Maras, la mutación del monstruo

“Haber conocido a esos militares fue lo que le dio auge a mi vida”, dice J., quien pidió que se no se hiciera público su nombre. “Hubiera sido un pandillero más, pero fui más que un pandillero”. El ex miembro de la Mara Salvatrucha (MS) relata cómo al primer negocio con un oficial de alta en el Ejército de Guatemala, a quien le compraron armas, fue el primer paso para el encargo de “trabajos”, como robos a casas. El hijo de ese militar pertenecía a una de las 14 clicas (células de la mara) que J. dirigía. Para entonces, J. tenía 16 años. Era 1996.

Tenían droga para vender, para consumir, para “darse sus gustos” y dinero para darle a sus hommies (amigos o hermanos de clica). Si había dinero era porque el trabajo de la organización no se detenía. Obreros, batos (compañeros), hommies… todos eran parte del proceso. “Tenía una foto en la que aparezco posando en una cama de hotel con medio millón de quetzales, y eso era sólo de dos trabajos que hicimos”, presume.

“Teníamos gente que robaba carros buenos para nosotros”, recuerda. “Gente como el hijo del militar nos decía dónde estaban las casas para entrar a robar, y todo eso hacía que siempre tuviéramos plata”. Conseguían carros robados para hacer trabajos, y los rotaban cada cierto tiempo para no desplazarse siempre en el mismo. Cuando los vendían, les pagaban desde Q10 mil hasta Q20 mil, dependiendo del tipo de carro. Parte del dinero también servía para comprar más vehículos.

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Mientras la mara MS —en contacto con el crimen organizado— procuraba mantener un bajo perfil, la pandilla Barrio 18 —más enfocada en extorsiones— iba en dirección contraria. Esa cara, mucho más visible de la delincuencia y criminalidad juvenil, llegó a primera plana cuando la imagen de un autobús en llamas marcó el inicio noticioso de 2011 el 3 de enero. El cascarón metálico de Rutas Quetzal, con lenguas de fuego lamiendo las ventanas, tenía la firma de la pandilla Barrio 18. Una extorsión fallida y una amenaza cumplida dejaron un sendero de 14 heridos y nueve muertos, entre ellos, un jubilado, una enfermera, y la esposa y los tres hijos —de 6, 11, y 15 años— del taxista Jorge Cac.

El alcance de las maras y las pandillas es tan vasto como el número de sus integrantes, que la Policía Nacional Civil (PNC) estima conservadoramente en 12 mil en todo el país. J., sin necesidad de escatimar en cálculos, opina que la cifra podría estar entre 200 mil y 250 mil.

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Cambios irremediables

Hace 20 años todavía reunían dinero con asaltos y robos. Desde mediados de los años 90, la fuente de dinero comenzó a cambiar con las deportaciones de mareros y pandilleros desde Estados Unidos. Se introdujo la venta de droga y el narcomenudeo; había más en juego que la protección del territorio donde estos jóvenes vivían. Morir se convirtió en una forma de pago. 

Otro cambio drástico ocurrió cuando estos soldados de la muerte descubrieron la extorsión. Comenzó en 2005, según un detective policíaco especializado en el tema. “Es como si todo ese tiempo se les dejó actuar… el problema se estaba formando, y ahora (desde hace seis años) reventó”, explica el investigador. Y la explosión tiene ondas expansivas que parecen imparables.

La Policía asegura que el dinero que la Pandilla 18 generó con las extorsiones le permitió comprar mejores armas, y ampliar su radio de acción. El narcomenudeo también le produce significativas ganancias y tiene los mismos efectos, como para la MS. El ministro de Gobernación, Carlos Menocal, ha dicho que en 2008 todavía decomisaron armas hechizas y escopetas cortas a las pandillas, pero que tres años después los pandilleros ya blandían fusiles AK-47 y pistolas nuevas, según se comprobó en varios operativos. 

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Menocal dijo que los narcotraficantes podrían haber facilitado las armas a las pandillas, pues también les venden droga para el narcomenudeo. La PNC señala que en el occidente del país, en especial en San Marcos y Huehuetenango, los narcotraficantes contratan a la MS para servicios de seguridad o para cobrar dinero por la venta de droga (en el sector predomina el mexicano Cartel de Sinaloa y grupos locales ligados a éste). Además, la MS presta servicios similares en Mixco, en la metrópoli guatemalteca.

Un investigador de la Fiscalía de Narcoactividad del Ministerio Público (MP) admite que no tienen evidencia de la sociedad entre narcos y mareros. J. asegura que sí la hay. También le consta que el uso de armas hechizas era obsoleto desde mediados de los años 90. Él y sus clicas compraban las armas a distintos grupos, incluyendo al militar de alta que les encargaba trabajos.

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“En México, la guerra de carteles generó la posibilidad de buscar otro tipo de aliados”, dice el sociólogo Héctor Rosada. “Del vínculo crimen organizado/mara, y mara/pandilla, deviene el incremento en la distribución, circulación y narcomenudeo. Es una cadena; son actividades funcionales relacionadas con la narcoactividad, que se complicaron con la recuperación y control de territorios entre ellos. Y de un arma hecha a mano, con tubos, empezaron a portar pistolas y armas de asalto. ¿Qué significa eso? Necesitaron más dinero. Y entonces vendieron más droga. Se comprometieron más, y compraron armas de asalto”. En los territorios narco las pandillas están subordinadas porque, ahí están jugando en ligas mayores, según el sociólogo.

