Este ejercicio evaluó a un total de 149 652 graduandos. De ellos, el 49.3 % fueron mujeres, 90 % del área urbana, 26.8 % indígenas y 69.7 % ladinos. Por cierto, empecemos a pedir rendición de cuentas de las exenciones fiscales: el 74.1 % de los evaluados fueron alumnos que cursaron el nivel diversificado en el sector privado. Según cálculos de la Superintendencia de Administración Tributaria, el hecho de que los centros educativos privados (CEP) no pagaran el impuesto sobre la renta en 2009 le costó al Estado 172.9 millones de quetzales, y en 2014, 180.9 millones. Sin embargo, al considerar la totalidad de impuestos que debieron pagar, ello significó un costo para el Estado de 631.6 millones de quetzales en 2014. ¿Exenciones fiscales a cambio de resultados mediocres? ¿Así es como construimos la competitividad del país?
Esos magros resultados reflejan en buena medida la deteriorada calidad educativa que vende el sector privado en Guatemala. Así como existen colegios donde más del 95 % de los evaluados alcanzan el logro en matemática y lenguaje, también existe el colegio marca patito, donde menos del 10 % alcanza el logro. Y lamentablemente son estos los centros educativos privados que abundan.
¿Por qué digo que la gran responsabilidad es del sector privado? Según datos del Mineduc, para 2014 el 69.6 % de la matrícula del nivel diversificado se cursó en el sector privado. Existen algunos defensores a ultranza de la privatización de la educación que al no aceptar esta realidad culpan al nivel medio básico. Pero, tristemente, también allí la participación del sector privado es importante, ya que cuatro de cada diez alumnos del último año del ciclo básico estudian en este sector.
Cada vez que se habla de política fiscal y tributaria, nunca faltan las voces argumentando que no se pagan más impuestos porque todo se lo roban o porque el sector público todo lo hace mal. Pero ¿qué tan diferente es la calidad educativa del sector público de la del privado? Sorpréndase. En 2015, el 9.5 % de los graduandos del sector privado alcanzó el logro en matemática y el 6.6 % en el sector público. Es decir, una diferencia de 3 puntos porcentuales los separa. Y en lenguaje esa diferencia se reduce a 2 puntos porcentuales. En otras palabras, un graduando promedio del sector privado no tiene un conocimiento muy superior al del sector público. Es apenas una leve diferencia, que podría ser incluso menor que el error de muestreo.
Incluso al analizar el comportamiento de este indicador en el tiempo resulta que, entre 2007 y 2015, el aprendizaje de la matemática mejoró más en el sector público que en el privado. Y en lenguaje, la mejoría de los sectores en el mismo período fue inferior al 1 % entre ambos.
Cuando el Ministerio Público mostró sus logros en la lucha contra la corrupción, el Cacif le dio la espalda al manifestar públicamente que no está de acuerdo con pagar más impuestos para financiar la transparencia y la seguridad en nuestro país. Ahora que se demuestra que el sector público ha mejorado más que el sector privado en materia educativa, ¿también objetará tributar para financiar una educación pública de calidad? La respuesta histórica ya la escuchó: «No es momento de hablar de más impuestos hasta que se mejore en XYZ porcentajes la optimización de los escuálidos recursos con los cuales cuenta el Mineduc». Ah, y si no se le quedó, ya le dije que no. ¿Qué parte de la palabra no no entendió?
Los resultados obtenidos por el Ministerio Público y la Cicig en su lucha contra la corrupción y del Mineduc en materia educativa evidencian un sector privado cada vez más aislado en la discusión nacional del financiamiento de nuestro desarrollo.
Sirva, pues, esta columna para apreciar el relevante papel que el Mineduc ha jugado en la mejora de la calidad educativa desde 2007 (cuando se tienen mediciones institucionalizadas) y, a su vez, para cuestionar cada vez más el papel de las exenciones fiscales sin beneficios para el Estado.
Por último, aprovecho para recordarles a las madres y a los padres de familia que el artículo 14 del acuerdo gubernativo 52-2015 obliga a los CEP a permitir la participación de la comunidad educativa en la mejora continua de los indicadores de desempeño del colegio. ¡Solicite ese derecho!
Más de este autor