El cierre formal se produjo ante la falta de renovación del convenio por parte del Gobierno de Guatemala presidido por Jimmy Morales Cabrera. Culminó de esa manera la primera fase del proceso que buscaba consolidar condiciones de impunidad a los grupos afectados por el quehacer de la Cicig.
Funcionarios y exfuncionarios de gobierno, civiles o militares, proveedores del Estado de mediano y alto rango económico, negociantes de prebendas, prestanombres y élites económicas, todas personas beneficiadas de la corrupción, respiraron tranquilamente. Al parecer, la conspiración que su alianza había gestado alcanzaba el éxito propuesto. Sin embargo, 12 meses después el triunfo no parece pleno. En un esfuerzo que se parece al de Sísifo, tanto el equipo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) como un grupo de jueces y juezas inquebrantables mantienen en vilo el Pacto de Corruptos y su Alianza Criminal, temblorosa por la entrega de su delfín, Alejandro Sinibaldi.
Entre otros hechos, estos grupos llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales, trata de personas con fines de adopción irregular, corrupción político-administrativa, narcotráfico y lavado de activos, agresiones y crímenes asociados a la conflictividad social y despojo de tierras, funcionamiento de estructuras homicidas de alto poder de fuego y sicariato.
Además, lo ya sumamente conocido como financiamiento de partidos políticos, la captura judicial y la corrupción de operadores de justicia. En la reconfiguración que pusieron en marcha, estos grupos han hecho visible la mezcla de actores de todos los grupos unidos en el pacto de la corrupción. Casos como el que involucra al exministro de Economía Acisclo Valladares Urruela o la relación de los hermanos Valdez Paiz con grupos de sicariato son apenas un botón de muestra de esa mezcla perversa y del funcionamiento de los los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (ciacs).
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En los años que laboró la Cicig en el país, pero especialmente en la última fase de su mandato, la sociedad guatemalteca pudo ver la diferencia entre un sistema de justicia funcional y uno copado por la mafia. Comprobó que, cuando las cosas se hacen con base en el Estado de derecho, nadie es superior a la ley. Por eso la maquinaria de la corrupción y de la impunidad se aceitó hasta lograr, gracias a la mano criminal de Jimmy Morales, concluir el convenio de la Cicig en el país.
No obstante, hay un factor con el que no contaron ni son capaces de contar: la resiliencia social e histórica en este país de resistencias. La Cicig misma es resultado de ese esfuerzo por cuanto nace de una iniciativa de organizaciones de derechos humanos agredidas por los ciacs. Ese mismo sector social que ha probado que, con todo en contra, es posible con dedicación, paciencia, trabajo tenaz y científico presentar procesos penales impecables en el camino de la justicia transicional.
Es la misma sociedad la que una vez más se convoca los sábados, o el día que sea necesario, con medidas de bioseguridad para levantar la voz en medio del silencio que pretenden imponer la corrupción y la impunidad. Porque los crímenes que comenten los ciacs trascienden el mero hecho de robarse el dinero público. Tocan todas las aristas del quehacer de la política y lo hacen de la mano de quienes financiaron el terrorismo de Estado.
Pese a estar en medio de la pandemia, estos grupos se han quitado la máscara y han mostrado sus rostros sin empacho. Son visibles para la sociedad, que no descansa en su esfuerzo por vivir en armonía, con justicia social y económica. El ingenio ciudadano propuso la instalación de la Cicig y acompañó su trabajo. Ese mismo ingenio ha encontrado formas de expresar su sentir, de reclamar sus derechos y de preguntar, por ejemplo, #DóndeEstáElDinero o destacar que la fiscal general es Consuelo Porras de la impunidad. De esa manera, un año después de finalizado formalmente el mandato de la Cicig, su legado sigue vigente porque el pueblo que la alentó por encima de las mascarillas sigue resiliente, alzando su voz de resistencia.
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