La PNC ejecutó la orden de captura emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de San Pedro Carchá. En un claro uso indebido del derecho penal, Gualná es acusado de los delitos de «detención ilegal», «coacción», «allanamiento» y «usurpación agravada», por lo que la jueza lo envió a prisión preventiva y fijó la audiencia de etapa intermedia para el 30 de julio, más de tres meses después de su detención.
El defensor q’eqchi’ es trabajador de Industria Chiquibul, S. A., del consorcio Unisource Holding Inc. En 2016 dicha empresa fue denunciada por incumplir las leyes laborales y no pagar el salario mínimo a su personal. Pese a varias visitas de la Inspección General de Trabajo, del ministerio del mismo ramo, la compañía logró quedar impune. A raíz de dicha denuncia, Gualná Caal fue designado representante de los 300 trabajadores que tenían contrato individual y solicitaron la renovación de este en 2019.
Para el efecto, y con el acompañamiento del Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (Condeg), dichos trabajadores plantearon al Ministerio de Trabajo (Mintrab) la instalación de una mesa de diálogo, algo que no solo no se concretó, sino que la empresa, unilateralmente, dio por concluidos los contratos y se negó a cubrir prestaciones pendientes de pago a los laborantes. De ahí que Gualná Caal continuara con las gestiones a fin de lograr que la empresa, que incurrió en delitos por incumplimiento de leyes laborales, pagara lo adeudado y respetara el derecho de organización laboral.
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A los hechos señalados en 2016, los cuales tienen como desenlace la cancelación de contratos en 2019, se suma la sindicación de responsabilidad en el ecocidio producido en el río San Román, en Sayaxché, Petén, en 2017. La casa matriz de Chiquibul, Unisource Holding Inc., resulta comprometida porque también es dueña de la empresa Mayafert, S. A., la cual fue acusada en 2015 de corrupción vinculada al caso Cooptación del Estado e investigada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP). El representante legal de Mayafert, Karl Christian Kaehler de León, y el director ejecutivo, Julio Barrios, fueron acusados en este caso.
Pese a la crisis derivada de la pandemia de covid-19, que ha obligado a la suspensión de labores, así como al encierro social, los tribunales leales a intereses corporativos mafiosos siguen operando. Lo hacen a sabiendas de que por el momento pueden actuar impunemente y proceder a una detención arbitraria y al hostigamiento judicial contra Bernabé Gualná Caal. Sin embargo, este hecho no ha pasado desapercibido, por lo que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, conformado por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), así como la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), demanda la libertad de Gualná Caal, a quien considera prisionero político por la arbitrariedad del proceso en su contra.
Gualná Caal es un defensor de derechos humanos criminalizado por ejercer y defender derechos. Contra él se ha ensañado la maquinaria de un consorcio (Unisource Holding Inc.) y una de sus empresas (Chiquibul, S. A.), procesadora de palma africana, violadora de leyes laborales y responsable de ecocidio en Sayaxché. La empresa delincuente pretende convertirse en acusadora de un defensor de derechos laborales. Ha contado para ello con la connivencia de autoridades del Mintrab, que ocultaron las violaciones al Código de Trabajo, así como del sistema de justicia, que se alinea para criminalizar a un defensor. Tiempo es ya de que la Fiscalía haga efectiva en Alta Verapaz la instrucción general 05-2018, sobre atención a casos de defensores de derechos humanos, de manera que identifique la conspiración para criminalizar a un defensor, desestime el caso y certifique lo conducente contra quienes lo han perseguido injustamente.
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