Cerrar

x
Menú
Facebook Facebook
Buscar
Ayuda
Guatemala está expuesta a toda clase de desastres, excepto a tormentas de nieve (por el momento)
Ir
Un árbol quemado en la entrada de la comunidad San Miguel Los Lotes, Escuintla, tras la erupción del volcán de Fuego, el 3 de junio de 2018 / Simone Dalmasso

Guatemala está expuesta a toda clase de desastres, excepto a tormentas de nieve (por el momento)

“Los riesgos naturales que afectan a Guatemala, son inevitables. Los eventos sísmicos y volcánicos son parte de la realidad"
Si el Estado no toma medidas para revertir las vulnerabilidades del país, el riesgo de sufrir una tragedia aumenta
redes sidebar
Tipo de Nota: 
Información

Tiempo aproximado de lectura: 21 mins

Guatemala es una bomba de tiempo: su posición geográfica, sus accidentes naturales, su densidad poblacional, los elevados niveles de pobreza y la poca voluntad política de sus autoridades, colocan al país como el quinto con mayor riesgo de sufrir un desastre natural a nivel mundial. Los expertos sugieren estrategias para educar a la población y, fundamentalmente, planes de reordenamiento territorial para reducir la vulnerabilidad.

Guatemala es el quinto país en el mundo con mayor riesgo de sufrir desastres naturales. El dato no es nuevo. Lo advirtió en 2010 el Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (GFDRR, en inglés) y el Banco Mundial (BM), en un estudio sobre la Gestión de Riesgos y Desastres en América Latina y el Caribe. En ese estudio, realizado con base en el análisis de datos de 1982 a 2008, el GFDRR determinó que la combinación de una alta densidad poblacional, la pobreza extrema y su constante exposición a desastres naturales, hacen que Guatemala sea un país de “alto riesgo”.

“La alta vulnerabilidad del país por el riesgo de desastres naturales, tiene un alto costo humano y un impacto negativo en la productividad, lo que a su vez retrasa el desarrollo”, señalaba entonces el GFDRR.

Y es que Guatemala esta propensa a sufrir desastres naturales de cualquier naturaleza, en cualquier momento. Otro reporte del GFDRR, publicado en 2007, señala que el país está amenazado de manera permanente, con una peligrosidad “alta” por inundaciones fluviales, urbanas y costeras; terremotos, desprendimientos de tierra, tsunami, erupción volcánica, ciclón, calor extremo e incendios forestales. Solo en escasez de agua, el nivel de peligro baja a “medio”.

Expertos del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) de la Universidad Rafael Landívar, señalan que, a excepción de tormentas de nieve, Guatemala está expuesta a toda clase de desastres naturales. Al menos —un alivio— hasta que los efectos del cambio climático se intensifiquen y las heladas y nevadas lleguen hasta las zonas tropicales del continente como prevén los expertos que podría ocurrir en el futuro.

[relacionadapzp1]

La clasificación de los niveles de peligro por desastres naturales a los que está expuesto el país los hace el GFDRR a través de Think Hazard, una herramienta tecnológica que, a partir del análisis de una serie de variables sobre las condiciones geográficas, climatológicas y socioeconómicas, “destaca los peligros” y alerta sobre los niveles de atención para reducir los riesgos.

El Índice de Gestión de Riesgo (INFORM) del Comité Permanente Interinstitucional de la Unión Europea, “la primea metodología global, objetivo y transparente para comprender el riesgo de crisis humanitarias y catástrofes”, en 2017 y 2018 ha ubicado a Guatemala como el país latinoamericano con el mayor índice de riesgo, el más vulnerable y el menos capaz de lidiar con estos peligros.

Guatemala, Haití y Honduras, advierte el INFORM, son los únicos países del continente con “muy alto riesgo” de sufrir desastres o crisis humanitarias.

El INFORM se crea con el análisis de 82 indicadores de dos categorías: riesgos naturales y grupos vulnerables. Se toman en cuenta, por ejemplo, antecedentes de peligros naturales, vulnerabilidad socioeconómica, estructura institucional y gubernamental, entre otras. Es decir que la combinación de riesgos, la falta de recursos y un gobierno ineficaz, colocan a Guatemala como el país más propenso a sufrir desastres en el continente.

