Todo un círculo de impunidad contenido en un reporte solicitado por la jueza Carol Patricia Flores sin ser quien diligencie el proceso en marcha. Curiosamente se trata de la jueza contra quien el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) presentaron solicitud de antejuicio por el delito de lavado de dinero u otros activos, así como por el de enriquecimiento ilícito, hechos que se habrían producido mientras cumplía su función judicial y la ejercía en favor de partes que habrían pagado por sus diligencias.
Visto así el panorama, lo que se aprecia es un entorno nebuloso alrededor del reinicio del proceso judicial, detenido y en un limbo jurídico precisamente por acciones procesales maliciosas en procura de impunidad. Y esta ha sido la tónica en la respuesta del Estado y de sus órganos judiciales ante el reclamo de justicia para las víctimas de genocidio y contra deberes de humanidad en el área ixil.
El juicio oral y público por los hechos acaecidos en 1982 tardó más de 30 años en llevarse a cabo. Se produjo 13 años después de interpuesta la denuncia y de haber superado casi un centenar de acciones procesales defectuosas y el abuso del recurso de amparo por parte de la defensa. La paciencia de las víctimas y los querellantes ha sido magistral. Esperaron más de un cuarto de siglo para que su voz de verdad fuera escuchada en un tribunal. Se prepararon con tesón para cumplir con el deber de presentar testimonio. El juicio del siglo, como se lo denominó por su impacto político, también lo fue porque se fundamentó de manera impecable en la presentación de evidencias de cargo de alto valor científico.
La sentencia condenatoria emitida el 10 de mayo de 2013 tenía como fundamento los elementos de prueba aportados por la acusación. La sentencia no ha sido anulada y, pese a que el proceso que se impone es absurdamente irregular, las víctimas y los querellantes esperan que se ratifique.
Así lo expresa su comunicado sobre el dictamen pedido de manera anómala por la jueza Flores: «Es importante mencionar que tanto los testigos como las víctimas del genocidio están dispuestos a participar nuevamente en un debate, siempre y cuando el sistema de justicia guatemalteco dé claras muestras de respetar la independencia judicial. El proceso debe enmarcarse dentro del estricto cumplimiento de la ley, sin que los diferentes órganos jurisdiccionales que podrían conocer este proceso reciban presiones de sectores interesados en la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos en el pasado».
La declaración responde al temor de que la maniobra que involucra a la jueza Flores y al Inacif procure un escudo de impunidad al incluir la negativa a que se realice un examen independiente ante la duda de la legalidad del informe presentado. De esa manera, cabe resaltar que, pese a la demanda social de poner coto a la impunidad, hay funcionarios del sistema de justicia dispuestos a desafiarla.
De ahí que la persistencia en el reclamo por la depuración del sistema y la reforma del Estado sea una exigencia legítima, plenamente justificada en actos como esta acción de impunidad. El genocidio se cometió. El Estado, de la mano de Ríos Montt, es responsable y, como tal, debe ser juzgado.
Más de este autor