Hay un convencimiento generalizado de que las mafias de la corrupción y del narcotráfico están avanzando con éxito acelerado en la captura de las instituciones en Guatemala, Honduras y El Salvador. Es casi nula la confianza de la ciudadanía honrada en las instituciones estatales, especialmente en las responsables de administrar justicia, pero también en los poderes ejecutivo y legislativo de dichos países.
Esta desazón ciudadana ha alcanzado el extremo del convencimiento de que, sin la intervención de un ente internacional independiente de los poderes locales, los órganos de control nacionales son incapaces de vencer la ola de corrupción y de impunidad precisamente porque también han sido capturados. Este convencimiento se refuerza con las lecciones que dejaron la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), cuyo principal logro fue constituirse en focos de efectividad de la lucha contra la corrupción y la impunidad, independientes de la magnitud de las cuotas de poder que alcanzaron a tocar.
Aunque por supuesto imperfectas, el mérito de la Cicig y de la Maccih es claro: cuando hicieron algo, hubo consecuencias. La gran mayoría de los casos que la Cicig presentó conjuntamente con el Ministerio Público de Guatemala están teniendo consecuencias para los implicados. El ejemplo más claro de esta efectividad es que, sin la Cicig, un mafioso como Gustavo Alejos no estaría guardando prisión ligado a varios procesos penales en su contra. Sin embargo, pese a este avance, en la Guatemala despojada de la Cicig Gustavo Alejos sigue detentando cuotas importantes de poder ilícito.
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En esta lógica, el apoyo que Estados Unidos vía su Departamento de Estado, su Departamento del Tesoro, sus embajadas, su Congreso y su Senado pueda brindar a los esfuerzos de las ciudadanías centroamericanas, no a los Gobiernos, está revestido de una importancia y una relevancia crecientes luego del cambio de gobierno de ese país operado en enero pasado. De momento, las acciones más claras de las que se tiene conocimiento son listados de personas implicadas en actos de corrupción, vinculadas con el narcotráfico o con el financiamiento ilícito de campañas electorales: por un lado, el listado anunciado por la congresista Norma Torres, y por otro, la denominada Lista Engel.
Una de las consecuencias más difundidas de la inclusión en estos listados es el retiro de de visas para ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, me temo que, para muchos de los mafiosos más poderosos de Centroamérica, la amenaza de retirarles dicha visa les es indiferente, pues no cuentan con ella o no tienen interés en viajar a ese país, igual que el famoso narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. El poder de Escobar estaba en Medellín, así como el poder de los mafiosos centroamericanos está en su entorno local, por lo que muy probablemente no tengan el menor interés en viajar al norte. En estos casos, me temo que la amenaza de retiro de visas les causa risa y que la exposición pública les da igual, pues ya tienen cuero de danta.
Para que esos listados resulten un apoyo efectivo, aparecer en uno de ellos debe implicar consecuencias severas, más en la línea de la denominada Ley Magnitsky, que sí incluye sanciones para violadores de derechos humanos e implicados en actos de corrupción en sus países. Para que sean efectivas, estas sanciones deben golpear donde más les duele a narcos y a corruptos: sus bolsillos, y no la exposición pública o la posibilidad de viajar a Estados Unidos.
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