La inamovilidad durante el gobierno de Morales correspondía a su protección del operador del pacto de impunidad que empujó la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). La movilidad que muestra ahora, durante el gobierno de Giammattei, contrasta con la anterior actitud de piedra, pues ahora corre para que ese pacto de impunidad criminal consolide su control.
En una batalla no suele verse a un general abandonar a su tropa o, peor aún, entregarla a las fuerzas enemigas. La señora Porras, en cambio, con total desvergüenza y hasta con diligencia servil ha dado paso a procesos administrativos en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). En manos del equipo que dirige Sandoval quedó la tarea —gigantesca ante el abandono de la jefa del MP— de darles continuidad a los procesos contra las estructuras de corrupción iniciados en conjunto con la Cicig.
Es decir, ese equipo se constituyó en un valioso recurso de la democracia y de la sociedad guatemalteca para depurar el sistema, que estaba siendo corroído por el crimen. Por lo tanto, requería de todo el apoyo institucional y de los recursos necesarios para cumplir su misión. Lejos de ello, la fiscal general se ha dedicado a producir cuanta instrucción general y cuantas resoluciones se le ocurran para limitar el papel de la FECI y, con ello, a hacer de sepulturera de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Como el más cobarde de los generales en batalla, se vuelve contra su grupo e intenta lanzarlo al campo enemigo al tiempo que amenaza con usar su fuerza desde adentro. Así cree servir a los intereses de quienes la pusieron en el cargo para garantizarse impunidad.
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Si por algo el fiscal Sandoval y su equipo se han ganado el respeto ciudadano y el apoyo a su labor, ha sido porque, en medio de ese terreno minado que es el mismo MP, han seguido adelante. Aun así, la sostenida labor de zapa que realiza la misma fiscal general es un golpe bajo. El anuncio de que por órdenes de la misma Porras se les da trámite a nueve denuncias administrativas contra Sandoval da cuenta de ello. Cabe señalar que siete de dichas denuncias provienen, precisamente, de los procesados por el equipo de la FECI en acciones penales por corrupción e impunidad.
De ahí que resulte inaceptable que sea la misma Porras la que les dé paso a semejantes despropósitos con el solo afán de seguir procurándoles beneficios a estructuras criminales como las que dirigen Gustavo y Felipe Alejos, por ejemplo. Con la jefa del MP se alinean también la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conducida perversamente por Silvia de León, y tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes corren para establecer, formalmente, el reino de la impunidad.
Un propósito que no se les puede permitir. Ninguna de esas estructuras, mucho menos la conducida por la fiscal Porras, defiende el Estado de derecho ni apuntala la democracia. Por el contrario, son bandas de criminales con toga, corbata o tacones que intentan arrebatar los limitados espacios de institucionalidad que todavía funcionan.
Por ello es necesario alzar las voces, plantar cara y expresar, en primer lugar, todo el respaldo social y ciudadano al equipo de la FECI y a los jueces y magistrados que todavía defienden el Estado de derecho. Y en segundo lugar, se deben unir fuerzas en un movimiento que barra de una vez por todas la criminal estructura política y económica que mantiene a Guatemala y a sus pueblos en el atraso a merced de la corrupción y de la impunidad.
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