Las alertas de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) empiezan de nuevo a rezar la letanía de los territorios afectados por derrumbes, deslizamientos o inundaciones: Motagua, Los Esclavos, Samalá, Michatoya, etc...
Los días de lluvia deberían obligar a Guatemala a voltear a ver sus cuencas.
Con cuenca tienen que ver los muertos por deslizamiento en Panabaj durante el Stan. Con cuenca tienen que ver las 40,000 viviendas inundadas durante el Mitch. Con cuenca tiene que ver la destrucción de más de cincuenta puentes y las 16 mil personas incomunicadas durante Agatha, y con cuenca tiene que ver la pérdida de suelo agrícola y bosques del país, que según los cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) arriba los mil setecientos millones de Quetzales sólo el año pasado.
En época seca, nadie presta atención a las cuencas. Esa parte del territorio alrededor de un río no constituye una división administrativa del país. Tiene una institucionalidad muy débil que no cuenta con presupuesto propio, ni autoridades legítimas. Queda muy alejada de las preocupaciones del habitante de la ciudad que, difícilmente, puede imaginar que sus acciones cotidianas tendrán consecuencias para los pobladores de las partes bajas. En otras palabras, hoy por hoy, las cuencas no representan territorios de “gestión” donde convergen ciudadanos y poder público alrededor de una visión común y acciones planificadas de transformación.
Las cuencas forman parte de la historia y geografía del país. Algunas cuencas son muy visibles y han servido como vector de asentamiento de la población en nuestro territorio. Podemos mencionar la cuenca del Motagua, por ejemplo, que por su carácter navegable ha permitido la entrada de los colonos y la fundación de pueblos a lo largo de su río. Otras cuencas, como las del Pacífico, no han sido utilizadas para la navegación o la comunicación pero han sido claves para la ubicación de algunas actividades económicas como la producción agrícola. ¿Qué sería de los ingenios de la Costa Sur sin la utilización exclusiva de las aguas del Coyolate, Achiguate o Madre Vieja?
En otros países, el acondicionamiento de las cuencas ha sido el vector de transformación del territorio. Después de la segunda guerra mundial, las operaciones de ordenamiento territorial del Rio Rhône en Francia han sido claves para el despegue de actividades como la vinicultura, la producción de arroz, el turismo, el desarrollo energético nuclear o el transporte fluvial. Todos esos sectores comparten el mismo recurso “agua” sobre más de ochocientos kilómetros, con una lógica racional y participativa. Más cerca de nosotros, un ejemplo clásico de organización de una cuenca fluvial es el de la T.V.A. (Tennessee Valley Authority en Estados Unidos), constituida en 1933 para salvar a una de las regiones más fuertemente afectadas por los eventos naturales. En ambos casos, el río se revela no sólo como un instrumento de unificación de fenómenos físicos sino también como un objeto de articulación de grupos humanos. Su importancia es doble; por una parte la multiplicidad de objetivos pretendidos: control de las aguas y reducción de las crecidas, mejora de la navegabilidad, desarrollo agrícola mediante riego y desarrollo industrial por medio de la obtención de energía eléctrica barata; y por otra el carácter integral de la obra que da coherencia a las operación de acondicionamiento.
En nuestro país, han existido una serie de avances institucionales en el tema. El MAGA, el MARN, INSIVUMEH y SEGEPLAN han avanzado en propuestas concretas para la planificación de las cuencas. Ejemplos locales como la cuenca del Río Naranjo en San Marcos o las experiencias de gestión de micro cuencas en San Jerónimo, son exitosos. Pero en ausencia de una verdadera ley de agua, de una férrea voluntad de inversión y de nuevos arreglos institucionales, el impacto quedará muy limitado.
El desarrollo de Guatemala pasa por inscribir el enfoque de cuenca como un elemento esencial, en el centro de sus políticas ambientales, en lo profundo de su sistema de planificación de la inversión pública y en la médula de sus mecanismos de decisión política. Gestionar las cuencas del país significa poner en marcha procesos de ordenamiento de ese territorio y definir un lugar para cada cosa y ubicar cada cosa en su lugar, es decir establecer normativas para potenciar la reforestación de las partes altas de las cuencas, definir regulaciones para incentivar las prácticas productivas amigables, prohibir actividades económicas que propician el deterioro de los suelos y poner en marcha reglas claras de construcción en zonas libres de riesgo para la inversión pública y privada. La gestión de cuenca pasa también por la planificación hídrica, el acondicionamiento de obras hidráulicas, la construcción de embalses, bordas o dragados.
En tiempos de lluvia, regresa la preocupación por el cambio climático. Y con ello, la necesidad de definir y gestionar políticas públicas que permiten adaptarnos mejor como sociedad a los efectos del clima. Requiere también del entendimiento de la población que comparte un mismo territorio donde las acciones de los de arriba afectan a los de abajo y, de arreglos institucionales para hacer converger todos los sectores en una visión compartida sobre nuestras cuencas.
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