La tormenta perfecta

Las pandillas pasaron de ser una estructura flexible a un “momento organizacional fuerte” que nace en las prisiones, de acuerdo con Rosada. “Parece ser que todas estas políticas de mano dura, de tolerancia cero, de súper mano dura en el Triángulo Norte —más fuertes en Honduras y El Salvador que en Guatemala— generaron la organicidad de las pandillas”, dice el sociólogo.

Primero ocurrió el encarcelamiento de los pandilleros más agresivos, los más arriesgados, los que se atrevían a hacer cosas. El cambio comenzó cuando éstos tuvieron contacto con operadores del crimen organizado (dentro y fuera del Estado) y los deportados con antecedentes criminales de EE. UU., quienes —recién llegados— volvieron a delinquir y acabaron en la cárcel. Estos traían el modelo de trabajo con el crimen organizado, lo replicaron en Guatemala y encontraron nuevas posibilidades de armar la organización con el nuevo pandillero encarcelado.

“Esa mezcla revivió modelos de organización en El Salvador primero, luego en Honduras y después en Guatemala”, explica Rosada. “Y ¿cuál era el parámetro? Lo que éste (el deportado) había hecho en Los Ángeles, Chicago, o donde hubiera estado”. La PNC asegura que el modelo incluye el reclutamiento de personas de alto nivel económico o académico con conexiones.

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Algunos patrones replicados incluyen el establecimiento del primera y segunda palabra (o la primera o segunda voz), que toma las decisiones o que decide en ausencia del primero. También apareció el misionero. “El misionero cobra especial importancia porque organiza el terreno cuando sale (de la cárcel) y prepara el terreno para esperar a que el primera o segunda palabra salga”, señala. “Entonces, los arreglos internos empiezan a expresarse en marcos de organización afuera”.

Un ejemplo es el ataque al bus de Rutas Quetzal el 3 de enero, cuya autoría el MP la atribuye a dos pandilleros encarcelados: Gustavo Adolfo Pirir García, alias “Hammer”, y Eulogio Onelio Orozco Escobar, alias “Spawn”. Pirir, de 29 años, es investigado por extorsión, robo de vehículos, asesinato y portación ilegal de armas de fuego. Orozco, también de 29, cumple una condena de 13 años por extorsión. Ambos estaban en prisión cuando presuntamente coordinaron la adquisición de la bomba y que Sonia Elizabeth Véliz Hernández, alias la “Paquetona”, de 19, abandonara el artefacto en el autobús. Ella fue capturada el 4 de enero. Días después, el presidente Álvaro Colom dijo que el artefacto fue activado vía celular desde la cárcel.

Combate sin colmillo

Los esquemas criminales gestados en la cárcel y reproducidos en la calle no tienen mucha esperanza de contención. Ante un monstruo de 12 mil cabezas (según la PNC), o de 250 mil (según J.), la unidad policial que investiga casos relacionados con pandillas y maras sólo tiene a 60 expertos para cubrir todo el país, además de 10 en una delegación en Huehuetenango. Esta no refleja el incremento en la fuerza policial (nueve mil efectivos más) en los últimos tres años. Un investigador de esa unidad reveló que cada detective maneja hasta 150 casos. En estas condiciones, el avance de las pesquisas es un hecho casi milagroso.

No obstante, su unidad logró capturar a una clica completa de la zona 6 en 2010, que extorsionaba a vendedores de piñatas del Parque Colón, en la zona 1 capitalina. Fue tarea de vigilancia y olfato. Al seguir una mujer con una niña, que aparentemente intentaban escoger una piñata, vieron cuando un dependiente del negocio le entregó un paquete. Minutos después, subieron al mismo automóvil que las dejó en el parque. Siguieron el vehículo y capturaron al grupo completo. Al registrarlos, advertirían que el paquete contenía un fajo de billetes, dinero de extorsión.

También hay casos perdidos, especialmente en las colonias en los extremos de la ciudad. Las pandillas tienen vigilantes (banderas) en las calzadas principales de ingreso. La llamada se hace al divisar la primera autopatrulla policial rumbo a la zona 18, tan temprano como las 5 de la madrugada, para iniciar allanamientos en las colonias San Rafael una hora después. Al llegar a la casa o bodega, la Policía no encuentra nada que decomisar y ni a nadie a quien capturar.

En el evento de una captura, la cárcel es más una intersección criminal que un castigo. Así las cosas, no hay disuasivos efectivos para los jóvenes abandonen las maras y pandillas. 

Rosada  afirma que no hay un sistema socioeconómico que los incorpore. Pocos, como J., han salido de la mara y pandilla, y vivido para contarlo. El policía que habló para este reportaje reconoce la utilidad de iniciativas como Escuelas Abiertas (con programas recreativos y educacionales para juventud vulnerable a caer en las pandillas), pero ante lo dantesco del problema, las medidas preventivas en la escala actual son, obviamente, simbólicas.