Los responsables de la muerte de una niña y de que una docena más haya resultado gravemente herida, no deben quedar impunes.
El 24 de abril pasado causó indignación la noticia de que en Chiquimula una estructura metálica cayó sobre la Escuela Oficial Urbana de Niñas Juan Manuel Aguirre, destruyendo con facilidad su humilde techo de láminas, hiriendo de gravedad a una docena de alumnas y a la maestra. Días después, el incidente luego confirmó su magnitud trágica, con el fallecimiento de Kimberly Evanelia Gómez López, una de las alumnas de la escuela, de tan solo cinco años de edad.
Se ha querido presentar este hecho como un accidente, resultado de lluvias y viento fuertes. Ciertamente esa tragedia, especialmente la muerte de la niña, no fue un hecho intencional. Pero debe investigarse a profundidad la responsabilidad de varios y diversos actores, ya que puede tratarse de homicidio culposo.
Primero, debe estudiarse si la estructura metálica que se desplomó cumplía con normas y estándares adecuados de construcción. ¿Por qué cedió ante la fuerza de los vientos? ¿Era parte del diseño original del edificio en la que se encontraba? ¿Su instalación fue supervisada y aprobada por la municipalidad o la autoridad responsable de extender las licencias de construcción? ¿Cuándo se instaló esa estructura se tomó en cuenta el peligro que significaba que la escuela se encontraba justo abajo? ¿Quién es el ingeniero o arquitecto que diseñó la estructura? ¿Su colegio profesional investigará el incidente, para determinar si se trata de una mala práctica profesional y si aplica alguna sanción? ¿Quién es el propietario del edificio en el que estaba la estructura que colapsó?
El sitio en el que se encuentra la escuela, ¿es adecuado? ¿Tiene el Ministerio de Educación estándares para calificar la ubicación de un centro educativo? ¿Evalúa los riesgos asociados a deficiencias en los inmuebles en los que funcionan centros educativos? ¿Funcionó adecuadamente el seguro médico escolar privado contratado por el Ministerio, o confirmó que sólo es una estafa, una extracción de recursos públicos sin resultados ni efectividad? ¿Cómo está el Gobierno apoyando a las familias de las víctimas? ¿Las resarcirá por los daños y perjuicios ocasionados?
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Estas preguntas son solo algunos ejemplos de todo lo que debe investigarse y que, probablemente, confirmaría que esta tragedia era evitable. Si se hubiesen cumplido las leyes a cabalidad, si los funcionarios municipales de Chiquimula y del Ministerio de Educación, si el ingeniero o arquitecto, si lo hubo, que tuvo a su cargo la instalación de la estructura que colapsó, todos, hubiesen hecho su trabajo correctamente, posiblemente no hubiese ocurrido. O, dicho de otra forma, es muy probable que esta tragedia ocurrió porque alguien no hizo su trabajo, alguien pagó y otro recibió un soborno para emitir una licencia de construcción o autorizar la instalación de la estructura cuando no debió hacerlo.
Por supuesto, no se puede prejuzgar, pero son varias entidades las que deben conducir investigaciones a fondo. Quizá la responsabilidad principal sea del Ministerio Público, porque media la posible comisión de homicidio culposo y otros delitos. Kimberly Evanelia, las demás niñas heridas y sus familias, merecen justicia.
Por favor, no permitamos que los responsables de esta tragedia queden impunes y censuremos de manera implacable a quien se atreva a decir peyorativamente que, en todo caso, «era solo una niña» o que no es más que una «escuelita» de pueblo.
La vida de una niña es invaluable, protejámoslas. Una escuela es mucho más importante que un centro comercial o una fábrica, por lo que no se justifica la negligencia de las autoridades ante riesgos o deficiencias estructurales en los inmuebles donde funcionan centros educativos.
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