Debemos estar muy atentos y conscientes que en la medida que los contribuyentes cumplamos con responsabilidad y cabalidad el pago de nuestros impuestos, paralelamente tenemos más derecho de exigirle al gobierno cumplir sus obligaciones. En particular, el gobierno debe cumplir con su obligación fundamental de permitir la fiscalización y el control, sin restricción o impedimento alguno.
Y el momento de ejercer este poder ciudadano no se ha hecho esperar. Sólo pocos días después de la aprobación de la reforma tributaria ha estallado un escándalo, a mi juicio de las más grandes proporciones y que constituye un verdadero insulto a todos los que sí estamos dispuestos a cumplir con nuestras responsabilidades.
La hoy Registradora General de la Propiedad, Anabella de León, rayó en el descaro inaceptable y ofensivo al resistirse a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. Ridículamente quiso argumentar tonteras sobre la autonomía de ese Registro, desafiando no solo al propio Presidente de la República y a la ley, sino al fortalecido e insoslayable derecho que tenemos todos los ciudadanos de exigirle a esta señora que se someta a la ley y que actúe como la servidora pública que aceptó ser.
Otrora autoproclamada “diputada contra la corrupción”, se cebaba con la imagen de una suerte de azote de funcionarios, espetando a diestra y siniestra acusaciones de corrupción y opacidad. Ahora, con desfachatez y descaro reclama impunidad, atreviéndose incluso a declarar que rechazó la invitación de Pérez Molina a ocupar un ministerio, replicando “voy a una institución donde no me puedan citar.”
Insulta la señora De León al descaradamente pretender quedar al margen del control y la fiscalización que supuestamente ella misma ejerció como diputada. Al, torpemente, recurrir a argucias y falacias de apariencia legal, la señora De León insulta al pasar por alto la grave falta moral en la que está incurriendo.
Siempre he estado a favor del ejercicio responsable de nuestras obligaciones. Por ello públicamente apoyé la aprobación de la reforma tributaria, porque es el canal mediante el cual accedo al ejercicio democrático de cumplir obligaciones y exigir derechos.
La aprobación reciente de la reforma tributaria carga un enorme peso moral y político sobre el gobierno para mejorar la transparencia y combatir la corrupción. El presidente, la vicepresidenta, los ministros, secretarios y todos los funcionarios y servidores públicos están harto obligados a evitar, sancionar y corregir actos como el de la señora De León.
Es con base a esto que le exijo al presidente Pérez Molina actuar enérgicamente (con mano dura, pues), asegurando que: la Contraloría General de Cuentas no encuentre impedimento alguno para la fiscalización y auditoría, ex ante, concurrente y ex post del Registro General de la Propiedad; que la señora De León, integrante del oficialista Partido Patriota, ofrezca una disculpa pública retractándose de su posición, y sometiéndose a cualquier sanción o pena que le sea aplicable según la ley; una instrucción general a todos los servidores públicos haciéndoles ver la gravedad de resistirse a la acción fiscalizadora del entre contralor.
De no actuar de esta manera a la brevedad, exijo al presidente Pérez Molina la inmediata destitución de la señora De León, y nombrar a una persona honorable, que entienda lo que es ser un servidor público y que no pretenda evadir sus responsabilidades.
Yo, como ciudadano ya estoy cumpliendo mis obligaciones tributando y respetando la ley. ¿Usted señor presidente?
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