Honduras y Guatemala: pactos de corruptos, protestas y crisis política

Cuando el expresidente guatemalteco Álvaro Colom (2008-2012) fue detenido por su vinculación con el “caso Transurbano” estaba previsto que aterrizase en Tegucigalpa (Honduras) dos días después. El arresto se produjo el 13 de febrero, luego de una investigación desarrollada entre el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). El exmandatario se dirigía a Honduras para ejercer como mediador en la disputa abierta entre el Congreso y la Misión de Apoyo contra la Impunidad en Honduras (Maccih). Ironías del destino. Quien estaba destinado a colaborar con el ente internacional que apoya en la lucha contra la corrupción en Honduras, terminó encarcelado por un operativo de la misión internacional en su propio país, sindicado en un caso de corrupción.

El papel de la Maccih y la lucha contra la corrupción, añade leña al fuego a la inestabilidad política desatada en Honduras tras las elecciones del pasado 26 de noviembre, en las que Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, se proclamó vencedor entre denuncias de fraude por parte de la oposición, liderada por Salvador Nasralla y José Manuel Zelaya, de la Alianza de Oposición contra la Dictadura.

El origen del conflicto con la Maccih está en la reforma de la Ley de Presupuestos aprobada el 18 de enero por el Congreso hondureño. Esta incluye una cláusula por la que se impide investigar casos sospechosos de malversación de caudales públicos hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) haya realizado su auditoría, con un plazo de hasta tres años. Esto limitó la capacidad de investigación de la misión de la OEA. La maniobra se da en un momento en el que, precisamente, se había celebrado la primera audiencia del denominado caso de la “red de diputados”, que puso bajo lupa a cinco congresistas por, supuestamente, apropiarse de 8 millones de lempiras (Q 2.492.815). El entonces jefe de la misión anticorrupción lo bautizó como “pacto de impunidad”.

Aquí la primera similitud con Guatemala. En ambos países opera una agencia foránea que colabora con la Fiscalía local ante la debilidad de los Estados para perseguir determinados delitos. En el caso guatemalteco, la Cicig comenzó en 2006 y viene auspiciada por un convenio entre el Estado y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hacer frente a estructuras ilegales insertas en el Estado. En los últimos años, especialmente durante el mandato del comisionado Iván Velásquez, se ha centrado en la corrupción. En el hondureño, la Maccih se instauró el 19 de abril de 2016 tras un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) y su origen está en las protestas anticorrupción desatadas en 2015 tras el caso del saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Se trata de historias que transcurren en paralelo, de instituciones con objetivos similares, dependientes de entidades distintas y marcadas por su propio contexto local. También, en la intervención de Estados Unidos, que incluyó la creación de la agencia como condición para liberar fondos del plan Alianza para la Prosperidad. Se trata de historias que transcurren en paralelo, de instituciones con objetivos similares, dependientes de entidades distintas y marcadas por su propio contexto local.

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La denuncia sobre un “pacto de impunidad” en Honduras la hizo el 24 de enero pasado, Juan Jiménez Mayor, exministro de Justicia de Perú y jefe de la Maccih. En su opinión, la reforma de la Ley de Presupuestos limitaba su capacidad de acción y buscaba blindar a los diputados envueltos en casos de corrupción. Este bloqueo es retroactivo, ya que se aplica desde 2006, cuando llegó al poder José Manuel Zelaya. Este fue depuesto por un golpe de Estado en 2009. Tras el mandato interino de Roberto Micheletti; en 2010 llegó al gobierno Porfirio Lobo, que inauguró una década de mandatos del Partido Nacional. Segunda similitud con Guatemala: El acuerdo, sellado por 68 diputados, tiene semejanzas con el “pacto de corruptos” con el que el Congreso guatemalteco trató de garantizar la impunidad, en septiembre de 2017, de los implicados por el MP y la Cicig en casos de corrupción. En Guatemala, las protestas ciudadanas contra aquella iniciativa forzaron a los diputados a dar marcha atrás. En Honduras nos encontramos en una etapa previa. Los descontentos no aceptan la legitimidad de la asamblea ya que no reconocen los resultados de las elecciones de noviembre, por lo que la disputa es otra. No obstante, el descrédito hacia las instituciones es alto en amplias capas sociales, como explica Joaquín Mejía, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).