“Los riesgos naturales que afectan a Guatemala, son inevitables”, señala Ottoniel Monterroso, director del Iarna. Los eventos sísmicos y volcánicos, dice, “son parte de la realidad con la que debemos convivir”. No se puede hacer nada para escapar de ellos, pero sí se puede reducir la vulnerabilidad, y con ello evitar la muerte y sufrimiento de miles de personas expuestas al peligro por estos fenómenos.

A pesar de los múltiples estudios e informes de organismos e instituciones científicas nacionales e internacionales que durante décadas han advertido sobre la vulnerabilidad del país y han urgido a las autoridades la implementación de estrategias para hacer frente a esa situación, el Estado ha puesto poco interés.

[frasepzp1]

Julio Martínez, oficial del programa de Prevención de Crisis y Recuperación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es más optimista al respecto. Asegura que el país cuenta con las políticas e iniciativas para reducir la vulnerabilidad, y que las mismas han sido puestas en marcha por las autoridades. Cita como ejemplo “la sinergia” que existe entre la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para reducir la vulnerabilidad. Sin embargo, no precisa en políticas públicas, leyes o planes concretos.

Cada vez que ocurre una catástrofe, como la erupción del volcán de Fuego el pasado 3 de junio, lo que más se evidencia en medio de las crisis “es la falta de compromiso y voluntad política por parte del gobierno”, señalan los expertos del Iarna.

Desastres recientes

En los últimos 50 años Guatemala ha sufrido huracanes, inundaciones, derrumbes, deslizamientos y terremotos; desastres naturales de gran envergadura que ha cobrado la vida de miles de personas. Los resultados de estas tragedias respaldan las apreciaciones de Think Hazard y del INFORM, que señalan que un país en riesgo, pobremente organizado y regido por un gobierno apático, propician desastres y muertes.

El deslizamiento de El Cambray II, en octubre de 2015, por ejemplo, cobró la vida de 253 personas según cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). El desastre pudo evitarse si las autoridades hubieran atendido a tiempo las advertencias sobre el peligro, y reubicado a los vecinos del lugar.

En 2016, según la Conred, en Guatemala se registraron 463 eventos naturales que afectaron a 445,628 personas, dejaron 57 muertos, seis personas desaparecidas y 108 heridas. La Conred denomina “evento” a todos los hechos que han requerido de su atención como consecuencia de un hecho de origen natural, y que han afectado a una o más personas.

En mayo del año pasado una violenta caída de granizo afectó varias zonas del país. En julio el volcán de Fuego presentó su sexta erupción en el año. En septiembre 3,586 personas fueron afectadas por un terremoto que ocasionó derrumbes y daños severos en 64 viviendas. A finales de septiembre las lluvias afectaron a más de siete mil personas y dañaron cerca de 430 viviendas; las lluvias también propiciaron derrumbes, hundimientos, colapsos y hasta 21 muertes. En octubre, al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología y Hidrología (Insivumeh) le preocupaba el nivel de humedad en el suelo, pues era similar a los registros obtenidos durante las tormentas Stan y Mitch, que en su momento cobraron cientos de vidas.

En 2017 la Conred atendió 2,187 eventos de orden natural; y 797 en 2015.

Iarna

En septiembre de 2016, la Conred presentó el mapa de amenazas en Guatemala, el cuál identificaba 4,587 puntos con amenaza de deslizamiento y 5,464 con amenaza de inundación. Esa información la tienen detallada por municipio. La Conred también tiene identificados los puntos de alto riesgo, calamidad pública y sitios de observación. Según estos, Guatemala tiene 14 puntos de alto riesgo, cinco de ellos ubicados en la capital.

De los 288 volcanes que tiene el país, la Conred vigila de manera permanente a los cuatro que se mantienen en actividad eruptiva (Fuego, Pacaya, Tacaná y Santiaguito).  

