La CDH advertía que ni siquiera el actual ordenamiento constitucional les resultaba cómodo a las élites, que veían reducido su disfrute de privilegios con el fortalecimiento del sistema de justicia. En pocos días posteriores a la difusión de ese comunicado, además de los intentos de desaforo de cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite al antejuicio por denuncia en contra de la jueza Érika Aifán, la cual también incluye una denuncia contra el fiscal Juan Francisco Sandoval y la defensora de derechos humanos Helen Mack Chang.
Menos de una semana después, desde el Parlamento surge, de la mano de diez integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso (CDHC), la acción encaminada a impulsar la destitución del procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas Andrade. La medida busca que este sea llevado al pleno por su acción institucional en favor de la población LGBTIQ.
La misiva fue enviada por la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, ahora congresista por el partido Valor, de Zury Ríos, hija de Efraín Ríos Montt. Marroquín de Palomo plantea en su nota que la bandera del arcoíris que distingue mundialmente a la población de la diversidad le es ofensiva y que no le corresponde al PDH enarbolar los derechos de esa comunidad. El discurso, basado en las fobias a la diversidad (homofobia, lesbofobia y transfobia, entre otras), incluye también la referencia a la resolución de la CSJ que censuró una guía de educación sexual para adolescentes a fin de prevenir embarazos tempranos. Una acción planteada por una entidad anti derechos de las mujeres y que promueve una agenda de misoginia.
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Cabe recordar que en 2018, cuando el Congreso preparaba el presupuesto general del siguiente año, redujo en 20 millones el gasto asignado al PDH. Desde el inicio el titular de esa entidad destacó que dicha reducción impactaría en esta y le imposibilitaría cumplir su función. En efecto, en 2019 el PDH tuvo serias dificultades para completar su trabajo por falta de recursos y fue necesario que el mismo Congreso otorgara recursos al inicio de este año para completar el presupuesto de funcionamiento de dicha oficina. Antes de dicha acción de ahorcamiento económico, el PDH había sido citado a la CDHC y al pleno, cuando el discurso de misoginia movía a grupos de parlamentarios interesados en satisfacer esas agendas antiderechos.
Cabe resaltar que el artículo 273 de la Constitución vigente, así como la ley del PDH y de la comisión parlamentaria, establecen como función de la oficina que dirige Rodas Andrade la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Pone particular énfasis en los derechos que garantiza la Carta Magna, en la cual se plantea preeminencia constitucional para tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Guatemala. De tal suerte, en la promoción del derecho a la identidad y a la orientación sexual, así como en el reconocimiento a la comunidad LGBTIQ, el PDH, lejos de transgredir su mandato, lo hace pleno.
Así las cosas, pretender cuestionar esta labor del procurador y buscar su desaforo, aparte de que se basa en un discurso discriminatorio y de odio, tiene como origen el plan y el complot de las élites (económica y política) para socavar la institucionalidad democrática. Parece que las acciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión Permanente del Congreso, así como la falta de acción del presidente del Ejecutivo y el respaldo a estas del sector empresarial elitista organizado, constituyen el guion del plan de guerra a la democracia que han puesto en marcha. La democracia ya les es incómoda. Les resulta inefectiva para conservar sus feudos de impunidad y corrupción. Los liderazgos de la CC y el PDH son, en estos momentos, los únicos espacios de Estado que sostienen la precaria democracia en vigor. Su defensa y protección es un deber de toda la sociedad, puesto que, de tener éxito el plan de las élites, estaríamos retrocediendo más de medio siglo.
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