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Estados Unidos pidió un Fiscal “fuerte” y Colom nombró a Claudia Paz y Paz

El 2 de mayo de 2010, Valenzuela dijo a Colom: "Para construir a partir de lo que ha logrado Cicig se necesita designar a un Fiscal General fuerte”. Fue hasta en diciembre de 2010, luego del fugaz y malogrado paso de Conrado Reyes, que Colom nombró a Claudia Paz y Paz como Fiscal General y jefa del Ministerio Público.
A pesar de las buenas relaciones que Colom intentó cultivar con Cuba y Venezuela, el embajador McFarland estaba seguro que la relación bilateral más importante de Guatemala "es, de lejos, con los Estados Unidos”.
El presidente Álvaro Colom y la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton saludan desde los balcones de Palacio Nacional, el 5 de marzo de 2010.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, durante su visita al país en 2010 apoyó la aprobación de una reforma fiscal. Colom fracasó en su intento.
El embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, (centro), tercia con el presidente Álvaro Colom y el subsecretario de Estado, Arturo Valenzuela, durante la visita que este realizó al país en mayo de 2010.
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Estados Unidos pidió un Fiscal “fuerte” y Colom nombró a Claudia Paz y Paz

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Guatemala fue una “prioridad” en la agenda de la política exterior de los Estados Unidos en Centroamérica durante la primera administración de Barack Obama, la cual coincidió con la de Álvaro Colom, solo brevemente alterada en junio de 2009 por el golpe de Estado en Honduras. Documentos desclasificados en noviembre de 2012 por el Departamento de Estado revelan que las preocupaciones de Washington sobre el país giraron en torno al narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado y el papel de la Cicig, así como la elección del Fiscal General de 2010 que concluyó con el nombramiento de Claudia Paz y Paz.

En el Washington de Barack Obama las preocupaciones sobre Centroamérica había comenzado en 2009 en las oficinas del Buró para el Hemisferio Occidental (WHA, por sus siglas en inglés) del vetusto edificio del Departamento de Estado, ubicado en la vecindad de Foggy Bottom, en la esquina suroeste del Distrito de Columbia. Apenas dos años después de que Anders Kompass, el enviado de Naciones Unidas, dijera que muchas zonas del Estado guatemalteco eran fallidas, la referencia a Guatemala incluía en Washington un preocupación expresa por los destinos del maltrecho Ministerio Público: la administración Obama había decidido arreciar ante el Gobierno de Álvaro Colom la puja por el nombramiento de un fiscal general sin compromisos con el crimen organizado, según confirmaron a Plaza Pública dos diplomáticos centroamericanos y un estadounidense que participaron en aquella conversación.

Guatemala era, cuando Hillary Clinton llegó a Foggy Bottom y hasta que el golpe de Estado de los militares hondureños a Manuel Zelaya, en junio de 2009, “prioritaria” para Washington. “Era eso: Guatemala se veía como el asunto más urgente (en Centroamérica), sobre todo después de lo de (los diputados) salvadoreños (asesinados) y lo que se oía de los cárteles (del narcotráfico)”, decía en San Salvador un funcionario estadounidense relacionado con la agenda política de Washington en El Salvador, Guatemala y Honduras. “Pero luego pasó lo del golpe (en Honduras) y eso cambió (las prioridades)”.

Enero y febrero de 2010 volvió a traer a Guatemala al folder de prioridades centrales en el WHA. El 26 de enero, basada en una orden de arresto internacional producida por una corte de Nueva York por lavado de dinero, la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) capturó al expresidente Alfonso Portillo. Poco menos de un mes después, el 18 de febrero, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, recibía en Washington a Álvaro Colom para hablar, sobre todo, de corrupción, estado de Derecho, Honduras y el Ministerio Público de Guatemala, según se desprende de dos cables desclasificados por el Departamento de Estado en noviembre de 2012 a petición del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington (NSA, por sus siglas en inglés).

En noviembre de 2012, el Departamento de Estado desclasificó ocho cables clasificados que hacen referencia a la comunicación entre la embajada en Guatemala y el gobierno de Álvaro Colom. La mayoría de esos documentos tendrían que haberse desclasificado en 2035, pero NSA pidió su clasificación adelantada, amparada en la Ley de Libre Acceso a la Información (FOIA, por sus siglas en inglés).

Aquella reunión fue el primer “pas-de-deux” entre Clinton y Colom. La constancia pública del encuentro está resumida en un breve boletín de prensa de la embajada de Estados Unidos en Guatemala que recoge las palabras de ambos funcionarios. “…Hay muchos temas sobre los que conversaremos juntos…”, dijo la secretaria de Estado. “…Tenemos una agenda un poquito extensa…”, replicó Colom.

