Anualmente, desde ese día, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) en Guatemala toma las calles con la demanda de justicia por los desaparecidos y asesinados por el Ejército de Guatemala. Lo hace el 30 de junio para destacar que no es una fecha que llene de orgullo, sino más bien una que marca el aniversario de una institución que por donde pasa deja el rastro de la sangre derramada del pueblo que jura defender.
En 1954, lejos de impedir la invasión mercenaria que impulsó el golpe contra el gobierno legítimo de Jacobo Árbenz Guzmán, el Ejército, en un acto de traición a la patria, se alió al invasor. A partir de allí siguió su entrega al servicio de fuerzas ajenas a Guatemala y mantuvo una guerra contra su propio pueblo ante el alzamiento armado de organizaciones que vieron en ello el único camino posible para acabar con la injusticia.
Pese a contar con las herramientas legales para combatir a la insurgencia, el Estado de Guatemala impulsó el proyecto contrainsurgente y estructuró un ejército agresor e invasor de su propio territorio. A lo largo de las más de tres décadas que duró el conflicto armado interno, las fuerzas de seguridad civiles y militares, así como sus aparatos paramilitares, asesinaron a más de 200,000 personas. Las mismas estructuras desaparecieron a cerca de 50,000, entre quienes hay por lo menos 5,000 niños y niñas. Con su maquinaria de muerte, la política contrainsurgente arrasó más de 600 aldeas a lo largo y ancho del país.
La saña represiva se enfocó en los movimientos sociales de estudiantes, de docentes, de personas trabajadoras de la ciudad y del campo que se organizaban, de colectivos comunitarios, de profesionales de la universidad y de pueblos indígenas.
[frasepzp1]
Todos son crímenes contra la humanidad que configuran también el delito de genocidio. Por esos hechos y durante décadas las organizaciones de familiares de víctimas y de sobrevivientes buscaron justicia. En algunos de esos casos ha llegado. Tardía, pero ha llegado. Pese a todos los contratiempos, y con paciencia de hormiga, han trabajado en la formulación de las acusaciones y han aportado evidencias, testimonios y memoria para demandar que los responsables den cuenta de sus crímenes ante la justicia que les negaron a sus víctimas. No plantean venganza. Es más: ofrecen a los criminales, muchos ya octogenarios, las garantías procesales y el derecho a un debido proceso que estos les impidieron ejercer a las personas asesinadas o desaparecidas. Ninguno ha sido torturado ni violentado, como sí lo hicieron ellos con quienes cayeron en sus manos.
Sin embargo, a lo largo de los años, los sectores que procuran impunidad por estos hechos atroces no cejan en su afán de darle base legal a esta. A los constantes intentos por eliminar los delitos de genocidio y de lesa humanidad de la Ley de Reconciliación, en 2019 el diputado Fernando Linares Beltranena pretendió una ley de impunidad con su iniciativa 5,377, la cual fracasó.
No conformes, ahora, de la mano de la diputada Lucrecia Marroquín, del partido de Zury Ríos, hija y heredera política de Efraín Ríos Montt, llega la iniciativa 5,920, nacida del cerebro tenebroso del también diputado Antonio Arenales Forno. Al igual que la anterior, esta iniciativa pretende legalizar la impunidad, ponerles punto final a los procesos de justicia, dejar en libertad a los criminales ya sentenciados e impedir el inicio de nuevos procesos.
Por eso, la marcha permanente de Hijos Guatemala es más que necesaria. Es un ejercicio permanente de memoria que, como la misma organización enfatiza, constituye un grito por la justicia en el que «no es la nostalgia, [sino] la memoria de la posibilidad».
Más de este autor