Durante la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural del viernes pasado, Noé Leopoldo Boror Hernández, alcalde municipal de San Pedro Sacatepéquez, le hizo dos planteamientos al presidente Giammattei. El primero, sancionar las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado aprobadas por el decreto del Congreso de la República número 4-2021 y comprometerse a no abusar de lo aprobado. Esta solicitud responde a la indignación y a las críticas múltiples, ya que se la considera una ley que facilita la corrupción y ya varios sectores se han pronunciado solicitándole a Giammattei que la vete, incluyendo las cámaras empresariales del comercio y del agro.
La segunda solicitud fue repetir el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 2018 bajo el alegato de que es incorrecto. Si bien ese censo ha sido criticado por falencias técnicas, la motivación del alcalde Boror, en representación de muchos otros alcaldes, no es una preocupación legítima por la calidad de las estadísticas nacionales. La razón real es que en el capítulo III del Código Municipal, decreto 12-2002, se establece que la población de cada municipio es el criterio para determinar el 25 % de la asignación que, según el artículo 257 de la Constitución Política de la República, cada año debe incluirse en el presupuesto a favor de las municipalidades: el denominado situado constitucional, equivalente al 10 % de los ingresos ordinarios.
Debido a que el censo de 2018 reflejó que las poblaciones de las ciudades crecieron mucho más que las del resto de los municipios, entonces, según el citado criterio, en la distribución por municipio del situado constitucional, proporcionalmente, las ciudades incrementaron su asignación, al tiempo que esta se redujo en la mayoría de los municipios. De ese modo, los alcaldes no están pidiendo repetir el censo porque les preocupen las complejidades técnicas estadísticas, sino porque quieren más plata del Gobierno central.
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Así, en resumidas cuentas, los alcaldes quieren más dinero con un censo a su sabor y antojo, que les incremente la asignación del situado constitucional. Además, quieren liberarse de los controles anticorrupción, como los que tenía la Ley de Contrataciones del Estado, para gastar ese dinero también a su sabor y antojo. En todo caso, derecho de petición tienen, pero lo que es escandalosamente inaceptable es que el presidente Alejandro Giammattei asuma el papel rastrero de alcahuete de estos alcaldes y se disponga a darles gusto a cada uno de sus antojos y caprichos.
Por desgracia, esta es una demostración más de que el presidente Giammattei, la alianza oficialista enquistada en el Congreso de la República y la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales (ANAM) integran una red político-económica ilícita que está operando intensivamente para robar y cebarse con el erario público. La magnitud que esta red ha alcanzado es alarmante. Y está exacerbando la corrupción que impera en prácticamente todas las instituciones del Estado.
Preocupa el descaro con que Giammattei se doblega ante las demandas de los alcaldes, a quienes sin ningún pudor les facilita un acceso descontrolado a cantidades crecientes de recursos. ¿Hasta dónde llegará Giammattei alcahueteando a alcaldes corruptos?
La respuesta a esta pregunta es tenebrosa. La connivencia entre Giammattei, la corruptela en el Congreso y la ANAM no es por afinidad política o ideológica. Son negocios sucios de la politiquería guatemalteca. La ANAM ha degenerado en la organización de base y apoyo político de Giammattei, como quedó demostrado en noviembre pasado con la defensa de este ante el enojo de la ciudadanía. ¿Qué estará pensando hacer Giammattei para que esté comprando alcaldes con tanto ahínco?
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