A su presencia expresa en el marco jurídico imperante debe sumársele la posibilidad real del ejercicio de las tres, sin menoscabo alguno. La mínima erosión a cualquiera de estas nubla el panorama para el funcionamiento democrático de una sociedad. La anulación de todas, de hecho, es la instalación plena, más allá de lo que digan las leyes, de un esquema autoritario y dictatorial.
En Guatemala, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, se culminó el proceso de captura del Estado. Con este se anuló la independencia de poderes y se generó una acción corporativa en favor de la corrupción y del crimen. El uso arbitrario de la ley y de la justicia sirve para criminalizar a las voces críticas y disidentes a la vez que protege las estructuras criminales que gobiernan y cogobiernan.
Este fenómeno se produce en el marco de una continua acción que procura anular el ejercicio del derecho a defender derechos. Por acción y omisión, el Estado de Guatemala, lejos de proteger la defensa de los derechos humanos, es uno de los principales violadores de estos. Las personas que desde las comunidades, los pueblos y los movimientos sociales y de la sociedad civil defienden derechos humanos enfrentan una constante amenaza a su labor. Las reformas a la ley de ONG, así como otras normas falsamente descritas para requerir rendición de cuentas, son una camisa de fuerza al ejercicio de derechos y un legajo de facultades que otorgan licencia a la arbitrariedad autoritaria contra la defensa de derechos. Y por si fuera poco, la amenaza constante que lleva incluso a la ejecución extrajudicial es un hecho permanente entre quienes defienden derechos humanos.
Si bien con la presidencia de Jimmy Morales se acentuó la acción gubernamental contra la prensa independiente, es en la administración de Giammattei cuando adquiere carácter de política oficial. Los periodistas comunitarios que cubren las movilizaciones de pueblos y de comunidades y que se oponen al extractivismo voraz e ilegal han enfrentado criminalización, hostigamiento, amenazas y persecución desde hace varios años.
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Con este gobierno se ha incrementado la persecución a la prensa al extremo de que los corresponsales de Prensa Comunitaria en El Estor, entre ellos Carlos Choc, han visto destruidas sus herramientas de trabajo y quebrantada su seguridad personal. La periodista maya k’iche’ Anastasia Mejía también fue criminalizada y procesada sin fundamento legal, en tanto que Michelle Mendoza, corresponsal de CNN, ha sido permanentemente hostigada y amenazada. Los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid, además del hostigamiento que enfrentan, han experimentado también criminalización por parte de la familia de Luis Miguel Martínez, protegido de Giammattei.
El informe Periodistas bajo ataque, realizado por el periodista Luis Assardo, profundiza en el estudio del uso de estructuras que emplean las redes sociales para atacar a profesionales de la prensa. Con base en el análisis de varios casos emblemáticos, como el de Juan Luis Font y el de Figueroa y Del Cid, Assardo presenta la anatomía del comportamiento de estas redes. Su funcionamiento se asemeja al esquema utilizado por las cuentas progobierno de Nicaragua, que fueron estudiadas y finalmente canceladas por Meta, antes Facebook.
Así las cosas, las tres columnas que sostienen la democracia han sido derribadas por el pacto corrupto que gobierna. En Guatemala, más allá de lo que declama el marco jurídico constitucional, en manos del gobierno de turno, del empresariado voraz y de sus socios del crimen organizado se destruye la independencia judicial, se cercena la defensa de derechos y se requisa la palabra de la prensa independiente. En tales condiciones, alzar la voz en coro para defender el derecho a una vida digna, en libertad y en democracia, donde quepamos todas y todos desde nuestros pueblos e identidades, es una tarea impostergable. Hoy más que nunca debemos gritar y actuar, y no callar.
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