No ha hecho falta hablar a gritos, utilizar términos altisonantes o hacer berrinches y tirar objetos. No. Con hablar pausado y accionar sereno en procura de la evidencia necesaria, la conducción de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) desde tu ejemplo ha sido magistral. Una carrera en el Ministerio Público (MP) sostenida a pulso de trabajo apegado a derecho es la trayectoria que acompaña tu accionar. Uno que te hace ganar un espacio en el cariño de la sociedad, que espera verte conduciendo las riendas del sistema de justicia.
Por el contrario, a la persona que utilizó perversamente su poder para impedir el trabajo de la FECI ya la acompaña el desprecio ciudadano. La actual jefa del MP y fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, debe salir ya de la institución a la cual ha dañado gigantescamente. Un daño que por añadidura alcanza a la sociedad, pues al pervertir los procesos de acceso a la justicia se vulnera el derecho humano a obtenerla y se enloda el proceso llamado a garantizar que nadie esté por encima de la ley.
Más preocupada por responder a los intereses de las élites que han depredado el futuro de Guatemala, la fiscal general bloqueó el trabajo de la FECI, detuvo procesos importantes de averiguación y utilizó el poder que le otorga su cargo para perseguir a la disidencia política de dichas élites. Su accionar ha sido corrupto y perverso. A diario se contagian miles de personas por la pandemia del covid y mueren decenas que bien podrían haber estado ya inmunizadas y que así resultan víctimas del robo de recursos. Un robo que la fiscal general conoció por lo público de los hechos y por el que se abstuvo de actuar con prontitud. Si su protegido y amigo Alejandro Giammattei es responsable de muertes por covid y de la debacle que se viene por incapacidad y por corrupción al sustraer recursos, Porras Argueta no lo es menos por negligente.
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Reclamar su salida de la institución responsable de la persecución penal no es un capricho ni un invento. Es una demanda ciudadana legítima, nacida de la convicción de que el daño que ella ha hecho es enorme y de que no debe continuar en el poder para seguir profundizándolo. El MP ha sido una institución que ha costado estructurar. Alcanzó su período de enorme brillo a partir de que se instalaran procedimientos especiales, como la FECI durante la administración de Amílcar Velásquez Zárate. Avanzó y obtuvo logros valiosos con la metodología de persecución penal desarrollada durante la gestión de la (ella sí) doctora Claudia Paz y Paz Bailey. El período de respaldo social mayoritario se alcanzó con los procesos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) impulsara de la mano de la FECI durante la gestión de la magíster Thelma Aldana Hernández.
Del accionar de Porras Argueta, en cambio, solo cabe recalcar el retroceso que ha tenido el MP. De la mano de la actual fiscal general, el ente responsable de iniciar los procesos de justicia ha sido oficina particular del Pacto de Corruptos, a cuyos intereses responde su titular. Lejos de fortalecer procesos, como lo ha hecho la FECI, Porras Argueta se negó a incorporar al personal guatemalteco que traía la experiencia de la Cicig. Empezó a minar el camino de trabajo de la FECI y se llegó a instalar en las mismas oficinas de esta para revisar expedientes en un abierto atentado contra la independencia funcional.
En un galimatías textual en el que parte de esgrimir el «principio de jerarquía», ella justifica la ilegal disposición de destituir a Juan Francisco Sandoval Alfaro como titular de la FECI y fiscal de carrera. Utilizó una vez más de manera perversa el poder que le otorga la ley en función del cargo que ocupa. Abusó de ese poder y emitió falsas declaraciones para justificar su disposición ilegal. Por eso es que se multiplican por miles las voces sociales que demandan que Consuelo Porras esté fuera del MP. Cada día que esta institución esté en manos de su actual jefa, mientas siga capturada por la corrupción y la impunidad, seguirá cavando la tumba de la justicia.
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