La injerencia de la oligarquía sobre la oferta electoral del 2015 es parte del continuo de su dominación. Esta surgió en la Colonia a partir de redes familiares que desde cargos públicos garantizaron sus privilegios. Siglos después mantienen su proyecto político y su dominio sobre el Estado desde la sociedad civil y ocupando espacios en el Gobierno cuando hay crisis o algún vacío institucional. Durante las dictaduras militares y el conflicto armado interno (CAI), el Gobierno defendió las estructuras excluyentes y racistas del Estado.
Coinciden los hallazgos de Marta Elena Casaús, las conclusiones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), la evidencia de las investigaciones penales y los hechos documentados por el periodismo independiente: la oligarquía emplea estrategias de presión y manipulación para sostener su orden social y económico. Las heredó de la inquisición colonial, las difundió en su alianza con el Ejército genocida durante el CAI y las usa hoy para resistirse a la lucha contra la corrupción.
Luego del derrocamiento del coronel Jacobo Árbenz en 1954, el acelerado proceso de cierre de espacios políticos se inspiró en el anticomunismo fundamentalista. En 2018, desde el ejercicio de la violencia, se acusa a la sociedad civil nacional e internacional de amenazar la institucionalidad. Las organizaciones sociales ven amenazada su libertad de participación, más de 20 defensoras y defensores de derechos humanos han sido asesinadas y el Congreso promueve la iniciativa de ley 5,272, que le permitiría al Gobierno intervenir las ONG.
El cierre de espacios políticos debilita los mecanismos que impulsan cambios económicos y sociales sustantivos. La oligarquía se opone a ellos en nombre de la institucionalidad. La renuencia a reformas sustantivas que podrían reducir los conflictos estructurales fue un factor determinante en el origen y ulterior estallido del CAI. Asimismo, en 2016, el presidente del Cacif se opuso al reconocimiento del pluralismo jurídico en las reformas al sector justicia argumentando: «No es necesario hacer ninguna modificación constitucional en este tema, dado que no se pueden tener sistemas jurídicos paralelos. Esto atenta contra la certeza jurídica». En 2017, las noticias registraron la demanda popular de que se investigara al presidente por supuestos actos de corrupción, pero el presidente de la Fundesa afianzó su respaldo a la continuidad del gobierno de Jimmy Morales diciendo: «Yo no lo tomo como corrupto, presidente […] Urge liderazgo en Guatemala, especialmente el de usted, señor presidente» (Felipe Bosch).
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Desde la Conquista, la oligarquía crea —y cree en— fantasmas que amenazan la tradición, la familia y la propiedad. Desde la Inquisición justificó la quema de literatura de los pueblos originarios. También convirtió las reformas del gobierno democrático de Jacobo Árbenz en una supuesta amenaza comunista. Durante el CAI acogió la doctrina de la seguridad nacional, que «encontró terreno fértil en el pensamiento anticomunista […] de defensa de la religión, las tradiciones y los valores conservadores supuestamente amenazados por la expansión mundial del comunismo ateo» (CEH). Ahora el Cacif niega el genocidio y recurre al miedo: «Una lucha guerrillera ilegal que atentó contra la vida, la familia y la propiedad». Y desde el Legislativo insta a los diputados a librarse «del miedo que la corrección política ha impuesto sobre nuestras familias, sobre nuestras tradiciones» (Álvaro Arzú Escobar).
La represión estatal de los gobiernos militares contra sus reales o supuestos opositores nunca cesó. Se manifestó en 2018 cuando el Ejército respaldó al presidente en el anuncio de no renovación del mandato de la Cicig, en jeeps militares J8 patrullando la sede de dicha comisión y en la PNC visitando a líderes y lideresas de la oposición.
La impunidad y la corrupción se resisten a morir. Su fin debilita el continuo de los monopolios, del racismo y de la exclusión. La oligarquía implementa estrategias para garantizar la continuidad de sus privilegios. No hay democracia genuina cuando el Gobierno está subyugado a los intereses de una red de familias en detrimento del bien común. La Cicig y un sistema de justicia fuerte son fundamentales para avanzar hacia la organización de un país democrático, pluralista, equitativo y feliz.
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