El mapa de amenazas por cambio climático, publicado el año pasado por el Iarna y que combina todos los riesgos que enfrenta Guatemala, sitúa a Huehuetenango, Quiché y Baja Verapaz como los departamentos más vulnerables del país.

[relacionadapzp2] la construcción social del riesgo

Estos accidentes geográficos y fenómenos naturales son el origen del riesgo a desastres que enfrenta el país, pero no lo determinan. El riesgo, según la geógrafa guatemalteca, Marta Méndez, “está condicionado por la presencia simultánea en el tiempo y en el espacio de la amenaza y la vulnerabilidad”. Las amenazas, explica, corresponden a eventos naturales con posibilidad de ocurrencia en un territorio determinado, estos pueden ser climáticos (sequía, huracanes), geológicos (terremotos, erupciones volcánicas), o mixtos (inundaciones, deslizamientos). Estas amenazas se caracterizan por su frecuencia y magnitud y dependen de la geografía propia de los territorios.

Mientras que “la vulnerabilidad es una situación que afecta a una persona o un grupo de personas, y que corresponde a las características que determinan su capacidad de anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse de los impactos que genera un evento natural”.

Debilidad jurídica e institucional

Para contrarrestar los efectos de estos riesgos y reducir la vulnerabilidad, los expertos del Iarna sugieren que el Estado promueva una campaña de información y sensibilización a nivel nacional, para que los guatemaltecos comprendan que el país, por su ubicación geográfica, siempre estará en riesgo y que la mayoría de los eventos naturales son impredecibles.

Además de una cultura de prevención, lo que el país necesita “con urgencia” son políticas de ordenamiento territorial, principalmente en las áreas de mayor vulnerabilidad, señala Raúl Maas Ibarra, investigador del Iarna.

La Ley de Desarrollo Social, aprobada en 2001, mandata a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), a realizar “estudios y diagnósticos actualizados” sobre la dinámica y ubicación de la población en zonas de riesgos naturales, para que en coordinación con otras instituciones del Estado “se consideren criterios demográficos y geofísicos para la definición de estrategias de prevención y atención a la población, con énfasis en la que habite en asentamientos precarios y vulnerables ante desastres”.

Luis Ovando, subsecretario de Planificación y Ordenamiento Territorial de Segeplan, asegura que hay comunicación constante entre esa institución y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), y los ministerios de Ambiente y de Agricultura para cumplir con lo que ordena esa ley, respecto al ordenamiento territorial del país. “A través de esta relación se crean instrumentos, directrices, condiciones y lineamientos para el uso municipal y nacional —explica Ovando— para regular correctamente el uso del territorio en áreas de alto riesgo”. El funcionario no da ejemplo de lugares donde se de esa coordinación.

Entre 2010 y 2011, en coordinación con la Segeplan, la Conred aprobó la Política Nacional de Gestión de Riesgos. Esta establece los objetivos de la Conred, sus niveles de coordinación y autoridad, su estructura e instituciones que la integran, sus ejes estratégicos, y su estrategia de implementación. “El proceso está enfocado en ir diseñando estrategias para manejar los riesgos de desastres”, señala el documento.

Sergio García Cabañas, director ejecutivo de Conred, explica que el “protocolo estándar” de esta institución, establece primero salvaguardar la vida de las personas. Walter Monroy, director de la dirección de recuperación de Conred, agrega que el sistema está articulado de acuerdo con protocolos establecidos por las Naciones Unidas para atender emergencias. Es decir, una institución reactiva.

Conred

En marzo de 2010 fue aprobada la Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero. Esta normativa buscaba “establecer las regulaciones necesarias para prevenir, planificar y responder de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida los impactos del cambio climático en el país”, según sus objetivos. También pretende que el Estado y la sociedad civil adopten prácticas que propicien condiciones para reducir la vulnerabilidad. La ley contemplaba investigaciones, inversión pública, ordenamiento territorial, guías para la reducción de vulnerabilidad y participación pública.

