La contrainteligencia en Guatemala

El Departamento de Seguridad Nacional de España define la contrainteligencia como un «conjunto de acciones orientadas a prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población». Debo resaltar que tanto la Real Academia Española como el Departamento de Seguridad Nacional de España contextualizan sus definiciones en el marco de las amenazas externas.

A las generaciones más jóvenes les sonará a película inglesa o quizá estadounidense, incluso francesa, pero en la reciente reforma al reglamento de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE), acuerdo gubernativo 135-2018, publicado el 31 de julio del presente año en el Diario de Centro América, artículo 25, se ha creado la Dirección de Contrainteligencia. Dicho artículo dice expresamente que tal entidad «es el órgano responsable de desarrollar y aplicar las medidas activas y pasivas para identificar, prevenir y contrarrestar las actividades de inteligencia de actores nacionales e internacionales que representen riesgos y amenazas a la seguridad de la nación». Además, en su literal c, dicho artículo dice que es función de esa dirección detectar actividades de contrainteligencia de actores nacionales e internacionales en coordinación con otras entidades de gobierno.

Las décadas de los 70 y los 80 están de vuelta. El Gobierno de Guatemala ha creado una dirección de la SIE para definir el enemigo interno, y en la historia de Guatemala esto significa ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, torturas y cualquier otra cantidad de crímenes que lesionan a muchas familias. No se deben confundir los servicios de inteligencia estatal con los de inteligencia criminal. Los primeros definen riesgos y amenazas a los derechos fundamentales y a la seguridad del territorio del Estado y de su soberanía en el marco de lo que define el artículo 142 de la Constitución. Los servicios de inteligencia criminal, por otro lado, esos sí pueden investigarnos a los nacionales, pero solo cuando se ha cometido un delito y se sospecha nuestra participación en él.

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Parece que algunos funcionarios deben dejar de ejercer el poder, admitir que no se formaron para dichos cargos e impedir así que se los manipule con ideas que provienen de historias de autoritarismo y terror. Es inconcebible que esto sea puesto en marcha, pues, de entrada, lo primero que se puede afectar son las libertades de asociación y de emisión del pensamiento, así como el derecho de reunión pacífica, para de a poco ir entrometiéndose en actividades de la vida privada. Demando como ciudadano guatemalteco que instituciones como la SIE sean utilizadas en consonancia con los acuerdos de paz, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.

A partir de lo dicho, la interpretación de los artículos 19 y 21 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad debe partir de las amenazas que ponen en riesgo los derechos fundamentales de la población, en dimensiones distintas a la actividad criminal común y a la eventualidad de que la persona esté o no de acuerdo con el gobierno de turno. Por eso crear instituciones de este tipo requiere claridad en la finalidad del Estado, además de diálogo y consulta transparente con los diversos actores expertos civiles.