A mediados de los años 60 del siglo XX, la empresa canadiense International Nickel Company (INCO) obtuvo, por medio de su subsidiaria Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (Exmíbal), autorización para operar en la región. Comenzó entonces el tortuoso camino que el pueblo de El Estor ha recorrido para defender el patrimonio del lago de Izabal, el más grande del país.
Una comisión de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) concluyó a finales de los 60 que el acuerdo con Exmíbal era contrario a los intereses nacionales. El abogado y diputado Adolfo Mijangos López, integrante de la comisión, fue un férreo opositor al acuerdo. Eso le costó la vida, pues fue asesinado en febrero de 1971, tres meses antes de que el gobierno de Carlos Arana Osorio otorgara la concesión por 40 años. Julio Camey Herrera, también parte del equipo, fue asesinado en tanto que sus otros colegas, Alfonso Bauer Paiz y Rafael Piedrasanta, sufrieron atentados y debieron salir al exilio. Se inauguraba así la ruta por la cual, sin importar el nombre de la empresa o el origen del capital que la sustentaba, la mina de níquel de Izabal trazaba una senda de corrupción, violencia y muerte.
La caída de los precios del níquel y el alza en el petróleo obligó al cierre de operaciones de Exmíbal en 1981. Dos décadas después, INCO informó de la venta de la concesión a Geostar Metals Inc., la cual inició una nueva fase de explotación con el proyecto minero Fénix. Este arrancó en 2004 bajo la conducción de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). El Ministerio de Energía y Minas prorrogó la concesión en 2005 (cuando vencía la de Exmíbal) en favor de CGN/Hudbay en 2005. Ese mismo año, los derechos de Exmíbal fueron adquiridos por Sky Resources y su subsidiaria CGN, que había obtenido la concesión para los proyectos Fénix en El Estor y Montúfar en Los Amates, Izabal. Empezaron así las operaciones y obtuvieron las autorizaciones sin que se realizaran las consultas comunitarias, tal como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Desde entonces, desde 2006, tanto la CGN como su otra marca, la Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), procuran procesos de desalojo en comunidades habitadas por población q’eqchi’, principalmente en Las Nubes. Esta comunidad poseía las tierras, otorgadas por el desaparecido Instituto de Transformación Agraria (INTA). En 2006, durante las acciones de los cuerpos de seguridad de la empresa, apoyados por elementos de las fuerzas de seguridad, fue asesinado Adolfo Ich Chamán. Por este hecho fue juzgado el teniente coronel retirado Mynor Ronaldo Padilla González, vinculado a la seguridad de la mina. En la fase de apelación, Padilla fue liberado y el crimen prácticamente quedó impune.
En 2017, Carlos Maaz Coc, miembro de la Gremial de Pescadores de El Estor, fue asesinado en otro intento de desalojo de quienes protestaban al ver acabada su fuente de ingresos por el daño que la CGN-Pronico provocaba en el lago de Izabal. La empresa no daba cuenta de qué hacía con los sulfatos, el aluminio, el cloro y el nitrato utilizados en su proceso, el cual terminaba en el lago, según denuncias de los pescadores.
La empresa fue adquirida en 2011 por una entidad suizo-rusa sin que cambiaran las prácticas violentas. En 2012, los estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala Juan Carlos Velásquez, Ángel de León y Naomy Lara murieron cuando hacían un trabajo de investigación en el lago. Sus cuerpos mostraban golpes, pese a lo cual el sistema de justicia mantiene este crimen en la impunidad.
En 2017, la comunidad que habita el lote 8 denunció que 11 mujeres de su población habían sido violadas sexualmente por hombres que aún vestían uniformes de la mina.
En octubre de este año, luego de tres semanas de resistencia del pueblo de El Estor, el gobierno de Alejandro Giammattei militariza la región e impone estado de sitio para proteger, una vez más, los intereses de la empresa minera en Izabal. Desde las oficinas de gobierno se ha instalado una campaña que desinforma al grado de alterar videos para justificar la acción violenta contra quienes defienden su derecho a la vida. La ruta que inició Exmíbal y siguió la CGN-Pronico es la ruta de la violencia y del terror.
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