La comunidad refundada (3)

Los grandes préstamos, pretextando combatir el virus, están enriqueciendo a politiqueros, a monopolios productores de alimentos, a telefónicas, a distribuidoras de energía eléctrica, es decir, a los sectores tradicionales que han controlado la economía a través de privilegios y del manejo de otras crisis. Al mismo tiempo están asaltando los espacios de ejercicio de los poderes judicial, electoral y otros.

Alguien dijo que un virus no provocará la revolución. El pueblo sí, agregaría yo. Lastimosamente, desde mi perspectiva, el colonialismo ha penetrado cuerpos, mentes, conciencias y competencias, lo cual, mezclado con el miedo generado por el Gobierno, nos tiene petrificados como ciudadanos. Por tres meses hemos estado confinados material y subjetivamente. En tanto, las bases del orden colonial se apuntalan para su continuidad. Para las clases pobres y los pueblos indígenas, el futuro no será el mismo de antes del virus. Será peor, pero no por la pandemia, sino por la exclusión colonial (confinamiento histórico).

Datos oficiales al 1 de junio ubican al 84 % de los contagiados en los departamentos de Guatemala (68 %), El Progreso, Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla (10.5 %), los cuales poseen rutas comerciales importantes, en las que se concentra el capitalismo dependiente, y en San Marcos, frontera de alta movilidad de migrantes (5.5 %). Los 16 departamentos restantes representan apenas el 16 % de los contagios. Entre ellos resaltan departamentos indígenas con una incidencia muy baja de la enfermedad (menos del 2 % en cada uno): Baja Verapaz, Quetzaltenango, Sololá, Huehuetenango, Quiché, Totonicapán y Alta Verapaz (todos, 8.5 % del total nacional). Sin embargo, las medidas económicas, políticas, sanitarias, de movilidad, etcétera, están afectando a los menos contagiados y menos relacionados con el mercado.

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El cerco sanitario debió ser permanente para los departamentos centrales, donde hay mayor incidencia del virus, y con acciones diferenciadas para los menos afectados.

En ese marco futuro de desigualdad y despreocupación estatal, las comunidades deben refundarse para enfrentar los riesgos venideros, que serán económicos, educativos y de vida. La autoridad indígena, donde existe, tiene legitimidad, al igual que la municipal. La autoridad ancestral debe asumir nuevos roles, más organización y legitimidad. Así, dentro de sus nuevas orientaciones debe figurar, dentro de otras, trabajar por la juventud en cuanto a empleo, educación, salud y cultura, así como respecto al fortalecimiento organizacional.

La articulación municipalidad-autoridades ancestrales es necesaria para coordinar acciones amplias y profundas como el presupuesto participativo para los temas apuntados. Además, se debe crear un modelo formativo (Convenio 169) en el cual se eduque para la vida (conocimientos) y el trabajo (técnicas) con una visión de fortalecimiento endógeno (etnodesarrollo) y amortiguar las consecuencias que sufrirá el país con el cambio en el comercio internacional. También hay que fortalecer el conocimiento y sentimiento identitario, pues, solo empoderadas cultural, económica y socialmente, las comunidades podrán negociar sus derechos y recursos con más fortaleza ante el Estado paternalista. Se necesita exigir la territorialización de la inversión pública con criterios culturales, lograr el interés de organizaciones privadas y públicas y el apoyo de la cooperación con base en un plan integral y alternativo poscoronavirus.

Reorientar la producción comunitaria y el consumo local hacia la seguridad y la soberanía alimentaria es un paso necesario y obligado, asumido por todos los actores privados y públicos locales. Volver a la producción agrícola y promover el buen vivir no significa volver solo al azadón. Es necesaria la aplicación técnica desde el conocimiento propio. Disminuir la brecha digital es fundamental para las comunidades, dado que el futuro educativo, por ejemplo, estará basado en la teleducación por un buen tiempo.

Considero necesaria la articulación horizontal diversa, rompiendo los cercos municipales que han generado diferencias, conflictos y desconfianza entre comunidades, en un proceso de solidaridad y complementariedad para sortear el cataclismo que sufrirá el Estado pospandemia. La comunidad refundada ejercerá una fuerza centrípeta para consolidar internamente sus recursos, capacidades y particularidades, al mismo tiempo que una fuerza centrífuga hacia las otras comunidades dentro de principios de pluralidad e inclusión para ser la base social que dinamice un desarrollo alternativo, propio y pertinente, que genere identidades y ciudadanía para con el tiempo ir hacia arriba, hacia el ejercicio y la consolidación del poder político necesario para refundar el Estado.

Soñar una ciudadanía basada en la comunidad en vez de la ficción democrática occidental será un paso trascendental, si queremos.