La agenda se la había perfilado a Hillary Clinton su embajador en Guatemala, Stephen McFarland, en un extenso cable que había despachado a Washington el día anterior. En seis puntos distribuidos a lo largo de cuatro páginas, el diplomático subrayó reforma fiscal y seguridad pública, como los dos puntos en los que propuso a su jefa extenderse con el mandatario guatemalteco.

“Al recaudar solo el 10,4 % del (Producto Interno Bruto) PIB en impuestos, el estado guatemalteco continúa crónicamente subfinanciado”, adviertió McFarland antes de mencionar al Departamento de Estado un ejemplo de las limitantes en inversión social en Guatemala: “Cuarenta y tres por ciento de los niños guatemaltecos –la mayoría indígenas– sufren de malnutrición crónica…”. Pero, advirtió el embajador sobre los reparos de la oposición a la transparencia de la gestión Colom. “Al oponerse (a la reforma fiscal) objetan la corrupción abierta y la falta de efectividad para recaudar impuestos, (así como) la aplicación de la ley en las aduanas”.

Estados Unidos, revela McFarland, sirvió de mediador entre la empresa privada guatemalteca y el gobierno en los primeros días de la gestión de Colom para tratar, entre otros, el tema de los impuestos. “La embajada tomó la iniciativa en tres ocasiones… la más reciente fue en enero de 2010 cuando servimos de anfitriones a Colom y al sector privado para formar múltiples comisiones público-privadas sobre impuestos, combate al contrabando y la transparencia”.

De Clinton, advertía el cable remitido a Washington, Colom esperaba presión hacia el sector privado para que este accediera a subir los impuestos.

Esa fórmula de mediador no solo la ha ocupado Washington en Guatemala. En 2010, la embajada en San Salvador empujó, con pocos resultados, un modelo similar entre el recién estrenado gobierno de izquierda presidido por Mauricio Funes y la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el sector privado, según confirman tres ex funcionarios salvadoreños.

El narcotráfico, la Fiscalía y la puja por una Cicig regional

El punto más complicado de aquella agenda entre Guatemala y Washington fue, sin embargo, la seguridad. Las conversaciones que McFarland y el subsecretario Arturo Valenzuela sostuvieron con varios actores guatemaltecos –el presidente Colom, la Cicig, el sector privado, dueños de medios de comunicación y organizaciones civiles– entre el 2 y el 3 de mayo hablan, desde la perspectiva estadounidense, de una sociedad agobiada por el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. La mirada de Washington, en estos temas, se extiende a los vecinos Honduras y El Salvador.

“El valor en las calles de Nueva York de las 300 toneladas de cocaína que se estima pasaron por Guatemala en 2009 es mayor que el presupuesto nacional. (Ese año) el GOG (Gobierno de Guatemala) decomisó 11 toneladas”. Con esa comparación introduce el embajador Stephen McFarland  el tema en su cable a la secretaria Clinton. La conclusión de la frase deja poco lugar a la réplica: “El tráfico de cocaína corroe a todas las instituciones del estado que toca”.

Casi exactos. Cuando McFarland se sentó a escribir a Hillary Clinton el despacho sobre Guatemala –caso número F-2010-02750, documento número C17518074- habían pasado tres años menos dos días desde que un grupo de policías mató a tres diputados salvadoreños y su motorista por un asunto de drogas, según el diplomático que antecedió a McFarland como jefe de misión explicó entonces a Washington en otro cable, el referenciado como R 071350Z.

Aquellos asesinatos, conocidos en la jerga judicial y periodística como los casos Parlacen (los diputados eran miembros del Parlamento Centroamericano) y El Boquerón (la cárcel donde luego serían asesinados los policías acusados de matar a los salvadoreños), marcaron el inicio de un diálogo entre la embajada en Guatemala y Washington en el que la seguridad pública, la corrupción de agentes del Estado, el narcotráfico y el deterioro de la institucionalidad serían constantes, según se desprende de dos paquetes de documentos estadounidenses desclasificados entre 2007 y 2012.

Ya en 2007, James M. Derham, el antecesor de McFarland, refería a Washington la falta de transparencia en las investigaciones criminales guatemaltecas a propósito de las pesquisas en torno a los asesinatos del Parlacen. “Las investigaciones continúan –informó el embajador a Washington diez semanas después de los hechos– pero debido a las realidades de Guatemala, uno no debería ser muy optimista (en pensar) que  se resolverán muchos de los cabos sueltos”.

Tras esa comunicación, Derham elaboró sobre el papel de la Cicig en las investigaciones y adelantó que Colom estaba involucrado en un esfuerzo para depurar al Ministerio Público –la Fiscalía– de Guatemala, a petición del entonces jefe de la comisión, el fiscal español Carlos Castresana. Los cables de Derham no dan demasiadas pistas sobre el alcance del apoyo estadounidense a la Cicig entonces, pero ya para cuando Valenzuela viajó a la capital guatemalteca tres años después, estaba claro que Washington no solo apoyaba la idea, sino que alentó al presidente Colom a exportar el proyecto a sus vecinos del triángulo norte. (Desde San Salvador, dos ex funcionarios de la administración del presidente Funes confirmaron que El Salvador discutió la idea de una versión salvadoreña de Cicig con Estados Unidos, con Colom y Castresana.)