El 16 de febrero, a través de una extensa carta, Jiménez denunciaba el escaso apoyo recibido por parte de la OEA y, especialmente, de su secretario general, Luis Almagro, quien días antes había puesto en cuestión su trabajo. Ante las dificultades para desarrollar su labor, Jiménez renunció a seguir al frente de la Maccih. Con él hicieron las maletas Daniel Urrutia, Andrés Paz, Julio Arbizu, su equipo más cercano. En una ceremonia de despedida, que la periodista Jennifer Ávila describió como “el funeral de la Maccih”, Jiménez advirtió que la institución seguía adelante y que próximamente se conocerían nuevos procesos judiciales.

El 27 de febrero, menos de dos semanas después de la marcha de Jiménez, fue arrestada Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014). No obstante, el ya exjefe de la misión alertaba que, si se aplica la norma aprobada por el “pacto de corruptos”, este caso puede quedar en nada. El proceso contra la “red de diputados” ha pasado de la Corte Suprema al Tribunal Superior de Cuentas. El mismo camino que pueden seguir los casos destapados por la Maccih. Incluso, el de Mario Zelaya, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y condenado por el desfalco de US$200 millones (Q1.475,7 millones) de la institución.

Por el momento, Jiménez ha sido sustituido de forma interina por la abogada peruana Ana María Calderón Boy.

La Maccih también ha recibido sus críticas desde la oposición. Mel Zelaya considera que “es un brazo del Departamento de Estado (de EE.UU.) en Honduras. Ellos persiguen a quien quieren y protegen a quien quieren. Esperamos que combatan la corrupción y tienen nuestro apoyo para combatirla”. Celebró las palabras de Jiménez en su despedida, aunque lamentó que estas lleguen en el momento en el que abandona el país y no cuando estaba al frente de la misión.

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Tercera similitud con Guatemala: se trata de una dialéctica similar a la que mantienen determinados sectores de izquierda en Guatemala respecto a la Cicig. Dirigentes sociales como Thelma Cabrera, portavoz de los Comités de Desarrollo Campesino (Codeca), han afirmado que “no podemos descartar que detrás (de la Cicig) está la misma embajada (de Estados Unidos)”. A pesar de ello, la organización campesina participa en las marchas de apoyo a la comisión y le ha solicitado mayor eficacia y ambición en sus investigaciones.

Regresemos a la frustrada mediación de Colom. En realidad, antes de su arresto, ni siquiera estaba claro cuál sería su papel. El exmandatario guatemalteco aseguraba, a primeros de febrero, que su misión era apoyar la agenda de fortalecimiento democrático y reformas electorales, mientras que el propio Gobierno hondureño lo vinculaba como nexo entre la misión anticorrupción y el Congreso. En realidad, da igual, ya que su detención y encarcelamiento le dejó fuera de la jugada. Un golpe para la OEA, en palabras de Zelaya.

El Partido Nacional, por su parte, se mueve entre mostrar apoyo a la misión anticorrupción auspiciada en su momento por el propio Juan Orlando Hernández y las críticas más o menos veladas. “Primero investiguen, después acusen”, afirmaba en enero pasado Mario Pérez, presidente de la bancada del Partido Nacional. Al igual que en Guatemala, las referencias al “debido proceso” son habituales entre las élites políticas en Honduras. Se da la paradoja de que los mismos actores que dieron origen a la Maccih son ahora los que la critican. “Es posible que Hernández considerase que con el control que tenía de la institucionalidad, pensase que podía controlar la misión”, reflexiona Joaquín Mejía.

“Parece que hayan calcado los ataques a la Maccih de los ataques a la Cicig”, agrega el investigador.

