Conformado por 158 congresistas, el Parlamento guatemalteco es hoy en día, en esencia, la muestra palpable de todos los males que atentan contra la institucionalidad democrática.
Por elección popular, en los diputados se deposita la facultad de legislar (producir leyes) y de supervisar, mediante el proceso de citas o interpelación, el funcionamiento del Organismo Ejecutivo. Tiene, además, facultades especiales para supervisión de los servicios de inteligencia, tarea que debe desempeñar la aún invisible Comisión Legislativa Especial de Inteligencia. Debe revisar y aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos, aprobar el sistema impositivo y designar las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, así como a quien dirige instituciones como el Procurador de los Derechos Humanos, el Instituto de la Defensa Pública Penal y la Contraloría General de Cuentas.
Sin embargo, pese a que un buen número de congresistas lleva 20 o más años en el Parlamento, el desempeño individual y colectivo es lamentable. Abundan las notas de prensa en las que se consignan escándalos relacionados con integrantes del Legislativo. El diputado electo por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandino Reyes, protagonizó un escándalo de índole sexual en un parqueo pagado por el presupuesto del Congreso. Al ser separado del partido, Reyes se declaró diputado independiente.
Pero no es el único caso escandaloso. También está el de la diputada Delia Bac, de Alianza Ciudadana. De acuerdo con información oficial publicada por un matutino, Bac se inventó una aldea en Chimaltenango para garantizar la pavimentación del tramo carretero que lleva hasta la sede de un spa de su propiedad. De igual manera, el congresista Juan Ramón Lay, elegido con la divisa del partido Todos, utilizó sus influencias para librar de proceso penal a su hijo, capturado con el arma reglamentaria de un custodio del congresista. El hijo de Lau se movilizaba en un vehículo oficial asignado al parlamentario.
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A la fecha, el número de congresistas para quienes se ha requerido antejuicio es superior al 15 % del Congreso. Tan solo en septiembre de 2017 se habían presentado solicitudes de antejuicio contra 17 integrantes del Legislativo. Dichas solicitudes se requerían por delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Asimismo, hay un congresista prófugo sindicado de desaparición forzada y de delitos contra deberes de humanidad. Se trata de Édgar Justino Ovalle, elegido por el partido oficial, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Pero, lejos de rendir cuentas por su conducta ilícita, el Congreso no descansa en la búsqueda de leyes antisociales. Más que mirar hacia dentro e iniciar procesos de depuración de comportamientos delictivos, impulsa una normativa en favor de la impunidad y del abuso de autoridad. Tal es el caso de la iniciativa 5,377, que promueve amnistía por crímenes de lesa humanidad. Esta favorecería no solo a quienes ya han sido condenados, sino también a quienes están en proceso o sindicados. Por ejemplo, su colega prófugo Ovalle.
También impulsa la iniciativa 5,257, llamada a imponer controles arbitrarios y de uso discrecional para reprimir el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), figura legal empleada por la inmensa mayoría de las organizaciones de la sociedad civil. Mediante dicha norma se les otorgaría a las autoridades la facultad arbitraria de cancelar los registros de cualquier ONG que a su criterio altere el orden público. La propuesta es justificada mediante la necesidad de fiscalización, algo que ya existe y se ejecuta por el Ministerio de Gobernación, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Intendencia de Verificación Especial, entre otras instancias.
De esa manera, la actual legislatura, como ninguna otra (salvo limitadas y honrosas excepciones), se ha convertido en un nido de representantes de lo peor que una sociedad puede producir. Y si esto fuera poco, lejos de emplear su poder para el bien común, lo ostenta para limitar o cercenar nuestros derechos. De ese modo convierte el palacio legislativo en una trinchera de corrupción e impunidad.
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