Para implementar esa ley fue creado el Fondo Nacional de Cambio Climático (FONCC) a cargo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. A la fecha es la única ley en Guatemala dedicada a la mitigación de vulnerabilidades.

El artículo 12 de esa ley ordena a las municipalidades y los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural “atender el ordenamiento territorial para la adaptación y mitigación del cambio climático”, tomando en cuenta las condiciones “biofísicas, sociales, económicas y culturales” de las poblaciones.

[relacionadapzp2] 

Según el ministro de ambiente, Alfonso Rafael Alonzo, las municipalidades y los consejos sí han cumplido con esta ley, pues han desarrollado proyectos para mitigar los impactos del cambio climático. El funcionario resalta el programa Modelo de Adaptación al Cambio Climático (MAC) que se desarrolla en la Mancomunidad Copán Chortí en Chiquimula. “Sabemos que sí están realizando acciones directas en sus territorios, en adaptación al cambio climático, saneamiento de aguas residuales, reforestación, gestión de desechos sólidos, educación ambiental, entre otros”, afirma, pero reconoce que esos esfuerzos “no son suficientes”.

El ministro asegura que las 340 municipalidades del país deben asumir las responsabilidades que forman parte del Plan de Acción de Cambio Climático con más compromiso para mejorar las condiciones y capacidades para adaptación el cambio climático y reducir la vulnerabilidad de forma coordinada.

Una bomba de tiempo

Maas y Monterroso agregan que la tragedia del domingo 3 de junio se debió a un problema sistémico. Fue, según los expertos, la suma de población en riesgo, vulnerabilidad, debilidad institucional, una Conred poco incisiva, un Ejército no debidamente capacitado para actuar durante tragedias, una presidencia débil y mucha desorganización.

“El presidente (Morales) no tiene la credibilidad y por lo tanto no tiene tampoco capacidad de respuesta”, afirma Maas. “Lo sucedido el domingo es una muestra contundente que no estamos preparados para sobrellevar estos eventos. Debemos pone más atención a nuestras amenazas”. 

Galán, en cambio, asegura que Guatemala tiene la preparación necesaria, pero señala que solo con la participación de toda la población e instituciones del país se pueden prevenir tragedias. “Ahora es momento de analizar los últimos eventos grandes del país, tener una reunión con todos los actores que estén involucrados y dialogar a ver qué hace falta, qué necesitamos”.

Parte de esos esfuerzos es actualizar la Política Nacional de Gestión de Riesgo que estará vigente hasta 2030. Esta política, según las autoridades de la Conred, busca proponer leyes preventivas y no reactivas. Añade estrategias para trabajar de forma más articulada con autoridades locales y líderes comunitarios para mejorar el diálogo con las poblaciones en riesgo.

Los expertos del Iarna citan como ejemplo la trayectoria y los daños causados por el huracán Matthew, en 2016 y cómo este pasó entre Cuba y Haití. Matthew se convirtió el segundo huracán más costoso para los cubanos, pero apenas se cobró cuatro vidas —que fueron resultado de los daños estructurales, no a causa del impacto directo de la tormenta—. En Haití, en cambio, este huracán provocó la crisis humanitaria más grave en la historia de esa isla, y causó más de 500 muertos, apenas seis años después del terremoto que también devastó ese país.

[frasepzp2]

“Cuba tenía la capacidad de afrontar esta amenaza; Haití no. Ambos territorios están expuestos, pero solo uno tuvo y tiene la capacidad y organización para proteger a su gente”, afirma Raúl Maas. Y si hay un país que estadísticamente está peor capacitado que Haití para afrontar crisis naturales, según el INFORM, ese es Guatemala.

Monterroso y Maas advierten que si el Estado no toma medidas para revertir las vulnerabilidades del país el riesgo de sufrir una tragedia aumenta, “incluso cuando los eventos no son extremos”. El ordenamiento de territorio, la reubicación de las personas que habitan zonas de peligro, y los protocolos de acción y respuesta, son impostergables. “Solo así podemos estar preparados estructuralmente ante una eventualidad”, finaliza Monterroso.

