descalzos.
El presidente del Congreso había hablado ya de ellas. Y tal parece que él y varios diputados las apoyan fervientemente. Taracena, exconstitucionalista, sabe de los errores cometidos en todas las reformas constitucionales. Y en las entrevistas ofrecidas al respecto se le notó convencido de que el camino para mejorar el país pasa por retirar todos los intereses corporativos y comerciales en la impartición de justicia.
El presidente de la república, por su parte, repartía sonrisas y saludos a toda la platea. Profesional aún en el ejercicio del teatro de variedades, es en los escenarios donde más se siente a gusto, aunque esta vez, como ya le ha pasado en muchos casos en estos escasos 100 días, no conocía más que el título del libreto. Amante de los viajes, recién había vuelto de uno y ya planifica otro, por lo que la poltrona del teatro bien pudo parecerle menos cómoda y confortable que las de los hoteles estadounidenses donde ha pasado más de la cuarta parte del mes de abril. Dijo que esas reformas eran importantes e indispensables y que los net centers del decimotercer piso del Instituto Guatemalteco de Turismo y de otros lados pusieron a rodar la imagen sonriente y fresca del actual inquilino de Casa Presidencial, sin profundizar, claro está, en el sentido y el contenido básicos de la reforma.
La propuesta de reformas es en sí un variado set de modificaciones a la Carta Magna: se modifican 19 artículos constitucionales y se propone aprobar 5 disposiciones transitorias. Posiblemente el cambio más importante es la redefinición de la carrera judicial, que abarcaría hasta a los miembros de la Corte Suprema, tal y como sucede en los países donde impartir justicia no es un negocio privado que privilegia los intereses de las corporaciones profesionales y del gran capital y que, como hemos visto en las últimas décadas, conduce a la conformación de diversos grupos de evasores y saqueadores del erario público.
Que los magistrados pertenezcan en su mayoría a la carrera judicial exige privilegiar el conocimiento teórico y empírico de las ciencias jurídicas, además de la eficiencia en el servicio público, para lo cual es indispensable que los instrumentos y los mecanismos de selección y promoción sean del todo transparentes, objetivos y meticulosos. De ahí que la composición, la integración y el funcionamiento del Consejo de la Carrera Judicial sea el meollo de toda la reforma.
Y es en la composición de ese consejo donde el Ejecutivo ya mostró su primer gran resbalón. La propuesta, que considera experiencia internacional suficiente, excluye a los decanos y, en consecuencia, a la supremacía de las corporaciones y los grupos de interés que han tomado el control de la USAC y demás facultades de Derecho. Las universidades, y en particular la pública, deben concentrarse en su labor formativa e investigativa y dejar de asumir ilegítimamente funciones de Estado que no les corresponden. El vicepresidente, quien en estos 100 días ha ejercido la jefatura del Estado más que ningún otro de sus antecesores, ha asumido lamentablemente la función de vocero y representante de esos grupos de interés diciendo que esa marginación no le parece, sin presentar un solo argumento político y empírico plausible.
Con su proceder, Cabrera no solo deja al descubierto sus compromisos con los manipuladores de la justicia, sino, como ya es su costumbre, baila solito sus tangos y le importa un comino que el Ejecutivo, se supone, ya se haya comprometido con el contenido y la forma de la propuesta. El presidente dirá, cuando le convenga, que sí apoya la reforma, pero que sus diputados son agentes libres y pueden votar a placer. Todo hace suponer desde ya que los principales enemigos de las reformas serán el presidente, su vice y sus diputados, aunque cada uno cante solito sus propias tonadas.
Es necesario dejar claro que, si en este punto la reforma es aprobada, habremos dado un paso más que importante y significativo en la construcción de un Estado moderno. Sin embargo, si los intereses corporativos y espurios de los abogados parapetados en las universidades se imponen con el apoyo de FCN-Nación y del Ejecutivo, tenderemos un Estado al servicio solamente de algunos intereses, con la justicia secuestrada por largos años por los grupos corporativos más oscuros.
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