Morales nombró a Consuelo Porras Argueta en la cabeza del Ministerio Público (MP). También canceló el convenio que dio vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la expulsó del país. Previamente realizó acciones dictatoriales y autoritarias al impedir el ingreso de personal de la Cicig, pese a los compromisos que emanaban del convenio. Con Sandra Jovel al frente de la Cancillería, Morales puso en marcha la diplomacia del garrote y la amenaza para impedir la reacción de la comunidad internacional ante los desmanes que cometía. Finalmente, impidió el retorno del titular de la Cicig, Iván Velásquez.
Sobre la tumba que dejó Morales Cabrera, Giammattei Falla lanzó el ripio de su administración. Lejos de atender con diligencia las necesidades derivadas de la pandemia de COVID-19, el presidente apodado eleq’on (ladrón en kaqchikel), se sirvió de los recursos disponibles. El estado miserable del sistema nacional de salud se profundizó, pese a los fondos aprobados por el Congreso para enfrentar la pandemia. En una maniobra turbia, el gobierno adquirió un pedido de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, sin que el vendedor cumpliera el contrato y sin que hubiera resarcimiento por la pérdida. Al final de cuentas, menos del 40 % de la población ha sido vacunada y sin embargo, ya han sido levantadas las medidas de prevención sanitaria de cumplimiento obligatorio.
Desentendido del cuidado de la salud colectiva, Giammattei ha sido el perfecto sucesor de Morales Cabrera en el cometido de la destrucción de la democracia. Confabulado con las presidencias de los otros organismos del Estado, han operado en una especie de corporación de poderes para legalizar la corrupción y la impunidad. En su tarea, con base en los nombramientos que les han sido factibles para integrar la Corte de Constitucionalidad (CC), han logrado hacer de esta una oficina de trámites de impunidad y corrupción, al servicio de las mafias.
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Parte de ese esfuerzo lo constituye también la toma definitiva del control en la estatal Universidad de San Carlos (Usac). Si bien el socavamiento de la principal entidad de la academia en Guatemala lleva al menos dos décadas de haberse iniciado, ha sido ahora que logra concretar el control total. Para ello les ha sido de suma utilidad el desmantelamiento del sistema de justicia. Con base en ese esquema y al amparo de resoluciones ilegales de la CC, el Consejo Superior Universitario (CSU), procedió a montar una pantomima de elección, para imponer a Walter Mazariegos como rector. El CSU llevó a cabo dicha acción, protegido por guardias de seguridad privada y el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).
Dos días después del acto infame del CSU, Giammattei realiza el acto final y notifica que ha designado a Consuelo Porras Argueta, actual jefa del MP, para un período más al frente de la entidad. Pese a que Porras arrastra un enorme costal de ilegalidades, incluida la del plagio de su tesis de doctorado, así como de manejo corrupto del MP, Giammattei la ratifica en el cargo y le concede cuatro años más de poder para delinquir y pervertir la acción penal en Guatemala.
A estas alturas solo queda esperar el paso de las semanas para que la alianza que ha empujado la restauración del régimen autoritario, culmine su obra con el zarpazo a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), mediante la designación de alguien al estilo de Porras Argueta en el MP.
El viejo régimen ha llegado para instalarse y garantizar la continuidad de la alianza oligárquico-militar-criminal en control de todo el poder. Su esfuerzo por llevar a Guatemala a ser un estado mafia ha dado sus frutos y hoy por hoy, el poder al más alto nivel en todos los órdenes es ejercido por los representantes de ese orden criminal.
Corresponde entonces hacer activo el artículo 45 constitucional, el cual en su parte concluyente consigna que “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. Al resistir organizadamente y negarse a permitir que se sepulte la democracia, los pueblos de Guatemala ejercerán su derecho constitucional para recuperarla y sepultar, allí sí, las pretensiones de sus destructores.
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