Para terminar de complicar la situación, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) admitió a trámite el martes 20 de marzo un recurso que reclama la “inconstitucionalidad” del convenio suscrito en 2016 entre la OEA y la República de Honduras, que dio vida a la Maccih. La apelación fue presentada por la representación legal de los mismos cinco diputados (Augusto Cruz Asensio, Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Dennys Sánchez y Eleázar Juárez) señalados por apropiación indebida y cuyo caso ha pasado a manos del Tribunal de Cuentas. La Corte ya tuvo que expresar su opinión en 2016, tras la firma del acuerdo. A pesar de ello, ha dado curso a la demanda.

“El futuro es desalentador, la Maccih ha quedado mermada”, reconoce Joaquín Mejía. “Quieren desmantelarla y no solo desde sectores del gobierno, sino también en la OEA y administraciones como la mexicana, que no quieren que un modelo así sea exitoso”, añade. Expresa su preocupación por el futuro de la institución y por el de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción. Pone su esperanza en la reacción que puedan tener los donantes internacionales, entre los que se encuentra Estados Unidos, y la ciudadanía. Una ecuación que se asemeja al estado de opinión posterior a cada ataque a la Cicig. Lo contrario, considera, implica el debilitamiento de una de las pocas instituciones “que no está bajo control del Gobierno”.

Diálogo en la ONU y grietas en la Alianza

La crisis abierta entre la Maccih y el Congreso hondureño añade leña al fuego a una crisis ya de por sí convulsa. La situación no ha cambiado sustancialmente, con Juan Orlando Hernández en la presidencia y la oposición en las calles. Lo que marca la diferencia es el tiempo, que siempre corre a favor de la institucionalidad.

“Nosotros estamos en protesta permanente hasta que se busque el punto de equilibrio, que es el diálogo nacional para buscar un consenso de salida a la crisis política”, explica Manuel Zelaya. “Hay una crisis de inseguridad, una crisis de pobreza, una crisis grave en materia de gobernabilidad institucional y hoy una crisis política creada por el fraude que le niega el triunfo a Nasralla”, añade el exgobernante.

Si la base es el reconocimiento del triunfo de su candidato, parece difícil que se encuentre un punto de acuerdo con el Partido Nacional. A pesar de ello, se ha puesto en marcha una mesa de partidos para explorar las posibilidades de un diálogo nacional. Esta iniciativa está liderada por la ONU, a través de su representante Igor Garafulic. Por el momento han acudido a la convocatoria el Partido Nacional, el Partido Liberal (ambos han sostenido el bipartidismo hondureño durante más de un siglo, aunque los liberales reconocieron el triunfo de Salvador Nasralla), el PINU-SD (Partido Innovación y Unidad-Social Demócratas, una formación que forma parte de la alianza opositora) y la Alianza. Es decir, enviados de Nasralla, su candidato.

Quien no se ha sentado en la mesa es Libre, que considera que la iniciativa sirve para “legitimar” al actual presiente, ya que no parte de la base de impugnar su triunfo. Esto ha provocado una disputa entre Zelaya y Nasralla. El primero le acusa de estar siendo “utilizado” y de no cumplir con los compromisos de su acuerdo. El segundo asegura que enviados de Libre han mantenido encuentros con el Partido Nacional a sus espaldas. No es la primera ocasión en la que se observan contradicciones entre los diferentes líderes opositores. O proclamas que posteriormente son desmentidas. La brecha interna ha llegado hasta tal punto que Zelaya, por medio de Twitter, convocó a una asamblea general para el 15 de abril, en Tegucigalpa, en la que se debatirá sobre la continuidad de la Alianza. 

Que la oposición se resquebraje muestra hasta qué punto la variable del tiempo es fundamental. Al mandatario hondureño le ha bastado con aguantar. Vladimir Aguilar, secretario de Prensa del Comité Ejecutivo del Partido Nacional, asegura que las protestas han decrecido, que ya no hay disturbios. Cree que hay que investigar las muertes denunciadas por la ONU y confía en la mesa de diálogo promovida por Garafulic. El escenario que dibuja no es el de alguien que teme que su partido pueda perder el poder.

