La firma del “Acuerdo de Cartagena de Indias” termina dando razón a la Historia: Manuel Zelaya Rosales y miembros de la “Resistencia” que estaban exiliados retornan a Honduras, se reafirma la necesidad de respetar irrestrictamente los derechos humanos como compromiso de Estado, se reconoce al Frente Nacional de Resistencia Popular como fuerza política y se deja la puerta abierta para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Con esto último, se sigue reafirmando la ilegitimidad del derrocamiento del presidente electo por los hondureños y de todas las acciones emprendidas por quienes lo patrocinaron y apoyaron. Muchas de estas personas se encargaron en los primeros 60 días de gobierno ilegal de echar por tierra no solamente el trabajo desarrollado por los colegas en la Secretaría de Cultura Artes y Deportes (SCAD) y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), sino también de efectuar una devastación del sector cultural de Honduras como pocas veces ha sucedido en la Historia Contemporánea de Centroamérica.
Después del golpe de Estado, Honduras se convirtió en una piñata burocrática y el nuevo gobierno mantuvo en sus cargos dentro de la SCAD y el IHAH a las personas impuestas por el régimen golpista. Allende a sus manifiestas limitaciones de experiencia y formación, la comunidad académica de la región sigue preocupada por el tiempo y esfuerzos que puede implicar la tan ansiada recuperación de una política cultural genuinamente integral que siga valorando sistemáticamente su experiencia histórica.
En medio de la embestida autoritaria que sufrían Honduras y Centroamérica, algunos intelectuales simpatizantes con el golpe de Estado se comunicaron con Darío Euraque para intentar “mediar” en la confrontación que sostenía con la abogada Myrna Castro. El poeta Segisfredo Infante y el periodista Juan Ramón Martínez, columnista del diario La Tribuna —uno de los principales adalides del golpe, propiedad del ex presidente Carlos Flores Facussé—, le hablaron a Darío acerca del acceso que Martínez tenía con Roberto Micheletti Baín para poder “revertir” la decisión de la abogada Castro. Esta iniciativa también fue secundada por el vicesecretario de Cultura impuesto por el golpe de Estado, Fernando Ávila. Como bien lo sabe la comunidad centroamericana de historiadores, Darío Euraque, hasta el día en que se retiró de su despacho, defendió la legitimidad de su nombramiento y la institucionalidad del IHAH.
Mientras tanto, Myrna Castro ya le había ofrecido la gerencia de la institución a una de las subgerentes: la Licda. Eva Martínez e hizo lo mismo con el arqueólogo Ricardo Agurcia Fasquelle, quien posteriormente se transformó en su asesor, hecho que generó un amplio rechazo dentro y fuera de Honduras. Junto al Ing. Virgilio Paredes, quien fuera después nombrado gerente del IHAH, la abogada Castro destituyó ilegalmente a tres de las más importantes funcionarias de la SCAD: la Licda. Isadora Paz, directora de la Unidad de Gestión; la Licda. Rebeca Becerra, encargada de la Dirección del Libro y del Documento, y la colega Natalie Roque, encargada de la Hemeroteca Nacional.
La supuesta destitución de Darío fue un acto espurio. Se convocó de manera secreta a un Consejo Directivo del IHAH en cuya acta se suscribieron nombres de personas que no estuvieron presentes, como fue el caso del Lic. Fredy Flores —representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras—, quien denunció que no fue informado ni convocado a esta reunión.
Discurrir sobre el contenido de tan nefasto documento sería una falta de respeto a Darío, pero sí es necesario mencionar que hasta hoy no ha cesado nuestra perplejidad de ver consignado en esta acta el nombre del colega Mario R. Argueta, quien nunca se pronunció a título personal sobre este hecho, al igual que los colegas miembros de la Academia de Geografía e Historia de Honduras. La destitución de Darío no solamente fue un acto arbitrario, sino también una afirmación de la voluntad de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) por volver a hacer realidad su inveterada sandez de poner el patrimonio cultural de una nación al servicio del turismo.
Ricardo Agurcia Fasquelle, con todo desparpajo, en su calidad de director ejecutivo de la Asociación Copán, invitó a Roberto Micheletti Baín y su comitiva a visitar el Parque Arqueológico de Copán. La descripción que se hace de esta visita en el boletín electrónico de la asociación no puede ser más elocuente: “(…) Luego descendieron con el Lic. Agurcia Fasquelle al inframundo de los túneles diseñados por generaciones de arqueólogos, Roberto Micheletti Baín, su Ministra de Cultura, la Abogada Myrna Castro, y su Ministra de Turismo, la Lic. Ana Abarca. Fue una visita histórica”. (Continuará)
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