Lejos han quedado ya las arengas de campaña electoral de Giammattei, en las que él prometió combatir la «maldita y asquerosa» corrupción. Recién iniciado su gobierno, en febrero de 2020, repetía la cantaleta y reiteraba su promesa de constituirse en el implacable azote de los corruptos. Sonaba esperanzador, pero, como pasa con la mayoría de los políticos, sus palabras suscitaban cautela y desconfianza justificadas por la alta probabilidad de que, una vez más, fueran más de los mismos embustes demagógicos de siempre.
Un año después, la mentira demagógica ha quedado claramente al descubierto. Ante el escándalo de corrupción por las pruebas de covid-19 falsas adquiridas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Giammattei no solo no ha sido el azote de los corruptos que prometió ser, sino que se mostró como un verdadero alcahuete de Ronaldo Estrada Rivera, amigo y colaborador de Miguel Martínez, el protegido presidencial más notable y el rostro más asociado a la nefasta Comisión Presidencial de Centro de Gobierno. Escandaloso porque Estrada Rivera es justamente el principal acusado por la misma ministra de Salud Pública y Asistencia Social, doctora Amelia Flores, de ser el artífice del fraude criminal de las pruebas falsas.
Giammattei, en vez de demostrar un mínimo de coherencia política, de entereza y de madurez, se posicionó en contra de su propia ministra de Salud y descalificó la denuncia presentada por ella. Al final de un evento público, al ser interrogado por los periodistas, Giammattei respondió citando el artículo constitucional sobre la presunción de inocencia y opinó que la denuncia presentada por la ministra de Salud es una «mala interpretación de las cosas», de tal manera que redujo los hechos a una simple irresponsabilidad administrativa cuando se trata de un delito, como la cartera de Salud bien se lo planteó al Ministerio Público (MP).
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Además, Giammattei mantuvo a Estrada Rivera en el cargo de viceministro del Deporte y la Recreación, del Ministerio de Cultura y Deportes, contrario a lo que la gravedad del escándalo de corrupción hubiese requerido: su destitución inmediata. Ante la presión y el escándalo, agravado por Giammattei, a Estrada Rivera se le concedió una licencia de dos meses para ventilar su situación jurídica.
¿Por qué Giammattei se esmera tanto en proteger a Estrada Rivera? ¿Por qué para el presidente es tan importante mantener a este en su cargo actual de viceministro, con lo cual demuestra un desprecio profundo por la salud de la ciudadanía, y en particular por la de las víctimas del fraude criminal de las pruebas falsas de covid-19 en plena pandemia? ¿En qué se fundamentan los privilegios que goza Estrada Rivera para haber transitado de financista de la campaña electoral de Giammattei a enlace del canciller Pedro Brolo, así como del mismo Miguel Martínez cuando este fungió como director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, y luego a gerente administrativo del MSPAS?
¿Por qué Giammattei alcahuetea a gente como Estada Rivera, en contraste con su gravísima falta de respaldo a su ministra de Salud, especialmente cuando ella hizo lo correcto: denunciar ante el MP un criminal y obsceno acto de corrupción?
La aceleración con la que el gobierno actual está acumulando actos de corrupción es motivo de alarma y de preocupación. La semana pasada fueron la conexión entre Giammattei y delincuentes como Giorgio Bruni, José Luis Benito y Jimmy Morales, y la corrupción rampante en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Ahora la situación se agrava cuando el presidente Giammattei asume el vergonzoso rol de protector de corruptos y de azote de quienes intentan hacer lo correcto.
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