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Las conversaciones están en una etapa preliminar y ni siquiera se ha escogido un mediador. Entre las opciones que se barajan están las de los expresidentes de México, Ernesto Zedillo; de Chile, Michelle Bachelet, y de Guatemala, Vinicio Cerezo. No parece factible que agentes que no comparten un mismo punto de partida puedan llegar a un acuerdo concreto. Tampoco la comunidad internacional tiene capacidad coercitiva.

Las misiones internacionales de observadores reconocieron irregularidades en el proceso electoral. La OEA llegó a plantear la repetición de elecciones. Nada tuvo impacto en la institucionalidad hondureña, mucho más condicionada por el reconocimiento del triunfo de Hernández realizado por la embajada de Estados Unidos a finales de diciembre. A pesar de ello, Zelaya no se siente abandonado. “La comunidad internacional tiene sus reglas y hay que aprender a respetarlas. No hay un derecho internacional fuerte para el mundo. El consejo de Seguridad de la ONU son cinco países, ahí no hay democracia. La OEA es el ministerio de las colonias norteamericano. ¿Para qué sirve? Como instrumento para atacar a Venezuela. Pero aquí que hay una dictadura, calla. Son instrumentos que tienen sus altos y sus bajos. Aprovechamos lo bueno que podemos conseguir, los tenemos en alta consideración pero conocemos sus debilidades”, asegura.

El panorama solo puede entenderse como una continuidad de 2009. Un gobierno que se afianza, una oposición que se aferra a la calle.

En la calle desde 2009

Cinthia Palencia tiene 32 años y madera de guerrera. Esta hondureña es madre soltera con dos hijos a su cargo, trabajadora cuando puede, siempre cobrando mucho menos del salario mínimo y, cuando la ocasión lo permite, presente en las marchas de protesta. Si nos encontrásemos en la Antigua Roma, su cuadriga sería un vehículo envejecido con apenas gasolina. Si estuviésemos en la Edad Media, su estandarte sería una bandera del partido Libre (acrónimo de Libertad y Refundación), la formación fundada en 2013 por el expresidente José Manuel Zelaya, depuesto cuatro años antes tras un golpe de Estado. Sin embargo, estamos en Tegucigalpa, en febrero de 2018, y su escudo se limita a un pañuelo y el vinagre con el que protegerse de los gases lacrimógenos. Su exiguo pero aguerrido escuadrón está compuesto por otras tres amigas del barrio de Morazán, en el centro de la capital hondureña. A ellas no las podremos presentar porque Honduras vive tiempos turbulentos y se ha extendido el miedo a las represalias.

Un informe firmado por 50 oenegés hondureñas que se presentó en Bogotá ante la 137 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifra en 38 las víctimas mortales durante el período postelectoral, además de 393 heridos, 76 casos de tortura, 105 desplazados por su adscripción política, 1,275 arrestos, 89 personas criminalizadas, 24 de las cuales están en prisión preventiva y 15 periodistas detenidos. La ONU reduce el número de muertos hasta los 23, 22 civiles y un policía, señalando directamente a las fuerzas de seguridad hondureñas como responsables en el uso excesivo de la fuerza. Los detractores del Gobierno, agrupados en la Alianza, mantienen como única estrategia seguir en las calles. “Vamos a la protesta permanente. Estamos en un período de insurrección que nos manda la Constitución de la República y esta es nuestra labor en todos los campos. El miembro de Libre que no entiende este mensaje es el que está del lado de la derecha conservadora que gobierna, de la dictadura”, dice José Manuel Zelaya, expresidente de Honduras y coordinador general de la Alianza.

Mientras, las cifras generales muestran un país con graves carencias. Según datos del Banco Mundial de 2016, más del 60% de los hondureños está en situación de pobreza, con un 42% en pobreza extrema, lo que significa que disponen de menos de US$2,5 (Q18,34) por día. Esta misma institución ubica al país a la cabeza de la desigualdad en América Latina, con un 53,3% según el coeficiente Gini. En el ranking mundial, ocupa el sexto lugar, mientras que Guatemala ocupa el noveno.

