Varias estructuras del crimen organizado y de la burguesía emergente lograron apoderarse de algunos ámbitos del poder estatal, con lo cual se afianzó una disputa por el control de este ámbito nodal de poder, que en buena medida había sido detentado —a veces desde las sombras— por los principales segmentos de la burguesía tradicional. No obstante, las contradicciones entre unos y otros, con sobresaltos que los llevaron a confrontaciones relativamente relevantes, prontamente fueron gestando nodos de alianza como respuesta a objetivos comunes, ciertamente más tácticos e inmediatos que estratégicos. En ese orden de ideas, los gobiernos del Partido Patriota y del FCN-Nación constituyeron la expresión del contubernio en materia de políticas y prácticas que a estas alturas son catalogables de clasistas, corruptas y, en lo demostrable, delictivas.
Acusados y enjuiciados por casos de corrupción y de crimen organizado, ambos segmentos de poder económico y político se articularon para detener las investigaciones y los juicios en su contra. Así, controlan el Gobierno y el Organismo Judicial y han avanzado en el aseguramiento de instituciones fundamentales para ese propósito: el Ministerio de Gobernación, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público. Han infligido un golpe casi mortal a la Cicig, factor externo que apuntaló los procesos de la investigación criminal que los amenaza. Con ese mismo propósito han pretendido destituir al procurador de los derechos humanos, así como controlar el Tribunal Supremo Electoral, y avanzan en su búsqueda de desaforar a miembros de la Corte de Constitucionalidad (CC) que les resultan adversos en materia tanto de este tipo de casos como de aquellos relacionados con proyectos extractivos.
Hasta el momento han logrado una aplicación de justicia de clase al liberar fácilmente a grandes empresarios, al tiempo que se endurece la criminalización y la judicialización contra quienes se oponen a sus intereses. Han reconfigurado los procesos judiciales y es muy probable que salgan libres, con penas mínimas y conmutables por unos quetzales. A la vez pretenden la aprobación de leyes que garanticen impunidad para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y delitos como el financiamiento electoral ilícito.
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En esta disputa, y en función de garantizar impunidad, el Gobierno ha incurrido en una violación de la norma constitucional en lo tocante a la relación con otros Estados y organismos internacionales, lo cual se rige según el derecho internacional. Ha cometido desacato continuado respecto a las resoluciones de la CC, lo cual constituye un paso más en lo que varios juristas interpretan como un golpe de Estado técnico o blando, en torno a lo cual dicho organismo constitucional actúa de manera ambivalente. El camino por el que transitan el gobierno y su alianza permite afirmar que podría profundizarse por esa vía anticonstitucional, con lo cual estaría en riesgo incluso el proceso electoral y podría instalarse un régimen dictatorial como en Honduras, Paraguay y Brasil, entre otros.
Quienes integran esta alianza proimpunidad aparecen fragmentados de cara al proceso electoral. Su objetivo es posicionar lo mejor posible sus vehículos electorales y candidaturas para agenciarse de mayor poder de negociación y convertirse en la principal fuerza ungida por quienes tienen el poder real en el país. No obstante, siguen siendo parte del actual bloque de poder y, frente a las que consideran amenazas políticas —que incluyen expresiones de izquierda y de derecha moderada—, lo más probable es su rearticulación antes o después de la primera vuelta electoral, tal como ocurrió en torno a la figura de Jimmy Morales y al FCN-Nación en las elecciones de 2015. Teniendo en cuenta su capacidad financiera, su control de los medios de comunicación masiva, su manejo de fondos y de instituciones estatales y sus políticas, prácticas y discursos con fuertes signos fascistas, el riesgo es que esta alianza se consolide, logre mantener el control del Estado por la vía electoral o de facto y nos haga retroceder aún más.
Si ello ocurre, las amenazas y riesgos son varios: mayor retroceso de la enclenque fachada democrática (que podría convertirse en dictadura), aumento de la conflictividad y confrontación política (con afianzamiento de métodos y estructuras represivas al estilo de los de la etapa contrainsurgente), violación de las garantías constitucionales y de los derechos humanos, consolidación de la impunidad para el saqueo de los bienes públicos y comunes y, por último, aumento de la explotación, del despojo, de la desigualdad, de la miseria y de la expulsión de niños y jóvenes, tal como ha venido ocurriendo durante los últimos dos gobiernos.
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