La Constitución Política de la República le ordena al Gobierno central pagar los siguientes aportes: en el artículo 257, el 10 % de los ingresos ordinarios a las municipalidades; en el 84, el 5 % de dichos ingresos a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); en el 213, el 4 % de los mismos ingresos al Organismo Judicial (OJ); en el 268, el 5 % del presupuesto del OJ a la Corte de Constitucionalidad (CC), y en el 91, el 1.5 % de los ingresos ordinarios al deporte federado, que son recibidos por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), además de la mitad de ese monto para el deporte no federado y un monto similar para la educación física, la recreación y el deporte escolar, que son recibidos por los ministerios de Cultura y Deportes (MCD) y de Educación (Mineduc), respectivamente.
El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfín) ha calculado los ingresos ordinarios como la diferencia entre los ingresos corrientes y los tributarios con destino específico. Sin embargo, la CC, en su sentencia del 27 de noviembre de 2019 para el expediente número 5510-2018, corrigió este cálculo y definió los ingresos ordinarios como los ingresos tributarios sin descontar los impuestos con destino específico. El efecto financiero de este cambio es que al aplicar lo sentenciado por la CC se incrementa el monto de los aportes constitucionales.
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Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), este incremento es significativo. En el presupuesto vigente de 2020 es de 7,277.7 millones de quetzales adicionales: 3,278.3 millones para las municipalidades, 1,639.1 millones para la USAC, 1,311.3 millones para el OJ, 65.6 millones para la CC, 491.7 millones para la CDAG y el COG, 245.9 millones para el MCD y 245.9 millones para el Mineduc. Dicho incremento es casi igual al presupuesto total anual del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la mitad del presupuesto del Mineduc y mayor que los presupuestos de Gobernación y Defensa.
La conveniencia de estos incrementos es discutible, ya que, en mi opinión, el incremento para la USAC está más que justificado, pero no el destinado a la CDAG y al COG, que enfrentan problemas de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias y están alejados de los nobles propósitos con los que se crearon. En todo caso, por ser una sentencia de la CC, es mi mejor entender que el Ejecutivo debe cumplirla. El análisis técnico de los datos que realizó el Icefi permite concluir que la única forma de pagar incrementos tan grandes es una reforma fiscal integral que fortalezca la transparencia fiscal y ataque con severidad la corrupción, rescate la efectividad de la SAT, revise las tasas impositivas, reduzca el gasto militar y proteja el gasto social prioritario.
El problema para el nuevo gobierno es que esto se dice fácil, pero es muy difícil en la práctica. Significa cobrarles impuestos a sectores que hoy no pagan y atacar los nichos de corrupción, es decir, afectar a mucha de la base política que lo apoya y que, tal como quedó demostrado en la elección de la Junta Directiva del Congreso, se está enquistando en este y en el Ejecutivo.
Sobre el nuevo gobierno pesa entonces una suerte de espada de Damocles financiera: ¿hará lo que debe hacer, cumpliendo la sentencia de la CC e impulsando una reforma fiscal, o actuará igual que Jimmy Morales, protegiendo a su base política, privilegiándola fiscalmente, evadiendo la responsabilidad e incumpliendo lo sentenciado por la CC?
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