Los datos sobre la represión no amedrentan a Palencia. “No tengo miedo”, dice, en un pequeño apartamento en Morazán que tiene previsto abandonar pronto, para alquilar un cuarto con una compañera. Ha tenido que mandar a sus dos hijos a vivir con su mamá, para prevenir. Si algo le ocurriese, y en Honduras ocurren cosas a los manifestantes, quiere que estén lejos. Para ella, este tipo de precauciones no es algo nuevo. Lleva en política desde 2009, desde el golpe de Estado que expulsó de la presidencia a Zelaya para ser sustituido por Roberto Micheletti. “Mi hijo me dice que me cuide”, dice. “Ya me han golpeado. Ya viví la experiencia de los toletes”, afirma, con ironía.

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En su opinión, la represión es un elemento distintivo de la nueva fase. “Es más fuerte. No solo son toletes, nos tiraron a bala viva”, dice. Según Zelaya, la evolución tiene que ver con “la conciencia del pueblo”. “En 2009 la gente abrió los ojos y se dio cuenta de que este es un mundo despótico y cruel. En 2013 perdimos elecciones por un fraude, no tan grande como este. El pueblo no abrió los ojos, sino que despertó. Ahora en 2017 se puso de pie”, afirma.

Mientras se prepara para la caravana de carros que tuvo lugar en Tegucigalpa el 22 de febrero, Palencia hace una radiografía de su vida, vinculada desde hace una década al movimiento opositor. Su relato solo se rompe por las insistentes llamadas telefónicas que recibe. El tono es la canción “JOH, es pa´fuera que vas”, compuesta por los hermanos Mejía y convertida en el himno opositor durante la campaña. Su historia tiene un doble valor: sirve para explicar las duras condiciones en las que se mantienen miles de hondureños y cómo estas se ven afectadas por la política; también nos muestra cómo piensa ese sector que se mantiene en pie de guerra desde hace una década, cuando el golpe de Estado expulsó del poder a Zelaya y se abrió una época de dominio “cachureco”. Son los irreductibles, los que no dejan de manifestarse, los que hacia fuera siempre ven el vaso de la oposición medio lleno. Es la política a ras de suelo, más allá de los despachos.

La extraña pareja en “la noche de los miguelitos”

Estamos en Tegucigalpa, es 22 de febrero, la Alianza ha convocado una caravana de carros que atraviesa toda la capital hondureña para concluir en la oficina de Naciones Unidas. Cinthya Palencia maneja, sus amigas sacan medio cuerpo por la ventanilla y exhiben las banderas. “Fuera JOH y fuera los maridos”, dice una de ellas, entre risas. Son mujeres duras. Han tenido que sacar adelante a sus familias sin ayuda de nadie, en una sociedad terriblemente machista en la que, por ejemplo, 471 mujeres fueron víctima de feminicidio en 2015, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. El interior del carro es un horno, con bromas que harían sonrojar al brocha más descarado. El ambiente que se respira en el exterior es contradictorio. La protesta tiene un aire extrañamente festivo, como de euforia, incrementada por las tonadillas electorales que suenan desde algunos picops. Las elecciones pasaron hace tres meses y, aunque la oposición siga clamando por el fraude, Juan Orlando Hernández es el que está sentado en el despacho presidencial.

