Probablemente la herencia principal de 2015 sea la forma en que el convencimiento y la sospecha popular de corrupción rampante en los poderes del Estado pasaron a ser investigaciones documentadas y enmarcadas en los procedimientos judiciales establecidos en la ley. La gran mayoría en Guatemala percibía que Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y su gobierno en general eran unos grandes corruptos, pero la percepción evolucionó a un convencimiento razonado cuando el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron los casos con medios especiales de prueba y de documentación.
Lo mismo está ocurriendo con el gobierno de Jimmy Morales, en el que los indicios de corrupción y de abuso fueron abrumadores, pero es hasta hoy cuando se empiezan a documentar los casos de corrupción. Quizá el más escandaloso sea el de los abusos cometidos en la construcción del libramiento de Chimaltenango, perpetrados por la estructura criminal del exministro de Comunicaciones y prófugo de la justicia José Luis Benito Ruiz. Está claro que este proceso está tomando más tiempo a raíz de la expulsión de la Cicig, perpetrada por Morales con la protección cómplice del gobierno estadounidense de Trump a cambio de vender nuestra dignidad con acciones como la suscripción del vergonzoso acuerdo de tercer país seguro.
Lo grave del caso es que, conforme se profundizan las investigaciones de la corrupción en el gobierno de Morales, está saliendo a luz lo que también es fuertemente percibido: que el de Giammattei también es un gobierno muy corrupto. Los primeros indicios de este hecho se produjeron tempranamente con abusos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la principal entidad responsable de responder a la emergencia sanitaria generada por el impacto de la pandemia del covid-19. El gobierno de Giammattei no había concluido el primer semestre de gestión cuando ya había removido a toda la cúpula de ese ministerio por corrupta o inepta, pero, eso sí, protegiendo al exministro Monroy.
[frasepzp1]
Por si la corrupción en el ministerio de Salud no fuese suficientemente escandalosa, el año pasado esta se vio ampliamente superada por escándalos de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. En octubre pasado, el escándalo alcanzó los niveles de la administración de Morales cuando el ex director general de Caminos Fredy Chojolán ocupó titulares al declarar que le habían falsificado la firma en una transferencia de 135.2 millones de quetzales y el MP lo acusó de fraude en operaciones de adquisición pública por haberles adjudicado contratos a sus familiares cercanos.
Ahora resulta que el escándalo de Chojolán quizá fue solo la puntita de un iceberg enorme, ya que las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP empiezan a develar una estructura criminal. Luego de la renuncia de Giorgio Bruni Batres como secretario privado del presidente Giammattei y el allanamiento de su vivienda el jueves pasado, queda clara una conexión entre Giammattei, Bruni, Benito y Morales, lo que sin duda es solo una pequeña fracción develada de una estructura criminal más grande y amplia.
Las investigaciones de la FECI deben continuar y lograr esclarecer lo que ya parece un caso de una mafia de corrupción en la inversión pública en infraestructura, la cual migró del gobierno de Jimmy Morales al de Alejandro Giammattei y se fortaleció. Como lo evidencian los casos presentados por la Cicig, no debe descartarse que esta mafia de corrupción esté vinculada con las mafias que están capturando las cortes y que controlan la mayoría del Congreso.
Más de este autor