Hasta el 13 de abril, día número 32 desde que se registró el primer caso en Guatemala, se han confirmado 167 casos: 142 activos, 19 recuperados y 5 fallecidos. Una cifra baja si se compara con otros países de la región.
En efecto, según un reportaje de la BBC, al 9 de abril Panamá tenía una cifra récord en la región de infectados por cada 100,000 habitantes, pero que podría deberse a que es el país que más pruebas per cápita ha hecho para detectar casos. El contraste más evidente se produce en Nicaragua, que hasta ese mismo día solo había registrado siete casos confirmados y una muerte y es el país que menos medidas ha tomado frente a la emergencia.
El punto es que evaluar las acciones del Gobierno va más allá y resulta más complejo. Ineludiblemente hay que señalar el tema del subregistro. La pregunta clave es: ¿las cifras oficiales son confiables? Los expertos en salud, epidemiología y modelos matemáticos han ofrecido sus opiniones al respecto. Está claro que pueden existir variables que produzcan resultados distintos a los esperados, pero quedan abiertas la pregunta y la expectativa de que ojalá las cifras oficiales sean confiables.
En todo caso, las medidas de contención que incluyen el toque de queda, cerrar fronteras (excepto para los deportados), cerrar centros comerciales, prohibir actividades que impliquen alta concentración de personas (religiosas, deportivas y culturales), restringir movimientos interdepartamentales, usar mascarillas, etcétera, parecen ser correctas e influir en los números bajos que tiene el país (y, aspecto muy importante, mucha gente las percibe bien).
La preparación del Gobierno respecto a acondicionar y destinar hospitales para la atención de las víctimas y la búsqueda de recursos básicos como ventiladores y mascarillas, entre muchas otras cosas, también pueden verse como medidas encaminadas a resolver la emergencia. Por otro lado, también hay opiniones diversas, incluyendo las del mismo gremio médico y del personal que atiende la crisis sanitaria en el día a día.
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Lo que ya no resulta tan claro son los temas de la transparencia en el uso de fondos, las posibilidades de corrupción que se abren en la compra de medicamentos y de equipos y el porcentaje mínimo que se destinó a salud del préstamo aprobado por el Congreso y que está encaminado a cubrir otros aspectos.
Todo lo anterior se suma a aspectos estructurales que se deben tomar en cuenta y que rebasan las capacidades de este gobierno en concreto: carencias históricas en el tema de hospitales y de equipo; número de camas, de doctores y de personal sanitario; baja calidad y poca cobertura de servicios de salud pública; etc.
Es decir, el gobierno de Giammattei parece haber tomado decisiones adecuadas en las medidas de contención, en la preparación y adquisición de materiales (pero con aspectos cuestionables, poco transparentes y que pueden estar al servicio de otros intereses) y con una situación estructural precaria legada por otros gobiernos y por el debilitamiento/desmantelamiento de los servicios de salud originado en las políticas liberales.
Si comparamos Guatemala con países como Estados Unidos o Ecuador, hasta el momento parece que la situación en este país está controlada. Si pensamos cómo nos habría ido con el gobierno de Jimmy Morales, también parece que el manejo de la crisis es pertinente.
Pero falta esperar la evolución de la situación y los momentos más críticos de la enfermedad, del mismo modo en que hay que evaluar otros aspectos como el económico, el ideológico y a distintos actores, pues, por ejemplo, lo que ha hecho la Presidencia y lo que ha hecho el Congreso se perciben distintos.
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