Regresemos a la caravana. El acto no tiene nada de especial, no es un evento distinto al que semanalmente convoca la Alianza para mantener viva la protesta, pero sirve como termómetro. Contar el número de carros es tarea imposible, pero cuando la marcha llega a la ONU y Zelaya ofrece su discurso no serán más de 500 los asistentes. En cabeza, desde el inicio, unos 60 motorizados. Son una especie de servicio de seguridad que abre el paso y retira de la calzada los “miguelitos”, utensilios creados mediante la soldadura de varios clavos que sirven para pinchar las llantas de los vehículos que se suman a la protesta. Según los organizadores, cerca de 20 carros sufrirán sus consecuencias. Entre ellos, el del taxista que acompaña a los periodistas de Plaza Pública, que se quedará tirado en una carretera de camino a la colonia El Pedregal con una llanta inservible. La Alianza responsabilizará a los integrantes de la Policía Militar de Orden Público encargados de custodiar la marcha. Un agente motorizado había advertido sobre la presencia de clavos en la vía cuando cruzaba un puente que enfila hacia la colonia Kennedy. De allí era originaria Kimberly Dayana Fonseca, de 19 años, la primera víctima del  toque de queda que siguió a las protestas postelectorales. Ni siquiera estaba marchando, pero recibió un disparo en la cabeza. Nadie dará una explicación oficial sobre la siembra de clavos al paso de la marcha opositora, aunque resulta difícilmente creíble que sea un autosabotaje de los propios manifestantes.

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Tras los motorizados, ajenos a los “miguelitos”, Zelaya y el antiguo candidato, Salvador Nasralla, siempre acompañado por su esposa, Iroshka Elvir, lideran la caravana. El primero maneja un picop y se baja para saludar a los seguidores que le salen al paso, cacerola en mano, en cada colonia. El segundo marcha en la parte  trasera de otra camioneta, como el personaje principal de un desfile en su carroza. No hace falta mirar con mucha atención para percibir que desentona entre tanta estrella roja y siluetas de Ernesto Che Guevara. Es como si lo hubiesen trasplantado, desde el plató de televisión, a una marcha de revolucionarios. Ambos, Zelaya y Nasralla, forman una extraña pareja, especialmente en lo ideológico. Y eso que todavía no han protagonizado su enésimo desacuerdo, quién sabe si el último. El primero asegura que formó un gobierno de “centro izquierda” y que, cuando percibió la hostilidad de la “oligarquía” dijo “quiten lo de centro”. El segundo, que en una entrevista realizada en diciembre se definía como “ni de izquierda ni de derecha”, tiene una carrera como presentador televisivo, empresario y luego candidato outsider del Partido Anti Corrupción (PaC), que no lo ubica en posiciones excesivamente subversivas. Si no fuese por su rechazo al Partido Nacional, resultaría difícil comprender cuál es el pegamento que mantiene la entente unida.

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“Es alguien de centro derecha en una unión mística con Libre, con la izquierda”, dice Zelaya. “La alianza funcionó”, dice el expresidente. Afirma que ellos ganaron las elecciones, aunque nadie lo haya reconocido.

El idilio entre Nasralla y Zelaya pasó por una primera y breve ruptura el 22 de diciembre, cuando el candidato anunció que abandonaba la Alianza después de que Washington reconociese el triunfo de Juan Orlando Hernández. Su espantada duró un día. “Hubo un grupo que lo mal asesoró, diciendo que EE.UU. lo iba a poner de presidente si me apartaba a mí, si paraba las movilizaciones. Yo le expliqué y el rectificó. Pero eso es la asociación con Nasralla, una asociación política, coyuntural, para ese proceso electoral”, dice Zelaya. Si el acuerdo es “coyuntural”, cabe preguntarse si el expresidente ya piensa en una candidatura a cuatro años vista. “Ahorita no hay tiempo para hablar de eso”, responde.

Si comparamos la caravana de autos con los actos masivos que siguieron a la jornada electoral, en los que se congregaron multitudes, puede llegarse a la conclusión de que las protestas han perdido intensidad. El 27 de enero, cuando Hernández tomó posesión como presidente, se celebró la última protesta de envergadura, que terminó con enfrentamientos con la policía. Desde entonces, da la sensación de que las marchas han disminuido en afluencia. Zelaya lo niega. “No ha bajado. Lo que ha bajado es la estrategia de lucha, que los mismos pueblos organizan. Ahora hay un repliegue táctico para reorganizarse porque vemos contra quién estamos luchando. Nosotros creíamos que estábamos luchando en las urnas, y ganamos cívicamente, pero ahora nos salen con militares, con gases, con muertos, con asesinatos y con el silencio de EEUU, el imperio. Necesitamos reconstruirnos nuevamente para seguir en la lucha”, dice. Cinthia Palencia es de la misma opinión. “No han bajado”, responde. “El problema no es que baje, es que la gente a veces no puede asistir a ciertos lado”, asegura, aunque admite que existe cansancio entre parte de las bases. Ella considera que sería más eficaz recurrir a las tomas de carretera y no a las movilizaciones.