“(Ambos) discutieron sobre la necesidad de cooperación regional en temas de seguridad y justicia… Valenzuela le preguntó a Colom sobre la posibilidad de extender el modelo Cicig en otros países para desarrollar un grupo de expertos con experiencia en investigaciones y en procesar con éxito casos de alto perfil”, dice el cable que la embajada de McFarland envió a Washington sobre la visita del subsecretario.

En su reunión con Colom, el 2 de mayo de 2010, Valenzuela insistió con el tema del Ministerio Público. “Para construir a partir de lo que ha logrado Cicig –le dijo el estadounidense al Presidente– se necesita designar a un Fiscal General fuerte”. Dos semanas atrás, Colom había recibida de parte de la Comisión de Postulación, la nómina de los seis aspirantes a Fiscal General para el período 2010-2014, de la cual eligió a Conrado Arnulfo Reyes, un abogado señalado por la Cicig de tener vínculos con grupos del crimen organizado. Reyes estuvo menos de un mes en el puesto. El 10 junio, la Corte de Constitucionalidad lo destituye del cargo y ordena realizar un nuevo proceso de selección.

En diciembre de 2010, Colom nombró a Claudia Paz y Paz como Fiscal General y jefa del Ministerio Público, con la supuesta venia del Departamento de Estado. Tres años después, el 18 de junio de 2013, John Kerry, el sucesor de Hillary Clinton en Foggy Bottom, destacaba el trabajo de Paz y Paz como un ejemplo para Centroamérica: “Ha hecho progresos extraordinarios en el combate a la corrupción y al crimen organizado, ha protegido a las mujeres de la violencia y a violadores de los derechos humanos”, dijo en un discurso pronunciado en la sede de la OEA. En febrero pasado, el embajador Arnold Chacón dijo que “es un privilegio para mi Gobierno contar con un socio como Paz y Paz”.

No era solo el Ministerio Público. Para Washington, según se desprende de las sugerencias que hizo McFarland a Clinton para su plática con Colom, la reforma institucional en Guatemala debía ser completa: “La embajada y Cicig han insistido al Congreso que elija una Corte Suprema de Justicia más limpia… En mayo, el (Gobierno de Guatemala) GOG iniciará una nueva campaña por reformar la corrupta Policía Nacional  Civil…”.

La visión de Colom desde Foggy Bottom

El cable de McFarland para Clinton es, acaso, el perfil más completo de la visión que Washington  tenía de Colom cuando la administración Obama recién se estrenaba en la Casa Blanca. Es, dice el diplomático, un presidente que “valora mucho” su relación con el Gobierno de Estados Unidos. El retrato es más bien bondadoso y el espaldarazo, queda visto en el texto, sirvió bastante para levantar la imagen política del guatemalteco.

El embajador escribió la comunicación poco después del llamado caso Rosenberg, referido a la grabación postmortem en la que el abogado Rodrigo Rosenberg acusó a Colom y su círculo de asesinarlo. “Su reunión ocurrirá justo tras la exoneración por el asesinato… de Rosenberg… Colom está ahora ansioso por demostrar, a través de reuniones con líderes mundiales, que ha recuperado su legitimidad”.

El 10 de mayo de 2009 Rosenberg fue asesinado por un sicario en un sector exclusivo de Ciudad de Guatemala. En un vídeo grabado días antes de su muerte, el abogado acusó a Gustavo Alejos, secretario privado de Colom, y a Sandra de Colom, entonces Primera Dama. Una investigación de la Cicig estableció que las acusaciones de Rosenberg eran falsas y que él había planificado su propio asesinato.

Por otra parte, McFarland considera que la agenda social de Colom “ha tenido éxitos” y que su reto más importante es la seguridad. Además, no guarda apreciaciones el embajador para referir información que ha recibido sobre posibles actos de corrupción en el gobierno del presidente. “Los pasos para expandir los programas sociales son pasos en la dirección correcta”, escribe el diplomático; pero también dice: “… Hemos alentado al gobierno para que (dé) más pasos para mejorar la transparencia en el gasto público”.

En el apartado de política exterior, se lee, el enviado de Washington entiende al de Colom como un Gobierno que, a pesar de sus buenas relaciones con Cuba y Venezuela, sigue viendo hacia el Norte cuando busca a su principal referente: “Sabe, como sea, que su relación bilateral más importante es, de lejos, con los Estados Unidos”. En 2010, esa relación pasaba por el apremio de la administración Obama de lograr reconocimiento internacional para el gobierno de Porfirio Lobo en Honduras. Guatemala fue uno de los primeros países en hacerlo.

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