Vulnerabilidad territorial

Según Vulnerabilidad, amenazas y riesgo en Guatemala, un estudio realizado por el Iarna,  publicado en 2005, más del 60% de las poblaciones del país se encuentran ubicadas en territorios de riesgo. Leonel Galán Paniagua, director de Gestión de Riesgo, asegura que la Conred mantiene una relación constante con las comunidades vulnerables. “Se trabaja de cerca con coordinadores, con municipalidades y con la población, con el apoyo de JICA” (agencia japonesa de cooperación internacional), explica. “Sabemos que no es posible una reubicación inmediata, por eso el acercamiento inicia con autoridades locales y con alcaldes”.

Según García Cabañas, la Conred cuenta con una Unidad de Prevención de Volcanes (UPV) que trabaja constantemente con estos sectores y trata temas de riesgo. Galán agrega que cada comunidad es evaluada para conocer sus vulnerabilidades por medio de sondeos. Añade que el hecho de que Guatemala no ha tenido un censo poblacional y de vivienda desde 2002, no le ha permitido a la Conred saber con certeza cuánta población hay en el país y específicamente dónde. “Esta información nos va a permitir hacer un mapeo más adecuado”, dice al referirse al Censo de Nacional de Población que se realizará a partir de julio próximo.

Sobre la reubicación de personas que viven en áreas vulnerables, Galán admite que aún no hay una solución concreta. Walter Monroy, director de la dirección de recuperación de la Conred y quien trabaja en los eventos posteriores de una tragedia, apuesta por los planes de ordenamiento territorial y restringir el crecimiento urbano desordenado. Asegura que han tenido reuniones al respecto, “pero falta iniciativa de las autoridades”.

En 2015 el entonces candidato a la presidencia Jimmy Morales reconoció que existen sectores en riesgo en Guatemala. Un año después, ya como presidente, presentó una agenda de desarrollo urbano para evitar tragedias como la de El Cambray y ofreció que a partir de 2020 se verían los resultados de los cambios que planteaba. La política general de gobierno 2016-2020 señala que buscará una gestión territorial y un crecimiento urbano ordenado. Sin embargo, aún no hay resultados. El plan de reubicación más cercano es el de las personas que viven bajo el puente Belice. El ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, recientemente aseguró que han iniciado las reparaciones en la estructura, pero las personas que viven debajo de éste aún no han sido trasladadas.

Conred

“Si hablamos de vulnerabilidad territorial, también tenemos que hablar de ordenamiento de territorio”, señala Ottoniel Monterroso del Iarna. “Es necesario fomentar bosque donde deba haber bosque, agricultura donde deba haber agricultura, casas donde deba haber casas”.

“Y también determinar donde no debe haber casas”, agrega Maas. Ambos expertos afirman que debe haber más compromiso político. “Hay millones de personas en riesgo, pero falta voluntad gubernamental; esto va a ayudar a mitigar y disminuir las pérdidas humanas durante los desastres”, señala Maas.

También concuerdan en que “un gran determinante” en este tipo de tragedias es cómo piensa y reacciona la población: proteger su casa, sus pertenencias; temor a quedar desprotegidos; desconfianza a las autoridades e instituciones.

Galán afirma que la Conred tiene una línea de trabajo junto al Ministerio de Educación para incluir en el currículum base de educación primaria, temas de gestión de riesgo. En el sitio web están publicados planes de emergencia para instituciones, empresas, familias, escuelas y colegios, y un plan local de respuesta. Sin embargo, resalta que para asegurar el éxito de estos documentos se necesitan campañas de comunicación, campañas educativas, fondos para la difusión, docentes y el compromiso de las escuelas, colegios y universidades. “Así podemos crear una cultura de prevención, no de reacción”, añade Galán.

Autor
Infografía
Edición
Autor
a
Infografía
u
Edición
a
Plaza en 1 minuto (más o menos)
Si nos conoces pensarás que la síntesis no es nuestro fuerte
pero nos esforzamos por mandarte un resumen semanal. Casi siempre.