Zelaya y Palencia, dirigencia y base, coinciden en una idea: mantener las protestas como única alternativa.

Consecuencias sociales de ser opositora

“Si no le sacamos ahora… estamos en la mierda”, dice Palencia, que a pesar de todo no deja de sonreír.

Suele decirse que “de casta le viene al galgo” y en el caso de Palencia, su activismo político tiene una vertiente casi genética. “Siete profesores en la familia y los siete de Libre”, dice. Explica que quien inició la tradición de apoyo a Zelaya fue su abuelo, José Trinidad Reyes Palencia, antiguo jugador del Motagua (uno de los dos grandes clubes de Honduras) y de la selección nacional quien marcó la tendencia. “Él era liberal, pero en las elecciones después del golpe no votó”, dice. “Nos revisaba los dedos y, si alguien había votado, no entraba en casa”, añade. El domicilio de Palencia tiene casi un mausoleo de su abuelo, fallecido hace seis años. “Mel le visitó antes de morir”, dice, con orgullo.

No es fácil salir adelante como lo hace esta mujer. Dice que, desde que Zelaya fue expulsado del poder, apenas ha tenido empleo estable. Trabajó en el banco Uno S.A., pero fue despedida Citibank adquirió la entidad. Eso fue un año antes de la asonada militar. Sus hijos tenían entonces cuatro y un año de edad. Ella recién se había separado. Luego llegó el golpe, las protestas eternas, una estancia en Nicaragua, cuando Mel estaba exiliado, de la que regresó decepcionada. “Estábamos dispuestos a todo, pero muchos compañeros iban a pasarla bien, no a comprometerse”, dice. Trabajó en Tigo, donde le contrataban únicamente por dos meses para no pagarle prestaciones. Actualmente, sobrevive vendiendo pasteles por encargo. Dice que, en un buen mes, puede reunir 2 mil lempiras (Q623,25). El cuarto al que va a mudarse le cuesta 1.500 (Q 467,44). Tiene que pagar 1.200 (Q 373,95) de la matrícula de su hija menor de este año y el pasado. “Antes no nos cobraban”, explica. Su madre le apoya con los estudios de su hijo mayor.

El contexto político afecta también a la hora de recibir las bonificaciones gubernamentales. Palencia denuncia que, a causa de su activismo opositor, a su hija le retiraron una beca escolar. Según explica, existen tres fórmulas con las que el Gobierno apoya a familias con necesidades, especialmente cuando tienen menores a su cargo. Se trata del “bono 10.000”, el “Vida Mejor” y las becas. A ella le correspondía el “Vida Mejor”, que consiste en el pago anual de 10 mil lempiras (Q3,116.27) en cuotas mensuales de 833, por parte de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar del Gobierno de Honduras. Ella afirma que lo recibió “dos o tres veces”, aunque por un monto de 2 mil (Q623,25). “Al ser del partido contrario, a uno le sacan de la lista”, protesta. El clientelismo es uno de los mecanismos aplicados por el Partido Nacional para mantener el control sobre el territorio. Para ello dispone de un ejército de trabajadores sociales, denominados “guías de familia”, que cobran 4 mil lempiras (Q1,246.51), la mitad del salario mínimo. El sueldo lo perciben del partido, pero sus labores tienen que ver con la administración: hacer listas de posibles beneficiarios de ayudas para vivienda, intermediación con las instituciones… y control sobre los vecinos que muestran simpatías hacia la oposición.

En las calles y en los despachos de Honduras, la disputa se mantiene, abre nuevos caminos y se aleja de la posibilidad de una solución duradera. Luchas por el poder; la población, en medio.